El control de identidad preventivo como herramienta para ejercer el abuso de poder y discriminación a grupos vulnerables.

El debate existente en el Congreso sobre el proyecto de ley control de identidad preventivo, se ha sustentado en la idea de ampliar las libertades policiales para prevenir crímenes, lo cual contribuiría a disminuir la tasa de delincuencia y aumentar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, la ampliación de estas facultades policiales  no es tan positiva como pareciese ser. Ello se debe a que este procedimiento trae consigo un sesgo caracterizado por la poca objetividad policial al momento de realizar el control de identidad.  Así, es posible observar la activación de preferencias individuales  del policía al momento de requerir a un ciudadano su identidad.

Al no establecerse criterios objetivos respecto a los procedimientos para requerir la identidad se limitan los derechos del ciudadano, mediante una excesiva penalización de las conductas. Restringiendo a la vez, los principios que garantizan la libertad de expresión, de reunión y asociación.

Resulta preocupante que los controles de identidad muchas veces son efectuados de manera arbitraria. Esto se debe a que el criterio del policía pierde objetividad al traer consigo una carga valórica y moral, que muchas veces lleva al abuso de las facultades policiales al controlar a las personas.

Esta carga o sesgo atenta principalmente contra los derechos de diversos grupos vulnerables. Los cuales tienden a ser criminalizados por las policías producto de la estigmatización o estereotipos generados en torno a ellos. Algunos de estos grupos considerados como vulnerables son las comunidades indígenas, diversidad sexual, tribus urbanas o migrantes.

De esta manera, queda en evidencia que la desigualdad social en Chile generaría que el uso del control de identidad preventivo en algunos grupos se realizaría de manera desproporcionada. Lo cual traería consigo una rutinización de estas prácticas y la naturalización de la criminalización a ciertos grupos vulnerables, entre ellos la diversidad sexual.

Si bien la ampliación de estas facultades aún no ha terminado el proceso legislativo para convertirse en ley, algunas denuncias efectuadas dejan en evidencia el sesgo y la criminalización a los grupos LGTBI por parte de policías al realizar controles de identidad. Entre estas denuncias es posible identificar que la mayorías son realizadas por el Movilh, producto de la discriminación que sufren las personas trans al ser sometidas a este proceso.

Los relatos dejan entrever que Carabineros al realizar controles de identidad ejercen detenciones arbitrarias. Posteriormente llevan a las personas a la Comisaria, donde son sometidas a tratos vejatorios producto de su identidad de género. Así, los controles de identidad pasan el límite de lo legalmente permitido, incurriendo en discriminación, maltrato físico y verbal,  y ridiculización al efectuarse a grupos vulnerables.

Si bien existen muy pocas denuncias en torno a controles de identidad efectuados de manera arbitraria, tanto para personas transexuales como para los diversos grupos vulnerables, ello ocurre por miedo a represalias o, temor a ser nuevamente expuestos a la ridiculización tanto por policías como por el mismo sistema judicial.

Finalmente, lo anterior demuestra que la violencia y discriminación a estos grupos puede ser ejercida mediante controles preventivos y detenciones arbitrarias, pero también es reproducida y legitimada por el Estado  al no hacerse cargo de las denuncias efectuadas por trans u homofobia ejercida por los efectivos policiales. Así, queda en tela de juicio la eficiencia de un nuevo recurso preventivo que es usado, en algunos casos, para atentar contra los derechos humanos de diversos grupos vulnerables, al ser las policías actores que abusen de sus facultades y poder para mantener el orden público.