El mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso, presidente aún en ejercicio del país sudamericano, para evitar un proceso de destitución por malversación y que tenía todos los visos de llegar a buen puerto, en una cámara de diputados con mayoría opositora; llamó a elecciones anticipadas para agosto de este año 2023. Decisión que significó que la dos primeras mayorías surgidas de esa primera vuelta: Luisa González candidata del progresismo a través del Movimiento Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, representante de la derecha política y económica ecuatoriana, disputen este 15 de octubre la segunda vuelta presidencial y saber así quien ocupará el palacio de Carondelet.
El proceso mencionado se activó mediante un mecanismo constitucional, conocido como muerte cruzada, que otorga la facultad para convocar elecciones extraordinarias y así renovar no sólo la Presidencia sino también la Vicepresidencia y la Asamblea Nacional. Una decisión que tiene el doble propósito de: primero, evitar la degradación ignominiosa de Lasso. Y, en segundo lugar, mediante una artera campaña política y comunicacional contra el correísmo y con ello contra la candidata Luisa González, impedir que dicha corriente política pueda triunfar para así favorecer mediante el uso de sus profusos medios económicos, político internos y externos, junto a los medios de comunicación en manos mayoritariamente de la derecha y su candidato de turno Daniel Noboa de la alianza Acción Democrática Nacional, con nacionalidad ecuatoriana y estadounidense –nacido en Miami– e hijo del multimillonario de la industria bananera y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa.
La o el sucesor del banquero Lasso será elegido de un universo electoral de 13,4 millones, que entregará a quien triunfe el mandato de cumplir el periodo presidencial 2021-2025 que tuvo que ser interrumpido por el mencionado llamado a elecciones anticipadas. Los anticipos electorales, sondeos de opinión, empresas consultoras entre otras, anticipan una reñida lucha entre los contendientes a la primera magistratura y el debate del domingo 1 de octubre mostró, en el marco de una severa crisis política, económica, que la principal preocupación de los ecuatorianos es la seguridad ciudadana, vinculada, esencialmente al tema de las extendidas redes de narcotráfico que permea transversalmente a la sociedad ecuatoriana. Una crisis de seguridad que ha significado, por ejemplo, el asesinato el día 9 de agosto del candidato Fernando Villavicencio, del Movimiento Construye, por el cual Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones para dar con el paradero del o los asesinos.
El anuncio de la recompensa fue hecho por el secretario de Estado, Antony Blinken: “como demostración de nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra el crimen organizado”. Una medida que ha causado enorme sorpresa, pues no se explica que una potencia extranjera ofrezca dinero por el asesinato de un político de un país a miles de kilómetros de Washington. Medida que ha despertado los recelos respecto a las intervenciones de la embajada estadounidense en Ecuador junto a Organizaciones No Gubernamentales –ONG– vinculadas a Noboa y a la derecha en particular, que han volcado sus preferencias, opiniones y apoyos políticos a ese sector para impedir el triunfo del correísmo. Para el analista en seguridad, Luis Carlos Córdova, en declaraciones efectuadas a medios ecuatorianos y recogido por medios internacionales, señala que “la decisión de Washington es una reacción que se da tras la reunión que tuvo Lasso en su visita en ese país con un grupo de 13 congresistas republicanos que plantean el uso de fuerza militar para luchar contra los cárteles mexicanos y que culpan al presidente, Joe Biden, de ineficacia en la lucha contra el crimen organizado por la crisis del fentanilo en ese país”(1). Para el ex Presidente Rafael Correa, esa recompensa es parte de una conspiración concertada por la policía de Ecuador y Colombia, junto a los Estados Unidos, para debilitar a la Revolución Ciudadana antes de las elecciones y de perjudicar al presidente colombiano Gustavo Petro.
En el debate del día 1 de octubre la candidata González mostró aplomo y seguridad en las respuestas respecto a migración, a que no está sujeta a influencia alguna del ex presidente Correa porque la presidenta será ella. La migración, seguridad social, empleo, relaciones exteriores con mayor independencia, respecto a la autodeterminación de los pueblos, preocupación por el empleo, la discapacidad, el derecho de las mujeres, fueron algunos de los tópicos presentados por Luisa González frente a un joven Noboa que mostró titubeos en temas respecto a relaciones internacionales, negando los vínculos comerciales con Rusia en clara muestra del temor frente a las presiones de Washington.
En temas de salud, los ofertones de un joven Noboa sin experiencia en trabajo con el Estado contrastaron con las propuestas de González, quien sí tiene amplia experiencia en el gobierno, y llamó a fortalecer la salud pública en materia de recursos humanos, equipamiento tecnológico, infraestructura y acceso a fármacos a la población. Como también llamó a la reducción de la desigualdad social, reformar la educación, combatir la corrupción en los órganos superiores de gobierno y la solución del problema de criminalidad en la República. El debate, en el amplio abanico de interrogantes y respuestas, mostró a una González más clara, precisa y con argumentos más contundentes que las frases altisonantes de Noboa, lo que alertó a los medios pro alianza derechista y con ello tratar de tergiversar el resultado del debate de ideas y señalar que la disputa está reñida, para no relevar el apronte de la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, que ha destacado la estrecha relación entre la derecha y Estados Unidos.
En materia de seguridad, Luisa González ofreció equipar, de tal manera de combatir el crimen organizado, con 500 millones de dólares a la policía ecuatoriana, trabajar en materia de control de la delincuencia, lo que implicaría retomar el control de las cárceles, vías fluviales y marítimas, puertos, aeropuertos, militarizar las aduanas y reformar una justicia que, según González, es rehén de los interese del crimen y de los que tienen el poder económico. González ha consignado que aquello que busca es “retornar a lo que ya lo hicieron: Los trabajadores sí recordamos lo que hizo la derecha: eliminaron el aporte estatal del 40% para las pensiones jubilares y provocaron la crisis financiera que enfrentamos, a lo que se suma la dolosa utilización de sus recursos por parte del gobierno y la corrupción que sumaron una afectación de más de 9.200 millones de dólares”(2).
En su intervención en el debate, Noboa repitió sus argumentos de campaña sobre lograr una clasificación eficiente de los grupos de crimen organizado y denominarlos por su nombre: narcoterroristas y no pandillas urbanas como suelen sostener los correistas. Por tanto, para Noboa la compra de armas y equipos es fundamental para una represión indiscriminada. Poseer sistemas de rastreo satelital, presencia militar en las vías y aduanas, además de sistemas de escaneo en las fronteras. Se suma una preocupación que cruza transversalmente a nuestros países sudamericanos, como es la seguridad ciudadana en las calles, parques, plaza y otros lugares abiertos, lo que permite también el surgimiento de una narrativa profundamente fascista en las soluciones propuestas y no una salida con participación ciudadana, conversación, avances y retrocesos, pero no la manopla, el bastón policial o el agua a la primera de manifestaciones.
Hasta ahora la influencia estadounidense ha sido claramente a favor de Noboa, con intervenciones sobre todo y como es clásico por los representantes diplomáticos de los países amigos que se volcaron enteramente a favor de la derecha ecuatoriana. Así como en números países, el gobierno estadounidense a través de agencias de inteligencia, organizaciones no gubernamentales, centros de estudio, ha logrado que fondeen a nuestros puertos, barcos estadounidenses. Países a los cuales se les somete a experimentos políticos y sociales, para así derrocar aquellos gobiernos que no le son incondicionales y que impiden promover los intereses de Washington en el continente.
Un apoyo a Noboa y en general a la elite ecuatoriana en la esfera económica y hasta política es una de las tareas que está ejecutando Washington, que es un ejemplo de los ordinarios y mecanismos clásicos utilizados por Washington para subordinar a las castas políticas latinoamericanas a los dictados del norte y qué mejor que tener como candidato en Ecuador a un político que nació y estudió en Estados Unidos, que posee doble nacionalidad y que ha declarado su interés en profundizar sus lazos con Estados Unidos al máximo, en amplias materias. Un Noboa sólo interesado, como otros presidentes latinoamericanos que utilizaron la presidencia para incrementar su ya monumental peculio. El gobierno de Biden en particular -y los políticos estadounidenses- tienen interés en colocar en Carondelet a un títere sin voluntad, a un “líder-muñeco” capaz de promover y concretar las ideas e intereses de Estados Unidos en el país y con ello en la región.
La idea de un Ecuador con mayores grados de autonomía de Washington se ven más claros en González, donde sus “caballitos de batalla”: la lucha contra la corrupción, el crimen y el narcotráfico, entre otros, pueden significar el marco que permita su triunfo el 15 de octubre y para ello hay que profundizar las diferencias con un político aparecido y cuya única relación con el Ecuador presidencial, de la calle, de propuestas y debates, ha sido ver a su padre quien compitió cinco veces por la presidencia de un país que nuevamente pugna entre una derecha recalcitrante y un progresismo que aspira a mostrar que es posible cambiar, nuevamente, la cara del Ecuador. Y bajo esa perspectiva, la idea es colocar el Lazo al cuello de una derecha que requiere ser desbancada tras los gobiernos de Lenin Moreno y el escaso año de Guillermo Lasso. Para ese resultado la pugna no es sólo contra las fuerzas políticas de la derecha, los medios de comunicación y empresariado ecuatoriano, sino también contra Estados Unidos, que vocifera desde Washington y desde lo interno que no se puede aceptar un triunfo de Luisa González. Las urnas expresarán si ese discurso ha calado hondo o si la sociedad ecuatoriana sabrá ejercer su voto sin presiones.
Por Pablo Jofré Leal
Artículo Para SegundoPaso ConoSur
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