El complejo historial de Mario Olavarría, el alcalde de Colina que defiende el bloqueo al tercer retiro en el TC

El alcalde de Colina Mario Olavarría (UDI) generó diversas reacciones en redes sociales a partir de su participación en el matinal de Chilevisión, debido a las declaraciones que hizo con respecto al tercer retiro del 10% y la decisión de Sebastián Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional para frenarlo.

En el programa, el edil aseguró que “la autoridad tiene que hacer lo que tiene que hacer” y criticó que Sebastián Piñera no recurriera al Tribunal Constitucional para el primer retiro. “Lamentablemente, por un gobierno que ha sido débil, los parlamentarios han tomado estas banderas y se han pasado la Constitución por donde quieren, esa es la verdad.”

Durante el matinal, el alcalde de Colina cuestionó el alcance real de un tercer retiro del 10%, debido a que “la gente que va a hacer este retiro no es vulnerable” y se enfrascó en una discusión intensa con el diputado Jorge Durán (RN) en la que lo acusó de no conocer la Constitución.

“Yo no sé qué es lo que estudiaste tú, pero yo estudié la Constitución con Jaime Guzmán. O sea, el creador de la Constitución”, esgrimió Olavarría. “No te metas, por favor, a hablar de derechos, ni de leyes, ni de Constitución, cuando no tienes la más peregrina idea de este tema.”

A raíz de las declaraciones del alcalde de Colina, quien lleva cinco períodos en el cargo, las redes sociales apuntaron a su historial político, y en especial sobre sus presuntas vinculaciones con diversos casos de corrupción.

En 2015, el alcalde estuvo involucrado en dos investigaciones judiciales importantes: sus posibles vínculos con SQM y el “Caso Basura”. Este último tuvo tal impacto en la vida política de Olavarría que en 2017 fue inhabilitado de su cargo por el Tribunal Electoral debido a los seis presuntos delitos de fraude al Fisco que se le investigaban.

En esa ocasión, la Fiscalía solicitó para Olavarría una pena de 12 años de cárcel y el pago de una multa del 10% del perjuicio total causado ($48 millones de pesos), además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante siete años.

Mario Olavarría fue inhabilitado el 10 de noviembre de 2017. El 24 del mismo mes, presentó un recurso en el Tribunal Constitucional debido a que estarían aplicándole una sanción anticipada al fallo de la Fiscalía. Cuatro días después, el organismo falló a su favor y el procedimiento de inhabilidad fue suspendido, por lo que pudo retornar a su cargo.

En abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina absolvió a Olavarría y otros tres acusados. La resolución del tribunal sorprendió al fiscal regional metropolitano occidente José Luis Pérez, quien comentó que “el tribunal determinó, en definitiva, que no se había acreditado que algo no se había hecho, eso es atentar contra la lógica.”

El 21 de diciembre de 2019 se resolvió en última instancia la presunta participación de Olavarría en el Caso Basura, instancia en la cual la Corte Suprema ratificó la absolución del alcalde de Colina.

Una investigación reciente de Interferencia apuntó a la preocupación por las donaciones realizadas por Anglo American entre 2010 y 2018 a la comuna a través de la Corporación de Desarrollo Social.

El sistema de donaciones de la empresa minera ha sido criticado por años, debido a las sospechas de que detrás de este tipo de apoyos a las municipalidades exista “una manera de obtener favores políticos y asegurar de manera más fácil la obtención de los permisos necesarios para operar, como, por ejemplo, los medioambientales.”

En el caso de Colina, el medio digital apuntó a la preocupación de las seis reuniones de Mario Olavarría con representantes de Anglo American en su despacho municipal, esto debido a un caso anterior de cohecho en el que el edil fue formalizado.

El caso que refirieron en Interferencia se remonta al 2010, cuando Olavarría fue formalizado por cohecho con la empresa Tottus, y que de acuerdo a un reportaje realizado por Ciper en 2011, tuvo un escandaloso acuerdo que lo libró de un juicio por coimas tras dos cambios de fiscal y una tardanza de dos años en concretarse la formalización.