El agua en la nueva Constitución

Por: Cristián Frêne

Investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB

Director de la Red chilena de Sitios de Estudios Socio-ecológicos de Largo Plazo (LTSER-Chile)

Columnista Senda Darwin

La disponibilidad de agua en Chile ha disminuido de manera evidente en las últimas dos décadas. Así lo confirman las actualizaciones del balance hídrico nacional de la DGA, que indican una disminución sostenida y creciente en la disponibilidad de agua, de 20% en la macrozona sur y 50% en la norte-centro. Diversos estudios proyectan que el déficit continuará en los próximos 30 años.

El Estado de Chile ha dictado 187 decretos de escasez hídrica entre 2008 y 2021 entre las regiones de Atacama y Aysén (concentrados en la zona centro, entre las regiones de Coquimbo y el Maule), ha declarado 15 decretos de agotamiento de ríos y 152 áreas de restricción hídrica, principalmente en la zona centro. Actualmente, existen 24 decretos de escasez hídrica vigentes en el país. Estas cifras implican que el 47,5% de los habitantes de Chile, es decir, más de 8 millones de personas, viven en alguna de las 187 comunas entre las regiones de Atacama y Aysén que se han declarado en escasez hídrica en los últimos 14 años.

En este escenario, la provisión de agua potable para la población rural y urbana en Chile está cada vez en mayor riesgo, debido a la acción sinérgica de diversos componentes del Cambio Global. El problema de escasez hídrica podría explicarse por diversos factores, principalmente, una mega sequía provocada por el cambio climático, el cambio de uso de suelo que afecta las funciones ecosistémicas de regulación hídrica y protección de suelos, además del marco normativo vigente.

Esta situación debería alertarnos a cambiar el paradigma actual, basado en la abundancia de agua, la gestión privada y segmentada, además de una participación insuficiente del Estado. El proceso Constituyente nos da la oportunidad de realizar este cambio, y se están dando pasos relevantes. Un primer elemento es entender al agua como un bien natural común, y por tanto entregar un marco jurídico para considerarlo inapropiable. Pero también es relevante reconocer el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano fundamental, lo que implica priorizar usos y que el Estado recupere el control de las empresas sanitarias, que fueron privatizadas a través de un proceso de concesiones con muchas zonas grises.

Otro elemento transformador que se hace necesario es la incorporación de la gestión integrada de cuencas abastecedoras de agua, que también se está discutiendo en la Convención Constitucional. En palabras simples, una cuenca es una unidad territorial delimitada por las cumbres de los cerros, que forman la divisoria de aguas, y cuyos cursos confluyen hacia una salida o curso de agua común (arroyo, estero o río según la escala espacial). La gestión integrada implica entender estas unidades territoriales como ecosistemas, donde ingresan y salen flujos de energía y materia. Por tanto, se entiende que lo que hacemos agua arriba tiene impactos agua abajo y esto es determinante para cuidar el agua que abastece a las poblaciones rurales y urbanas. Hoy no estamos considerando este tema clave, y permitimos que actividades contaminantes como la minería, agricultura intensiva y monocultivos forestales se instalen libremente y sin ninguna restricción en cuencas que abastecen de agua a la población, generando el detrimento de la calidad de agua y escasez hídrica en los periodos de sequía.

La nueva Constitución debería tener muy en cuenta esta nueva mirada ecosistémica y el enfoque de gestión integrada, ampliamente validados por el mundo científico, ya que de otra forma seguiremos degradando nuestros territorios y privando a los habitantes de los distintos territorios del bien más preciado para nuestra subsistencia: el agua.