Este jueves, el Palacio de Buckingham dio a conocer el fallecimiento de la Reina Isabel II a los 96 años. En sus siete décadas de reinado, la monarca vivió un sinfín de hitos políticos, entre los que se cuenta la disolución de la Unión Soviética, el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial y la pandemia del COVID-19.
Los crímenes y vejaciones de la Corona Británica en sus colonias durante el reinado de Isabel II son de conocimiento público. Un hito menos conocido, en parte por la nula reacción política de las autoridades nacionales en su momento, tuvo lugar en diciembre de 2012, cuando el Reino Unido «regaló» territorio antártico chileno y argentino a la monarca.
Con motivo de la celebración de sus 60 años en el trono, el Foreign Office de Gran Bretaña anunció que 271.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico serían bautizados como «Tierra de la Reina Isabel», provocando furiosas reacciones de Argentina e incluso de Rusia. Chile, sin embargo, no se pronunció al respecto.
«El territorio antártico británico es parte importante y única de los 14 territorios que el Reino Unido tiene en ultramar. Es un gran honor asociar de forma permanente a la Antártica con su Majestad y de esta forma reconocer el compromiso que el Reino Unido tiene con este territorio», declaró en ese entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
La zona, que hasta el momento no tenía nombre, figura desde entonces como Queen Elizabeth’s Land en todos los mapas referenciales británicos e incluso tiene su propio artículo de Wikipedia.
El gobierno argentino criticó en su momento la designación calificándola de provocación y de ataque sistemático. Al día siguiente del anuncio, el Senado del país trasandino emitía por unanimidad una declaración de rechazo a las aspiraciones británicas.
Rusia, que también forma parte del Tratado Antártico, señaló que el gesto del Foreign Office no constituía derecho en ningún caso. «Ningún acto o actividad que tenga lugar mientras el presente tratado esté en vigor constituirá una base para acertar, soportar o negar un reclamo territorial de soberanía en la Antártida y no crea ningún derecho«, señalaron desde la cancillería rusa.
En Chile, no obstante, la decisión no provocó reacción alguna de los legisladores ni del ejecutivo.
El Tratado Antártico (TA) que data de 1959, y que entró en vigencia en 1961, y que regula las relaciones internacionales respecto al estratégico continente, señala que solo se pueden hacer modificaciones a éste mediante la unanimidad de los miembros consultivos que son Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica y Rusia.
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