El bloque legislativo del movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), pidió un juicio político contra la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, por supuesto incumplimiento de funciones.
«A nombre de la bancada legislativa de Pachakutik, hoy presenté la solicitud de juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley en el ejercicio de su cargo», dijo el asambleísta, en conferencia de prensa.
La Superintendencia de Bancos debe supervisar y controlar a las entidades del sistema financiero y al sistema nacional de seguridad social.
Pachakutik busca la censura y destitución de Arregui y la consiguiente prohibición para que ejerza un cargo público por dos años, conforme lo establece la ley.
Son ocho las causales que sustentan el juicio político y están relacionadas con la inacción o falta de control por parte de la Superintendencia de Bancos a las instituciones del sistema financiero.
Pereira criticó que durante la emergencia sanitaria de 2020 ocasionada por el COVID-19 algunas instituciones financieras cobraron interés sobre interés y valores que no estaban considerados en la ley, lo que impidió que los usuarios pudieran concretar la renegociación de sus deudas, tema en el que la Superintendencia de Bancos no actuó.
El legislador sostuvo que la Superintendencia no ha controlado adecuadamente a los bancos para impedir que los clientes sean víctimas de fraudes a través de canales digitales, lo cual generó más de 280.000 denuncias.
Desde el fin de semana, la plataforma digital del Banco del Pichincha registra fallas que impiden a los clientes usar sus cuentas en este banco, el mayor del país.
Según Pereira, el problema afectó a alrededor de cinco millones de personas.
El Banco del Pichincha dijo en un comunicado que sufrió un incidente de ciberseguridad en sus sistemas informáticos, lo que inhabilitó parcialmente los servicios, en medio del malestar y quejas de sus clientes.
Para censurar y destituir a la funcionaria se requieren 91 votos de un total de 137 legisladores que integran la Asamblea.
Cortesía de Sputnik
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