A inicios de este año, la Contraloría General de la República solicitó la apertura de un sumario al interior del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para aclarar una serie de irregularidades vinculadas al proceso de evaluación de la mina El Soldado de Anglo American Sur S.A., en la comuna de Nogales.
Según fuentes del servicio, la indagatoria administrativa solo habría levantado cargos en contra de funcionarios que aparecían como víctimas de presiones indebidas para favorecer a la empresa en la denuncia anónima al contralor Jorge Bermúdez, lo que preocupa a un sector del personal.
A través del Informe Final de Investigación Especial Nº 837 de 2016, y en base a antecedentes entregados por un denunciante con reserva de identidad, el organismo de Bermúdez constató que el proyecto de explotación operaba «sin autorización» desde el año 2004.
Además, se verificó que Sernageomin había demorado en obtener un «pronunciamiento formal de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)» para saber si El Soldado requería contar con una nueva resolución de calificación ambiental.
En diciembre de 2015, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pidió que Sernageomin remitiera la carpeta del proyecto a la SMA para estudiar una posible «elusión» de normativas por parte de Anglo American, trámite que la entidad de fiscalización minera -hoy a cargo del geólogo Mario Pereira- no cumplió.
De acuerdo a un correo enviado el 21 de agosto de ese año por el gerente de normalización de Anglo American El Soldado, Benjamín Andrade, al director Zonal de Minería Zona Centro de Sernageomin, Carlos Arias, el Rajo Filo del yacimiento no necesitaba entrar al SEA, ya que contaba con «dos resoluciones de calificación ambiental» que lo amparaban, según lo explicado por la jefa jurídica del servicio, Doris Roa, en una reunión.
El mensaje formó parte de la carpeta que el denunciante mostró a la Contraloría como prueba de la influencia de Roa en movimientos favorables a la empresa, agregando que el subdirector de Minería, Hugo Rojas, también hizo vista gorda en la fiscalización de aspectos relacionados con garantizar la seguridad de los trabajadores de El Soldado.
«Según mi opinión, debiera pedírsele a la empresa reconsiderar el diseño del rajo en la zona afectada por las fallas y caserones… (que) minimice el desprendimiento de cuñas que forman las distintas fallas que convergen en esa pared (Este)», comentó el ingeniero Gabriel Barraza al subdirector Rojas por e-mail de fecha 4 de marzo de 2016.
Cerca de una hora después, sin responder las observaciones del profesional, Rojas afirmó que «eso sería partir de nuevo, y creo que con lo que la empresa ha presentado… debiera bastar para asegurar que la operación del rajo sea segura«.
En este mismo sentido, el expediente que originó la auditoría acompaña una carta de Benjamín Osorio, ex funcionario del Sernageomin que relató supuestas instrucciones del subdirector Rojas para apurar la tramitación del proyecto de Anglo American.
Según su testimonio, Rojas le habría pedido expresamente que enviara sus «observaciones geotécnicas al titular (la empresa), para agilizar los tiempos estipulados por el Reglamento de Seguridad Minera», siendo éstas «respondidas y entregadas por mano a mi persona durante el mes de marzo, sin ingreso formal en la Dirección Zonal de Minería Zona Centro«.
Para la preparación del oficio -recalcó Osorio- se juntó en dos ocasiones con el subdirector de Minería, quien lo presionó para «disminuir la cantidad de observaciones al proyecto (Actualización El Soldado)«.
Agregó que en una de esas reuniones, Hugo Rojas efectuó «varias llamadas telefónicas al consultor de Anglo American que preparó el estudio de estabilidad del rajo, Sr. Ricardo Sepúlveda de la empresa AKL, para preguntar su parecer por ciertos temas geotécnicos que me preocupaban del diseño del rajo, como por ejemplo, los ángulos de taludes de banco de las zonas de rellenos de cavidades de la mina subterránea, para lo cual el Sr. Sepúlveda entregó sus recomendaciones».
En el informe que pidió abrir un sumario en Sernageomin, la Contraloría se hizo cargo de estos puntos, objetando la ausencia de un procedimiento formal que regule comunicaciones entre el servicio y titulares de proyectos mineros, hecho que impide «su verificación y vigilancia continua».
Por otro lado, respecto a los lazos entre el subdirector de Minería y el geotécnico de AKL citado por Osorio, la entidad fue enfática en señalar que la revisión de «todo proyecto» debe llevarse a cabo «en todas sus fases de manera transparente, con absoluta objetividad e imparcialidad».
El equipo auditor descubrió que en un encuentro organizado por Sernageomin, que tomó lugar en el Hotel San Francisco Lodge & Spa de San Esteban en julio de 2016, «42 funcionarios del servicio, incluidos el Subdirector Nacional de Minería y el Jefe del Departamento de Seguridad Minera y Fiscalización de esa repartición», asistieron como público a una clase gratuita de la firma AKL.
«Sobre la materia, no consta la existencia de una orden de compra u otros medios que acrediten la contratación o pago asociado a la capacitación realizada por la empresa AKL Ingeniería y Geomecánica, durante la Jornada de Seguridad Minera y Fiscalización del Sernageomin«, sostiene el documento.
La Contraloría enfatizó que «la situación expuesta no guardia armonía con el principio de imparcialidad» de los funcionarios públicos, ya que «la aludida empresa AKL, desde el año 2014, ha elaborado los estudios de estabilidad asociados al proyecto ‘Actualización Explotación Rajo Abierto El Soldado de Anglo American Sur», participando como «gestor de intereses» de la misma ante Sernageomin.
El Ciudadano pidió entrevistar en múltiples ocasiones al director nacional de Sernageomin, Mario Pereira, sin obtener respuesta. La solicitud fue insistida presencialmente a la periodista de Comunicaciones, Paula Alarcón, sin conseguir resultados.
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