El Crimen Organizado en Chile: El desafío que se avecina

Chile no vive las situaciones de insurgencias criminales existentes en países como México y Brasil, y mantiene tasas de criminalidad y homicidios menores a otros países de la región [1], existen señales que indican que un problema de importantes magnitudes se está incubando de forma desapercibida. Estas señales se pueden apreciar en los datos disponibles de manera pública si se les analiza de manera crítica y a través de marcos conceptuales que nos permitan comprender el escenario actual, a la vez que proyectar la evolución que el crimen organizado pueda tener. Marcos conceptuales que hoy en día no están en uso, por lo que el análisis del crimen organizado se circunscribe fundamentalmente a su dimensión de mercado ilícito y sus consecuencias, sin un correlato territorial ni completa claridad en torno a los actores presentes.

Para este artículo se adoptará la definición de crimen organizado utilizada por el Gobierno de Chile complementada por una perspectiva territorial. La definición adoptada en la política sectorial del gobierno dice que “…es un conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización” [2].  En este sentido es que dentro de esta amplia definición se considerará que entran tanto organizaciones narcotraficantes como pandillas que estén dedicadas a la actividad criminal como su eje principal.

En cuanto al contexto chileno, no es una novedad que el país vive hace varios años una “crisis migratoria” que ha multiplicado la cantidad de inmigrantes viviendo en el país, incluyendo un importante número de aquellos en condición irregular [3]. Ocultos dentro de ese flujo irregular han hecho ingreso al país, al menos, integrantes de “El tren de Aragua”, y está por ver si es que otra banda de 3ª generación de origen venezolano se ha instalado en el país.

En términos más generales, vemos como según un seguimiento del Centro de Investigación Periodística, CIPER [4], entre 2009 y 2020, en la región metropolitana de Santiago, se pasó de 80 a 174 territorios denominados de “alto riesgo” por los prestadores de servicios esenciales debido a la delincuencia, el tráfico de drogas y el peligro de violencia en ellas. Las implicancias de que sean considerados de esta manera son que estos territorios se encuentran, en la práctica, sin acceso a estos servicios, así como físicamente separados del resto de la ciudad por el temor al crimen que en ellos impera. Por su parte, la población afectada por la existencia de estos territorios presenta una variación de casi 400.000 personas, pasando de  660,000 en el año 2009 a  1,012,000 personas en el 2020. Es decir, implica que 1 de cada 7 habitantes de la región vive, en la práctica, bajo estado de sitio por parte de la violencia criminal y afectada en su calidad de vida de manera manifiesta. Aún se encuentra pendiente analizar si estas zonas, cuentan con presencia estatal a través de las administraciones municipales, pues de no ser así, se estaría frente a un problema mayor al de la marginación forzada del acceso a servicios, ya que nos encontraríamos ante el primer indicio de la pérdida de soberanía por parte del Estado y de la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza. Pero no olvidemos que, en su práctica real, el crimen organizado no se limita al desarrollo de mercados ilícitos y sus consecuencias naturales (como la violencia y la corrupción), sino que crecientemente implica la expoliación de la sociedad cuando los criminales logran el control territorial de un lugar [5].

Al mismo tiempo, y según datos de diversas encuestas oficiales analizadas por el “Centro de Estudios Justicia & Sociedad” de la Universidad Católica [6], es posible apreciar un panorama poco optimista, ya que si bien la tasa de victimización del país ha presentado una constante tendencia a la baja, desde el 38,3% el 2005 a un 16.9% el 2021., la percepción de inseguridad se ha mantenido alta, y, de todas las incivilidades que en general se han mantenido o descendido, las balaceras y acciones violentas con armas de fuego han aumentado.

Por su parte, la tasa de homicidios si bien es baja a nivel nacional (3.3 por cada 100,000 en promedio entre 2005 y 2021), ha tenido un alza constante desde el 2016 y presenta notorias diferencias entre las distintas regiones del país. Por otra parte, aunque la mayoría de los homicidios se concentran en la región metropolitana, debido a la concentración de población en la capital, la tasa de homicidios en las regiones del norte (Arica y Parinacota y Tarapacá) se disparó desde el 2018. Por último, en cuanto a homicidios, se vuelve importante tener en cuenta que además ha habido un consistente aumento en los casos que presentan un imputado desconocido, desde un 17.9% el 2016 al 36.9% el 2020. Asimismo, desde el 2015 ha aumentado la tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos, la oferta de todas las drogas revisadas desde el año 2012, y la ocurrencia de secuestros desde el 2020 en adelante, que habían sido históricamente bajos en el país.

A su vez, no hay que olvidar que ya existió un caso de aparente imitación por parte de un grupo narcotraficante local al “Cartel Jalisco Nueva Generación”, llamado “Jalisco Melipilla Nueva Generación” [7], que hace recordar el caso del Primer Comando de Massachussets [8], en que, si bien no existen nexos directos, si pareciera haber una inspiración o imitación al menos en términos culturales. Por otro lado, también existió una reciente polémica por la supuesta presencia de las maras en Chile que provocó gran revuelo a nivel mediático y político [9].

En el caso de las instituciones del país, Carabineros, la principal fuerza de orden y seguridad del país, vive una crisis desde hace varios años sin que hasta ahora se le haya podido dar un cierre. La Institución se ha visto enfrentada a casos de corrupción y montajes [10], así como a acusaciones de violaciones a los derechos himanos (DD.HH.) en el contexto de las movilizaciones sociales ocurridas desde octubre de 2019.

En cuanto a la corrupción, hubo un importante caso de financiamiento ilegal de campañas políticas que continúa en juicio [11], un caso de relación entre un Alcalde y una red de narcotraficantes [12], y diversos casos de mal manejo de dineros en diversos municipios [13], así como funcionarios de estructuras de gobierno regionales involucrados en tráfico de migrantes [14]. Además, se recibió una alerta por parte del exembajador colombiano en el país, Guillermo Botero [15], en la que se advertía sobre el nivel de penetración del crimen organizado colombiano en Chile en nuestras instituciones públicas.

Protección de Infraestructura Crítica y Política Nacional contra el Crimen Organizado

Ante este panorama general, el Gobierno impulsó una nueva Ley de Protección a la Infraestructura Crítica (Ley N°21.542) que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para su protección, así como en las zonas fronterizas del país, ante la insuficiencia de las capacidades que actualmente tiene Carabineros de Chile para poder realizar esta tarea. El problema de esta iniciativa es que no refuerza a las policías para poder eventualmente resolver la insuficiencia presentada, solamente las reemplaza de manera permanente por las FF.AA. Ante situaciones de amenazas graves e inminentes, distrayendo a estas últimas de sus tareas de Defensa Nacional y no abordando el problema de fondo respecto a una reforma completa a las policías.

Por su parte, En el informe de la subsecretaría de interior, la Política Nacional contra el Crimen Organizado 2022–2027 lo define de manera genérica, tal como vimos anteriormente en línea con las definiciones emanadas de la convención de Palermo (2000), y lo califica como una de las “principales amenazas que enfrenta nuestro país”[16]. Esta política, además, reconoce varios de los factores que hemos mencionado como críticos en la evaluación del riesgo que representa el crimen organizado en Chile: alza de homicidios, uso de armas de fuego e imputados desconocidos, poniendo una alerta importante en el tráfico de armas, así como también, la condición de un país de destino de tráfico de drogas, y no solamente de paso, y el rol del tráfico de migrantes. También reconoce la presencia de carteles de droga de origen extranjero, así como la instalación de “procesos de dominación” en las cárceles por parte de organizaciones de narcotráfico, además de integrar los ciberdelitos dentro del crimen organizado a enfrentar y el blanqueo de capitales.

No obstante, la Política Nacional no menciona la expoliación de la población de un territorio determinado por parte de grupos criminales, ni la existencia de territorios cercados por el crimen, es decir, no enfrenta el crimen organizado como un peligro para el Estado y su soberanía, ni cómo este enfrentamiento es un asunto de poder y no sólo de mercados ilícitos. Tampoco integra al sistema de inteligencia del Estado en las estructuras regionales que propone, ni expresa en la práctica una definición multidimensional de la prevención del delito, dejando de lado múltiples elementos que ayudarían a aquella: desde el fortalecimiento y desarrollo comunitarios, hasta temas urbanísticos, familiares, educacionales y laborales. En cuanto a la reforma policial no aporta claridades sobre si habrá o no alguna transformación estructural de aquellas para potenciar la lucha en contra del crimen organizado en sus expresiones concretas y el delito común, centrándose en temas formativos. El país tampoco ha discutido la estructuración de una arquitectura de seguridad nacional que permita la interagencialidad en el proceso de consecución de esta condición de seguridad, la que por lo demás, no está definida en nuestra legislación.

¿Cómo avanzar hacia una solución? Un marco más complejo

El problema central en Chile es que no se está analizando el problema del crimen organizado bajo un marco conceptual que permita apreciar la imagen general de manera compleja, y darle sentido a las diversas iniciativas que se llevan a cabo. Esto podría solucionarse si se adoptara el marco propuesto por Sullivan [17] en torno al desarrollo de las pandillas y carteles, y su competencia con el Estado, así como la teoría del control competitivo desarrollada por Kilcullen [18], el concepto de “Ciudad asilvestrada” (“feral city”) propuesto por Richard Norton [19] y el de la trinidad del crimen (Motivaciones, oportunidad y falta de control con impunidad) de Teun Voeten [20]. El uso de estas teorías y conceptos de manera integrada podría entregar una salida al vacío conceptual con el que se analiza la seguridad del país.  

En torno a pandillas y bandas criminales, John P. Sullivan nos dice [21] que las primeras pueden vivir un proceso de transformación de tres generaciones, desde una 1ª generación centrada en el territorio a una 3ª generación politizada, sofisticada e internacionalizada.  Para el autor las pandillas de 1ª generación se caracterizan por una orientación territorial, un liderazgo flexible y un foco en la lealtad y la protección territorial. Si es que se comete algún crimen, esto es meramente oportunista, y si existe venta de drogas es a nivel individual, no grupal. En el caso de las pandillas de 2ª generación, estas ya poseerían una orientación de mercado, centrada en las drogas, el objetivo sería la protección de mercado, su foco, la venta de drogas como negocio, y esta se realiza de manera grupal y no individual. Su liderazgo es más centralizado, no se definen por el territorio y tienen proyecciones políticas derivadas de su accionar. Por último, la 3ª generación es la más sofisticada de las generaciones de pandillas/bandas criminales. Para el momento en que esta teoría comenzó a desarrollarse, este nivel aún era considerado emergente, y se le definía en torno a una banda del tipo mercenario, con objetivos claros en torno a la adquisición de poder y/o de dinero, y también políticos completamente desarrollados. Este tipo de organizaciones opera a nivel global, y es mucho más sofisticada que las dos generaciones precedentes, pudiendo ser considerado como “guerreros de la red” (“net warriors”) y una amenaza directa a los Estados. Para conseguir la influencia deseada no tiene problemas en hacer uso de medidas cuasi-terroristas o derechamente terroristas. En torno a las pandillas/bandas criminales, se debe entender que su origen territorial no está circunscrito necesariamente a un barrio o área marginal, pues también puede ser una cárcel.

En cuanto a la teoría del control competitivo, Kilcullen la define como aquella en la que “En conflictos irregulares (…), el actor armado local al que una población dada percibe como más capacitado para establecer un sistema de control normativo predecible, consistente y de amplio espectro, tiene más probabilidades de dominarla y a su territorio” [22]. Así, la población respondería a aquel actor que tiene la capacidad de fuerza para instalar un marco normativo en un territorio, generando un ambiente predecible, en el que está claro qué se debe hacer y que no en orden a estar seguros. Esta situación generaría apoyo al grupo dominante, sea este insurgente, terrorista, criminal, o una mezcla entre todos ellos.

Por su parte, el concepto de ciudad asilvestrada (“feral city”), es definido por Norton como

“Una metrópolis con una población de más de un millón de personas en un Estado cuyo gobierno ha perdido la capacidad de mantener el estado de derecho dentro de los límites de la ciudad, pero sigue siendo un actor funcional en el sistema internacional más amplio” [23].

Pero el autor aclara que una ciudad no es una realidad monocolor, sino más bien un mosaico de colores diferentes, y que puede seguir funcionando incluso con diversas categorías en rojo, siendo importantes los patrones existentes y su comportamiento en el tiempo [24]. Por esto es por lo que, como nos dicen Bunker y Sullivan, el análisis del estado de salud de una ciudad específica debe aterrizar los 5 criterios desarrollados en este marco de análisis (gobernanza, economía, servicios, seguridad y sociedad civil) a la realidad concreta a examinar, y poder profundizar en las diferencias existentes entre los diversos territorios que le dan forma [25].

Por último, en el caso de la trinidad del crimen, el autor complejiza la relación existente entre la pobreza y el crimen, así como la influencia de la desigualdad en esto. Para Voeten, además de la presencia de agente motivado se necesita de la existencia oportunidades, así como de una falla en los sistemas de control que implique un bajo riesgo de sanciones [26]. Es interesante constatar que el autor nos dice, en esta misma obra, que estas sanciones pueden provenir de instituciones judiciales, así como de su comunidad y pares.  Esta trinidad da pie a que sea posible considerar diversas dimensiones de prevención del delito, que incluya, pero no se limite, al actuar policial.

De esta manera, se estima que una integración como la propuesta podría permitir analizar de manera práctica ya no sólo la expresión económica del crimen organizado, centrada en los mercados ilícitos llevados adelante por este. También daría pie a que se visualizara el daño social que se está produciendo, así como el desafío al Estado, en sus diferentes niveles, existente en nuestras diferentes ciudades y regiones. Quizás ya existen derrotas parciales del Estado en la pugna por la legitimidad de los marcos normativos en territorios específicos, quizás tenemos barrios y poblaciones cada vez más asilvestrados, y lugares en los que la trinidad criminal está presente en todas sus variables, y estamos ante una inminente explosión criminal. Por último, los aportes de Sullivan y Bunker en torno a pandillas/bandas e insurgencias criminales, nos darían luz sobre cómo comprender, analizar, diferenciar y combatir las expresiones materiales del crimen organizado, y evitar las respuestas generalistas. La falta de desarrollo conceptual y teórico en torno al problema del crimen organizado, y de las pandillas, bandas y carteles involucrados, impide que las iniciativas planteadas y llevadas adelante puedan abarcar la totalidad de las dimensiones que el crimen organizado tiene en tanto amenaza a la seguridad del país.

Hoy no existe claridad sobre si hay problemas de seguridad pública o hay riesgo de pérdida de soberanía por parte del Estado (problemas de seguridad nacional), y como se mencionó, tampoco existen definiciones de los conceptos de seguridad nacional ni de seguridad pública interior, ni existe algún registro o análisis de cuántas pandillas territoriales de 1ª generación, ni de 2ª generación autóctonas existen en el país ni dónde están, ni claridad sobre cuántas pandillas extranjeras de 3ª generación efectivamente han penetrado nuestro país. Con todo, a pesar del vacío teórico, los datos presentados son preocupantes: el aumento de los homicidios, del uso de armas de fuego, de los imputados desconocidos y de los territorios aislados por el efecto del crimen son indicadores de la penetración de un crimen organizado que hoy no tiene rostro.

Por último, se vuelve necesario profundizar en el desarrollo de este marco conceptual de una manera práctica y teórica, para el contexto chileno. En el caso de las pandillas y bandas criminales es importante poder identificarlas y ubicarlas territorialmente, así como analizar sus redes y procesos por los cuales pueden avanzar en su desarrollo generacional. Es importante generar indicadores claros en torno al análisis del estado de “asilvestramiento” de los territorios, con tal de poder utilizar de manera objetiva el modelo propuesto por Norton y complementado por Bunker y Sullivan, así como en el caso de la trinidad del crimen y en la teoría del control competitivo. El operacionalizar este marco teórico permitirá tener una imagen mucho más clara de la amenaza a la que se enfrenta el país.

Fuente: Small Wars Journal