El falso acuerdo de paz que EEUU impuso en Colombia y que desencadenó en nuevos horrores, masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales

Mira aquí el documento de la agencia de cooperación de estados unidos.

Estrategia_de_Cooperación_USAID_Colombia_2014-2018 / PDF

Estados Unidos puso en la mesa el año 2014 una estrategia de cooperación condicionado a un acuerdo de paz que tenía como base principal la desmovilización de los combatientes de la Farc y el compromiso de la sociedad civil, señalando: “En cuanto al tiempo de implementación de la Estrategia de Cooperación de USAID, y en caso de que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC, los primeros 24 meses posteriores al acuerdo serán críticos.  La culminación exitosa de esta primera etapa se verá evidenciada en el compromiso duradero de los ex‐combatientes y la sociedad civil con la paz”.

También indican: “Para lograrlo, USAID proporcionará su apoyo rápido al gobierno de Colombia para asegurarse de que tenga el impulso estratégico necesario para lograr el éxito durante este periodo tan crítico.  Por un lado, el Gobierno Nacional tendrá que demostrar «éxitos tempranos» y cumplir con su parte del acuerdo; por otro lado, las FARC tendrán que desmovilizarse y rechazar la violencia como mecanismo para promover sus intereses políticos”.

Para concluir, la agencia señala: “USAID ha cumplido un papel importante en los amplios esfuerzos que ha realizado el gobierno de Estados Unidos con el fin de fortalecer al Estado colombiano,  hacer la transición hacia el fin del conflicto armado interno, y establecer las bases para la paz. Teniendo en cuenta el estatus que tiene Colombia como país de ingreso mediano, y su creciente habilidad para enfrentar sus propios retos de desarrollo e incluso los de sus vecinos, USAID planea hacer una transición gradual para pasar de una relación de asistencia a una relación cada vez más estratégica entre aliados”.

La agencia de Estados Unidos fue quien condicionó al gobierno colombiano del ex presidente Juan Manuel Santos con una serie de financiamientos a estamentos públicos a cambio del acuerdo de paz, indicando: “Si no se logra un acuerdo, los resultados podrían ser más modestos”.

Algunos de los financiamientos señalados, se refieren a: “USAID fortalecerá las entidades colombianas que proporcionan apoyo a las víctimas del conflicto y otros grupos marginados, entre ellos la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y ciertas instituciones departamentales y municipales, y organizaciones de la sociedad civil”, también sobre “Programas especializados implementados para ayudar a los grupos marginados, incluyendo afro‐colombianos e indígenas”; “Ex‐combatientes reintegrados a la sociedad”;  “Mayor capacidad del gobierno de Colombia y la sociedad civil para garantizar que los procesos de verdad y reconciliación lleguen a los ciudadanos a nivel local”; “Aumento de la capacidad del Centro de la Memoria Histórica para documentar experiencias y crear conciencia en los ciudadanos sobre el conflicto”; “Condiciones para el crecimiento económico rural incluyente mejoradas”; “Tenencia más equitativa y segura de la tierra”; “Tierra restituida a víctimas desplazadas por el conflicto”; “Inversión pública y privada en el sector rural incrementada”; “Aumento de inversión privada en comunidades rurales”; “Mejor manejo de los recursos naturales”; entre numerosas otras materias público-privado.

USAID, señala: “A diferencia de muchos países en donde opera USAID, Colombia cuenta con importantes recursos propios, dado que los recursos de donantes representan menos del 0,5% del presupuesto anual de Colombia”.

Paradójicamente, mientras Colombia ha vivido graves conflictos bélicos internos, con millones de personas desplazadas entre indígenas, campesinos y afrodescendientes, con amplios territorios bajo control de grupos irregulares desde paramilitares, guerrillas y agentes militares, las inversiones del sector privado transnacional ha ido en aumento. Antes del denominado acuerdo por la paz, Colombia tenía un incremento promedio anual del PIB de 4,4% desde 2007. En 2012, Colombia recibió más de USD$15 mil millones en inversión extranjera directa (IED) y se posicionó como el cuarto país con mayor IED en América Latina, después de Brasil, México y Chile, cifras que han ido en aumento.

Acuerdo de paz en Colombia ¿Una perfomance internacional?

Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el ex-presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), también conocidos como proceso de paz en Colombia, fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC-EP para “poner fin al conflicto armado interno de Colombia”, instancias que también involucró a Chile como “garante”. Estos diálogos, que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, desembocaron en la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Cabe señalar que previo a esto, fue la agencia de Estados Unidos la que logró desmovilizar a una parte importante de los grupos de las Farc, sin embargo, no se abordó a uno de los actores principales de los crímenes a la sociedad civil: Los grupos paramilitares, responsables de masacres y la instalación del pavor en diversos territorios de Colombia.

A través de testimonios e informes, se ha vinculado a estos grupos con intereses del narcotráfico, redes de corrupción política, incluyendo al ex presidente Álvaro Uribe e intereses de transnacionales extractivistas.

A modo de ejemplo, en octubre del 2021, se conocieron evidencias de relación entre integrantes de la fuerza pública / ejército / policías de Colombia y miembros de los grupos paramilitares de la época. Así lo señalan informes desclasificados de la CIA y el departamento de Estado de los Estados Unidos.

Según el diario El País de España, se destaca detalles de un juicio contra Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida, el pasado 27 de septiembre de 2021, los documentos revelan que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

Ya en el año 2000, Human Rights Watch presentó un informe con pruebas detalladas, abundantes y convincentes de los constantes lazos estrechos entre el Ejército de Colombia y los grupos paramilitares responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

La relación entre el ejército y los servicios de inteligencia de Estados Unidos en Colombia, son estrechas, están fusionadas. EE.UU reconoce, oficialmente, 7 bases militares en suelo colombiano, pero investigadores, según SOA Watch, dicen que pueden llegar a ser 40 a 50  en el 2021.

Otro ejemplo de esta relación, es el general y ex vicepresidente colombiano, Oscar Naranjo, formado por la CÍA y que luego de años de servicio en Colombia, como objetivo las Farc e incluso siendo parte del acuerdo de paz, asesoró más tarde al ex presidente de México, Peña Nieto, país donde se desarrolló con más fuerza luego de su intervención,   gravísimas condiciones humanitarias a causa del conflictos bélicos de grupos irregulares, con asesinatos, masacres, desapariciones de miles de personas.

Oscar Naranjo fue acusado en México de promover el paramilitarismo y en Colombia de tener vínculos estrechos con paramilitares. En el año 2014, referentes políticos de México acusaron a Naranjo de haber alentado la creación de las autodefensas en el estado de Michoacán, cuyas acciones derivaron en enfrentamientos armados con el crimen organizado y policías federales.

Las agencias estadounidenses no han hecho referencia a los grupos paramilitares en los procesos de paz, por el contrario, instaron a desarmar a grupos de la Farc y uno a uno están siendo asesinados y asimismo, se han mantenido los crímenes de lesa humanidad contra población civil con masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores de la naturaleza, mayoritariamente indígenas, campesinos y afrodesendientes, grupos focales priorizados en el “plan estratégico” ofrecido por la agencia de cooperación y de inteligencia, Usaid, en zonas de caos, banderas falsas e intereses extractivistas transnacionales.

Representaciones del poder político estadounidense han sido tibios y timoratos frente a los crímenes que se viven en Colombia y a la responsabilidad de las agencias estatales. En febrero del 2021, el representante a la Cámara Jim McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, habló en el Congreso de Estados Unidos en apoyo a los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia que están siendo amenazados y asesinados con impunidad.

Aclarar asesinatos de líderes sociales en Colombia es una de las «máximas prioridades” señaló  Joe Biden durante el 2021, así se lo hizo saber el gobierno estadounidense  al presidente, Iván Duque, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Sin embargo, Estados Unidos sigue sin revisar el tratado de libre comercio entre ambos países, tampoco la estimación de recursos que desde dicho país podrían estar llegando a grupos bélicos irregulares y a las responsabilidades estatales en violaciones a derechos humanos. El actual gobierno de Biden no ha revisado los financiamientos de las agencias de cooperación.

Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en SudAmérica y el principal receptor de ayuda militar de Washington en la región y por el contrario a cualquier revisión o sentido crítico, Joe Biden comunicó el 10 de marzo de este 2002 al presidente colombiano,  Iván Duque, la intención de Washington de convertir al país sudamericano en aliado principal no OTAN, un estatus especial que implica privilegios económicos y militares..

En junio del 2019, diversas organizaciones y personalidades en materia de Derechos Humanos, medio ambiente y procesos sociales de una quincena de países, emplazaron al Estado colombiano y sus gobernantes, encabezado por el presidente de la República Iván Duque, ante lo que han denominado “el incumplimiento de obligaciones en derechos humanos y el derecho internacional humanitario ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales”, los que a juicio de estas organizaciones, involucra: asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones”, agregando que en su mayoría “se sitúan en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población civil desarmada, principalmente rural indígena, campesina y afrodescendiente”, sentenciaron.

A su vez, emplazaron al Estado colombiano y sus instituciones responsables, para el desmantelantamiento y poner fin a toda asociación ilícita de bandas criminales, castigo y sanción a las redes de corrupción público y privado, en especial aquellas ligadas al narcoparamilitarimo e intereses transnacionales que buscan acaparar territorios y explotar recursos naturales atentando contra los derechos humanos de amplias poblaciones, particularmente indígena, campesina y afrodescendiente.

Las organizaciones señalaron categóricamente que en Colombia no existe paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del estado por acción u omisión y que “engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios”, señalaron.

Cifras del horror en Colombia

El Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz entiende como masacre el homicidio intencional simultáneo de arias personas (3 o más personas), protegidas por el derecho internacional humanitario, y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempos, modo y lugar.

Según informe de este organismo de la sociedad civil, durante el año 2020 hubo 91 masacres con 381 personas fueron asesinadas, corte al 31 de diciembre de 2020. En lo que respecta al año 2021, hubo 96 masacres, con 338 víctimas, corte al 31 de diciembre de 2021. En lo que va del 2022, se contabilizan 23 masacres en el 2022, con 61 víctimas – corte al 17 de marzo de 2022.

El Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, identificó el asesinato de 171 casos al 31 de diciembre del 2021 de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos; y 44 firmantes de acuerdo de paz. excombatientes Farc asesinados o desaparecidos durante el 2021 al 14 de noviembre.  En lo que va del 2022, con corte al 16 de marzo, se identifican a 41 líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2022. Asimismo, al 14 de marzo de 2022, se registran 9 asesinatos de firmantes de acuerdo de paz. excombatientes Farc.

Previo a esto, Indepaz ha señalado que desde la posesión del presidente Iván Duque , el 7 de agosto 2018 al 10 de diciembre del 2020,  fueron asesinadas 695 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos.

En marzo de este 2021, la Defensoría del Pueblo aseguraba que había miles de personas que habían sufrido desplazamiento forzado. Entre ellos, 16 los eventos de desplazamientos forzados masivos intraurbanos y 14 eventos de desplazamientos masivos rurales, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias, unas 11.150 personas, de las cuales el 90 % pertenece a comunidades de pueblos indígenas en la región del Pacífico.

En el marco de las protestas sociales acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, se identificaron miles de casos de vulneración a los derechos humanos y 80 muertos como víctimas de la violencia homicida, en su gran mayoría a manos de agentes estatales policiales y militarizados.

Los hechos de asesinatos y masacres en Colombia, con diversas aristas y actores como agentes militarizados del estado, paramilitarismo y otros grupos irregulares bélicos, no son casos aislados y reflejan falencias estructurales en las entidades encargadas de preservar la seguridad y la paz social, indicado así por diversos organismos internacionales de derechos humanos.

En octubre de 2021, a través de un informe, la federación internacional de derechos humanos, alertaba sobre diversos hechos en el territorio de Sierra Nevada: “Se está produciendo una reconfiguración de la violencia ilegal en la zona, a manos de grupos armados que controlan las principales actividades lícitas e ilícitas de la Sierra en busca de un mayor control territorial, algunos de los cuáles mantienen vínculos con los antiguos grupos paramilitares”.

Por su parte, luego el asesinato del líder indígena, Miller Correa en la quincena de marzo y de acuerdo a fuentes del territorio en el Cauca norte, los grupos bélicos que hacen presencia en el departamento son, Frente Carlos Patiño del comando coordinador de occidente, ELN, panfletos de paramilitares Águila Negras / Autodefensas Unidas de Colombia y estructuras locales por la tercerización, en jurisdicción del ejército colombiano, tercera división.

Alfredo Seguel