El golpe de las salmoneras en Aysén: Reacciones frente al rechazo de las dos Ecmpo solicitadas por comunidades indígenas

Sesión CRUBC de Aysén: Un laboratorio político social

Amplia atención hubo este 29 de febrero, en el marco de la sesión Comisión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén, la que se extendió por más de 5 horas y que reunió a diversas representaciones de instituciones públicas, autoridades, sector de la industria acuícola, pesca, comunidades, turismo, resolviéndose por amplia mayoría, rechazar las dos peticiones de Ecmpo, denominadas “Huichas” y “Cisnes”.

La sesión fue un verdadero “laboratorio político social”, la que además fue seguida por más de 400 personas en la transmisión en vivo, espacio que, además de los miembros de la comisión, tuvo la presencia de miembros de las comunidades peticionarias provenientes de islas ayseninas y también, estuvieron grupos de trabajadores y prestadores de servicios ligados a la industria salmonera.

A pesar de las peticiones formales previas por parte de las comunidades ante el violento ambiente generado desde ciertos grupos, no se suspendió la sesión, no se accedió tampoco a buscar una fórmula que permitiera modificar los polígonos, para no desechar todos los años de tramitación, trabajo y esfuerzo, por el contrario, la Comisión terminó actuando como un tribunal en contra de las comunidades.

Cabe consignar, que miembros de las comunidades peticionarios, han denunciado en diversas ocasiones los basurales de la industria salmonera en los fiordos y canales de Aysén, así como los impactos de los centros de cultivos, por su afectación a la biodiversidad así como a los recursos bentónicos del cual dependen numerosas fuentes de trabajo. Estos mismos centros que además han tenido numerosos escapes de cientos de miles de salmones, especies exóticas carnívoras depredadoras de especies nativas, fueron hechos absolutamente censurados por el poder político y empresarial dominante.

La Comisión, emitió el siguiente resultado a las Ecmpo: 29 votos de rechazo, dos por aprobar y dos por aprobar con modificaciones al polígono. También hubo una abstención.

Llamó la atención, que varios personeros durante la sesión, en sus justificativos vinculados a su votación, emitieron una serie de juicios contra las comunidades, cuyos votos más bien parecieron de castigo, por sobre los elementos técnicos. Algunos de los puntos que se plantearon para el rechazo:

1.- Que habían desistido de la petición dos comunidades. Uno de los argumentos de rechazo, fue,  que no se cumplía algunos criterios relativos a que: “Todas aquellas asociaciones de comunidades indígenas compuestas por dos o más comunidades indígenas, constituidas de conformidad con la ley N° 19.253. Excepcionalmente podrá ser solicitado por una única comunidad indígena si se constata que sólo esa comunidad ha realizado el uso consuetudinario del espacio, y que no existen otras comunidades vinculadas”.

Al respecto no se contempló las razones de fondos del porqué se bajaron comunidades y que factor están influyendo para que el Estado, no cumpla con respetar los derechos a la integridad cultural, establecido en normas internacionales.

2.-Contemplando la extensión total de las Ecmpo, de 600 mil hectáreas, se hizo referencia a  la sobreposición a otros espacios, como Reserva Nacional Las Guaitecas, espacios costeros de borde costero de Bienes Nacionales, acuícolas, de pesca artesanal, entre otros. Insólitamente, las comunidades peticionarias llevan 8 y 7 años respectivamente en su solicitud, y ningún organismo fue capaz de “corregir” los polígonos, justificando sobreposición, pero además, también dio cuenta, según se argumentó desde las comunidades, que las Ecmpo no se imponen sobre otros derechos y espacios establecidos y que existen numerosas causales de caducidad cuando no se cumple el propósito de uso, costumbre consuetudinario.

3.- Las comunidades fueron acusadas por algunos personeros, de no haber generado espacios de participación o de información debida, señalado como un no cumplimiento del espíritu de la ley lafkenche, omitiéndose que el cumplimiento de participación, información debida, previa, amplia, es obligación del propio Estado, sin embargo, ningún organismo representante del Ejecutivo, asumió sus carencias y responsabilidades, incluyendo la falta de prolijidad y descoordinación.

4.- Ciertos personeros ligados al interés industrial acuícola y políticos de ultraderecha, acusaron a las comunidades de haber generado “incertidumbre”, de haber estancado el desarrollo de región e incluso, uno, hasta cuestionó el origen de las comunidades.  

El alcalde RN de Cisnes, Francisco Roncagliolo, acusó directamente a las comunidades de no haber consultado a los actores de “su comuna”, que los informes presentaban falta de rigurosidad, que nos e logró demostrar el uso consuetudinario y fustigó a las comunidades sobre el discurso: “No tienen claridad con respecto al discurso a utilizar. Se habló aquí de conservación en los talleres, cosa que no busca la ley, la ley lafkenche no busca ese concepto. Se habló de planes de negocio (…) o los ataques con respecto a las mismas situaciones acuícolas, en un discurso obviamente mediático, pero que en los talleres, plantean las mismas comunidades, señalan, abro comillas, “nunca se le ha dicho a las empresas acuícolas que se vayan porque las Ecmpo no le quitan derechos a estos (…) La comunidad solicitante al día de hoy, no ha podido argumentar el espíritu de su solicitud, que debería ser el reconocimiento de los pueblos originarios y sus usos conseutudinarios (,,,) Tampoco se a podido acreditar de cómo se va a financiar, semejante superficie de Ecmpo ”.

También llamó la atención, que los fundamentos de rechazo de la Gobernación Marítima de la Armada de Chile, se basó en que las Ecmpo, no se ajustarían para la seguridad de la navegación, el control de ilícitos,  aspectos portuarios, señalización marítima, desarrollo de obras, entre otros.

Cabe consignar, que previo a la votación, por días, se generó una fuerte presión por parte de sectores de la industria salmonera, que arrastró a grupos de sus trabajadores, prestadores de servicios y también, a grupos de la pesca artesanal. Se señaló, en medios informativos pro empresariales, que dichas Ecmpo dejarían sin trabajo a 5 mil  empleados y por otro lado, se instaló que pescadores artesanales se verían afectados ya que el mar ya no podría ocuparlo, porque “les pertenería a un grupo reducido de personas”, lo que fue considerado por las comunidades como una grotesca campaña de desinformación y de instrumentalización sobre el verdadero sentido y alcance de la ley lafkenche.

Mira acá la transmisión del CRUBC

Reacción de la Gobernadora Regional

Andrea Macías es la Gobernadora Regional de Aysén, uno de los pocos votos que aprobó la petición Ecmpo, con modificación del polígono, quien,  comentó lo siguiente:

“Más allá de los resultados en la votación de la CRUBC, seguiremos trabajando arduamente para que todas las personas tengan un espacio en el desarrollo del maritorio de Aysén.

Andrea Macías #GobernadoraAysén (…) Al mismo tiempo defenderemos el espíritu de la Ley Lafkenche, instando a todos los actores a cumplir con su parte para resguardar el uso consuetudinario del maritorio y el borde costero. También asegurar la sostenibilidad y sustentabilidad de la actividad económica del litoral”

También indicó: “El mar de Aysén es una oportunidad de desarrollo para distintas vocaciones productivas. Estas deben llevarse a cabo bajo parámetros de sustentabilidad, sostenibilidad, evidencia científica, y por cierto, un diálogo honesto, sin mentiras, caricaturas, ni descalificaciones (…) Creo profundamente en el espíritu de la Ley Lafkenche, pero también en la necesidad de desarrollo económico en nuestro litoral, por eso es preocupante ver cómo se ha dado la discusión sobre las solicitudes de ECMPO Cisnes y Huichas”.

Reacción desde comunidades peticionarias.

A continuación, extendemos el comunicado público emitido por Daniel Caniullán Huentel por parte de la solicitud Ecmpo “Cisnes” y   Nelson Millatureo Rain de la solicitud Ecmpo “Huichas”

Muchos esperarán, por el nivel de polarización y crispación al que se llegó en el proceso de votación de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios Cisnes y Huichas, que este mensaje estuviese cargado de decepción. El sentido imperante nos dice que debiese ser así:  fueron rechazadas nuestras solicitudes de ECMPOs, propuestas que hemos venido impulsando como comunidades originarias con mucho esfuerzo por más de 8 años. También, porque hemos sigo agredidos y amenazados sistemáticamente por representantes políticos, empresariales e institucionales, a través de discursos de odio y racismo, que sirvieron para enemistarnos con nuestros vecinos y que no fueron resueltos por los organismos pertinentes del Estado.

Hoy, a la luz de los hechos, podemos señalar que tanto el proceso como la votación de esta tarde, estuvo marcada por malentendidos malintencionadamente difundidos, injusticias, abuso de poder e inequidad, transgrediendo los convenios 169 de la OIT y de Escazú, ambos suscritos por Chile, país del cual también formamos parte. Esta votación mostró un Estado pasivo y ausente, que dejó hacer y permitió que todo explotara, en lugar de facilitar la mediación y solución. Además, y sorprendentemente, sosteniendo argumentos para su rechazo que no tienen relación con la normativa en cuestión. Y por más que hayan insistido en que valoran la Ley 20.249, en la práctica demostraron lo contrario, pues de otra forma al menos se habrían preocupado en instruirse adecuadamente.

Sin embargo, a pesar de todo lo dicho, queremos reiterar a través de esta carta que continuamos dispuestos al diálogo. A sentarnos a una mesa a planificar el futuro del litoral y el mar que circundan Aysén, actualmente dejados a la sobreexplotación y especulación feroz. Experimentamos en nuestras islas altísimos niveles de desigualdad, carencias estructurales y extrema pobreza que exceden con creces lo que sucede en el país y el continente, mientras otros usuarios de estos mares constantemente acaparan ganancias multimillonarias. Cuando sus rentabilidades bajen, ellos abandonarán estos lugares; nosotros seguiremos habitando las islas y trabajando en ellas, así como empeñados en poblarlas con nuevas generaciones que mantengan nuestras costumbres y el vínculo que tenemos con ellas, porque las queremos, son parte de nuestra memoria y nuestro futuro.

Esta experiencia demostró la necesidad imperiosa de reforzar nuestros lazos territoriales y nuestras relaciones locales. Es imprescindible salir de las trincheras de odiosidad que nos impiden dialogar y ponernos de acuerdo. Somos vulnerables a la instigación, lo que se evidencia a través de los actos de agresión que sufrimos a manos de nuestros propios vecinos, actos que tardarán mucho en cicatrizar pero que es necesario avanzar en ese proceso.

Mientras nosotros nos confrontamos, nuestras aguas se deterioran más y más.

Mientras nosotros nos confrontamos, nuestros recursos son saqueados impunemente.

Mientras nosotros nos confrontamos, somos alejados cada vez más de la toma de decisiones sobre nuestros territorios y futuro.

Mientras nosotros nos confrontamos, quienes debiesen velar por nuestro bienestar se reúnen en privado con industrias a decidir lo que se hará con nuestros archipiélagos.

Existen muchos malentendidos sobre las solicitudes ECMPO que deben ser resueltas: Como que los indígenas en Chile somos privilegiados, pero en realidad somos quienes experimentamos las mayores tasas de pobreza y carencias; que los ECMPOs impedirán el trabajo y el desarrollo económico de industrias, o incluso, que los ECMPOs implicarán cobrar por la movilidad náutica o por extraer mariscos y peces, o por usar infraestructura portuaria que son bienes de todos. No es posible haber llegado a una instancia como esta y que muchos de quienes votaron lo hayan hecho recurriendo a estas afirmaciones… nuevamente insistimos: la Ley 20.249 es pública, ¿cómo es posible que algunos votantes hayan afirmado que lo hacen para evitar que los indígenas les prohíban navegar? Para resolver estos malentendidos necesitamos la participación de buena fe y con altura de miras de municipios, autoridades de gobierno, empresas, trabajadores, pescadores, sociedad civil y todas las personas que forman parte de los usos del borde costero y el maritorio. Pero no basta con decirlo, deben demostrar con hechos esta voluntad, y no caer nuevamente en justificaciones como que no tienen tiempo para ir a nuestros territorios a desmentir malentendidos.

Hoy se manifestaron respecto a la votación:

Ecmpo Cisnes: 29 votos de rechazo, 2 votos con modificación, 1 voto de abstención y 2 votos a favor.

Ecmpo Huichas: 29 votos de rechazo, 2 votos con modificación, 1 voto de abstención y 2 votos a favor.

Nos duele constatar que el presidente Gabriel Boric, quien se comprometió a tener un gobierno centrado en la dignidad, transición ecológica justa, descentralización y garantías de trabajo decente, se ha comportado de manera extremadamente contradictoria. Lo mismo con respecto al Gobierno Regional, que también debió mediar hace muchísimo tiempo.  Fuimos insistentes en solicitar espacios de acuerdo, que era urgente sentar a todos a la mesa a discutir los aportes de los ECMPOs respecto a los múltiples usos que ocurren aquí, a través de argumentos e información objetiva.  Pero peligrosamente, los únicos actos previos a esta votación fueron dos talleres que estuvieron marcados por interpretaciones y posturas previamente definidas, que se convirtieron en un festín de agresiones y descalificaciones en contra nuestra, sin permitirnos casi poder opinar. Evidenciaron la falta cívica de algunos representantes de Estado que parecieran cree que seguimos viviendo en una región donde todo vale, quienes nos siguen insultando y amenazando en redes sociales a pesar de sus roles de Estado.

Este rechazo no significa, de manera alguna, que este territorio esté perdido. Como región hemos sido capaces en épocas anteriores de unirnos cuando nuestros recursos y naturaleza son puestas en jaque. Que ahora nos estemos confrontando es sólo un momento de la historia, pero esperamos sinceramente que esto sea simplemente eso y que en algún momento se pueda comprender que nuestras solicitudes son un llamado de urgencia por el incremento sostenido de malas prácticas que estamos constatando en nuestros mares. El mar se está privatizando, las islas se están vendiendo, estamos entregando todos nuestros bienes comunes al saqueo producto de políticas centralistas y de gobiernos que resguardan intereses económicos, privados y muchas veces trasnacionales. Por esta razón, hemos dicho que aquí se evidencian dos problemáticas: por un lado, autoridades que están en silencio y se alinean al modelo extractivista de las industrias, amenazando la gobernanza territorial y boicoteando las propias políticas públicas que el Estado construye, relegando nuestra región a ser una zona de sacrificio, porque eso es en lo que se ha convertido Aysén.

Nosotros, después de este rechazo, vamos a proseguir con el proceso judicial en los tribunales, persiguiendo la defensa de los territorios, la naturaleza, el futuro y nuestra supervivencia. Este rechazo es un fracaso para las industrias, porque la faceta que han mostrado -racista, odiosa y violenta- va a convertirse en el sello visible de sus productos en el mercado global, donde ya no prima quién produce más, sino quién es más consecuente con el sostenimiento del mundo y las relaciones entre personas. Al perderse esta instancia de votación, hemos perdido la oportunidad de proteger nuestros recursos de manera colectiva, de avanzar en la gobernanza local y de establecer estándares de protección para asegurar la sostenibilidad y el cuidado de todas las vidas del litoral, siguiendo el itrofill mongen que nos mueve como comunidades indígenas. Nos preguntamos, ¿estas mismas autoridades que votaron en contra, van a usar la misma energía para enfrentar las desigualdades, carencias y sobreexplotación marino costera?, ¿van a hacerse cargo de la falta de fiscalización de las áreas marinas protegidas, que son usadas para explotación y producción acuícola?, ¿van a ir a terreno a recomponer los lazos dañados por su falta de mediación?

Insistimos en este llamado de atención: no estamos en los tiempos en los que quienes se apropian de los territorios y los bienes naturales pueden salir disparando a mansalva. Estamos en tiempos de planificación con sentido de futuro, de integración, de umbrales mínimos en derechos humanos y responsabilidad para con la naturaleza. Es momento de que quienes abandonaron sus responsabilidades asuman la construcción de espacios que aseguren una toma de decisiones basada en justicia y equidad, y no en el poder del dinero.

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