El legado de violar derechos humanos: El imperativo del candidato pinochetista

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el que establece cuáles son las obligaciones que tienen los Estados de tomar medidas, o bien de abstenerse de ciertas actuaciones a fin de respetar, proteger y asegurar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

El programa del pinochetista José Antonio Kast, lejos de cumplir con dicho estándar, abiertamente va en contra de diversas directrices, principios y valores en materia de derechos humanos, como una grave amenaza y peligro para un sistema democrático.

El candidato de la ultra derecha, en declaraciones emitidas en el pasado debate de Archi, afirmó que el Presidente sin invocar estado de excepción más restrictivos “podría ordenar, interceptar, abrir documentos y toda clase de comunicaciones, y arrestar a personas en lugares distintos a cárceles”, sin embargo, esta aberración, se circunscribe a un fin político ideológico.

En reiteradas ocasiones se ha planteado sobre la creación de una Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda para “ identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”, que se ha comparado con un nuevo Plan Cóndor.

El golpe de estado en Chile, tuvo como base ideológica la Doctrina de Seguridad Nacional, se puso en práctica en Chile una política de Estado represiva que tuvo como objetivo sofocar toda amenaza al nuevo orden establecido, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio. Estas acciones afectaron a miles de chilenos entre políticos de izquierda, dirigentes sindicales y simpatizantes del depuesto gobierno de la Unidad Popular.

José Antonio Kast, configura esta doctrina en materia de orden y seguridad, como la extensión del Estado de excepción, es decir, bajo criterios de un autoritarismo fáctico y anti democrático, atribuyendo un “estancamiento económico” a supuestos “años de reformas de corte socialista” y señalando que existe en nuestro país un “resurgimiento de un discurso falaz de corte neo-marxista de lucha de sexos, razas, orientaciones sexuales, visiones corruptas de derechos humanos, de interpretación de la ciencia (…).

Lejos de buscar canales de diálogo y soluciones a los conflictos históricos en el sur de Chile en el marco de os conflictos territoriales, Kast, bajo la misma lógica que ha agudizado los conflictos, kast ha señalado “En la Araucanía necesitamos la colaboración de los militares, apoyando a las Fuerzas Policiales para terminar con estas pandillas terroristas”, restringiendo el conflicto a un estado de enemigo interno: terrorismo, crimen organizado y narcoterrorismo.

El 24 de septiembre, Kast publicó un twitter: “Tenemos que evaluar desechar el convenio 169 de la OIT que solamente ha impedido poder avanzar en desarrollo productivo para la zona que es la zona más pobre de Chile”, en atención al instrumento básico, de piso mínimo que existe en Chile sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

KAST: ENTRE EL NEGACIONIONISMO Y PROMOTOR DEL ODIO

Numerosas personas vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, a través de un manifiesto suscrito por 80 personas, han identificado una serie de acciones del candidato y su entorno vinculado a la ultra derecha, indicando: “El país se enfrenta al grave riesgo de un retroceso en materia de derechos humanos. La candidatura presidencial de José Antonio Kast, implica varios rasgos inquietantes, por su historial personal y político y, en particular, por los contenidos de su programa y las afirmaciones de parlamentarios electos de su partido”.

Entre los elementos críticos que se han identificado, destacan:

-La candidatura de Kast, no hace reconocimiento alguno de los acuerdos internacionales en materias de derechos humanos, y sus propuestas van en un sentido contrario. El país ha conocido sus propuestas públicas en las que:

-Cuestiona la participación de Chile en el sistema de Naciones Unidas.

-Anula derechos conquistados por las mujeres, niega demandas de éstas y de la disidencia sexual, no se compromete a incorporar en las políticas públicas  un enfoque transversal de género, ni con la educación sexual integral.

-Ofrece impunidad para los violadores de DDHH de ayer y de hoy.

José Antonio Kast, ha visitado en prisión al ex brigadier (R) del Ejército Miguel Krassnoff, uno de los militares con más condenas en Chile, y que, además, «ha gestionado, personalmente, indultos» en favor de presos por delitos de lesa humanidad ante el Gobierno saliente de Sebastián Piñera, indicó ayer, el abogado Raúl Meza, quien representa a varios de los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Miguel Krassnoff, a quien Kast ha manifestado tantas veces sus respetos y valoración, es un criminal, ex jerarca de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que suma más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de 650 años de cárcel.

-Retira a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de ser tratados como sujetos de derecho y les vuelve a considerar objetos de protección y propiedad de sus padres.

-Exhibe su desconocimiento y no asegura los derechos de los pueblos originarios, por el contrario, promueve un estado de militarización y represión en el sur, bajo un estado militar – policial contra un enemigo interno.

“En el contexto del conflicto en la Araucanía y Arauco, la persecución de delitos terroristas exige la utilización de agentes encubiertos, entregas vigiladas y de testigos protegidos”, promoviendo a su vez, la negación de derechos indígenas.

DERECHOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y ARCAS FISCALES

 No reconoce que el agua es un bien nacional de uso público, un derecho humano e insiste en mantener el agua como bien transable, privilegiando intereses de mercado por sobre derechos de las personas y comunidades, entre otras medidas.

-Pone en duda la veracidad del cambio climático y donde propone profundizar la mercantilización destructora de los ecosistemas.

Busca mantener el status quo de las grandes empresas extractivistas, mantener su descontrol y privilegios, su crecimiento lineal sin regulación, ni siquiera establecer criterios de mayores impuestos para contribuir a las arcas fiscales.

Los negocios de la familia Kast, que lo vinculan directamente,  han acudido a los paraísos fiscales para la elusión tributaria en Chile, endosando mandatos legales y representativos, con negocios con cargas ambientales que incluyen sanciones desde la SuperIntendencia del Medio Ambiente el 2015  (como el matadero en Magallanes)  y con protestas desde la ciudadanía en contra de proyectos con impactos sociales y ambientales en Paine.

El candidato pinochetista está en contra del Acuerdo de Escazú, pacto sobre derechos humanos y medio ambiente. En su esencia en este acuerdo internacional, está la protección de la vida y los derechos de las personas que defienden la naturaleza, derechos que deben ser resguardados para todas y todos quienes a lo largo de Chile y de América Latina deben enfrentarse en desigualdad de condiciones tanto a privados como a los mismos estados que deberían velar por su bienestar.

Kast, ve los ciclos de los ríos como un objeto a intervenir, desconociendo los ciclos hídricos y su importancia ecosistémica, de biodiversidad y de la vida de los territorios. Kast ha señalado en el programa “Candidato llegó tu hora”: «Cuando vamos al sur vemos los ríos que ¡botan agua al mar! ¡Nosotros no vamos a andar perdiendo el agua que botan AL MAR!».

UN LEGADO HISTÓRICO DE COMPLICIDADES EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

La familia de Pedro Vargas Barrientos, detenido desaparecido en dictadura, ha rechazado en reiteradas ocasiones los dichos de José Antonio Kast, quien habría mentido al descartar los vínculos de su familia con las violaciones a los derechos humanos en Paine.

Durante el programa político de TVN, Estado Nacional, el 2017, el pinochetista negó la presunta relación de su familia con los asesinatos perpetrados por agentes del Estado en la ciudad de la provincia de Maipo luego del Golpe de Estado y, en particular, con la desaparición de Pedro Vargas el 13 de septiembre de 1973.

Según Kast, tanto el padre como el hermano de Vargas habrían continuado trabajando para Bavaria, la empresa de cecinas su padre, lo que demostraría la buena relación entre ambas familias. Sin embargo, a través de una carta pública, Silvia Vargas, hermana del detenido desaparecido, desmintió esta versión y ratificó el rol de los Kast como cómplices civiles de la dictadura.

La sobrina de Pedro Vargas, Camila Navarro, aseguró que con la carta buscan »demostrar que nuestra familia no siguió trabajando para los Kast» y que »eso prueba que siempre supimos que ellos estaban directamente implicados en el secuestro y desaparición de mi tío», agregando además que, a raíz de la militancia de Vargas en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y sus pretensiones de crear un sindicato en Bavaria, »se gatilla la acción de esta familia».

Los hechos relatados tienen un contexto especial, puesto que, tal como señala Navarro, »Paine fue la comuna que tuvo más habitantes afectados por los crímenes de dictadura en ese tiempo», lugar en donde »los Kast son cómplices en la mayoría de los crímenes, proporcionando automóviles, cecinas y carne para sus asados», refiriéndose con esto al contingente de Carabineros de la ciudad.

Compartimos a continuación,

CARTA ABIERTA A JOSÉ ANTONIO KAST SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DD.HH. DEL DESAPARECIDO PEDRO VARGAS

Sr. José Antonio Kast:

Acabo de leer que por fin reconoció que durante la dictadura tuvieron lugar violaciones a los derechos humanos.  Lo que quisiera preguntarle es si reconoce que una de ellas es lo que le sucedió en Paine a Pedro Vargas Barrientos, de tan solo 23 años, exempleado de la empresa de su familia en Paine (la cadena Bavaria), y al menos a otras 70 personas de la zona.

Como sabe, Pedro Vargas fue detenido en la vía pública dos días después del golpe, frente a muchos testigos, y luego llevado a la subcomisaría del sector, donde fue torturado en forma brutal y luego asesinado –pasando a ser uno de los tantos detenidos desaparecidos–. En reiteradas ocasiones la familia Vargas Barrientos ha dicho que la razón de su detención fue porque, como empleado del restaurante de su familia, había intentado organizar a los trabajadores alegando que la administración se quedaba con las propinas que dejaban los clientes –incluso las que la ley de esa época determinaba como obligatorias (ver aquí y ver también el libro del periodista Javier Rebolledo, A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura, Ceibo Ediciones, 2015)–. 

También se sabe que, a raíz de esto, su padre, Michael Kast (exoficial del ejército alemán, quien durante la Segunda Guerra combatió en Francia, Rusia e Italia), sacó a dicho trabajador del restaurante y lo transfirió a rondín de vigilancia de la fábrica de cecinas –apartándolo así del lugar donde estaba la disputa por las “propinas”–. Y que a raíz de eso este trabajador renunció, pues no quería hacer un trabajo donde debía portar armas. 

Como sabe, el grado de represión que hubo en Paine, zona donde su padre era todo un personaje (zona que por razones familiares yo también conocía muy bien en esa época), fue algo extraordinario incluso para la brutalidad de ese momento, con una cantidad enorme de detenidos, fusilamientos colectivos, tortura generalizada, asesinatos a mansalva, violación de detenidas, y desaparición de prisioneros. Quizás fue la comuna que tuvo en términos relativos más habitantes afectados por los crímenes de la dictadura en ese período. La colaboración directa de civiles en dicha represión también fue de un nivel especial.

Usted ha negado que su familia haya tenido participación directa en dicha brutalidad, aunque testigos confirman la presencia de un hermano suyo en la subcomisaría en cuestión cuando Pedro Vargas agonizaba en medio de torturas que hasta hoy me son inimaginables. Su hermano también reconoció que agentes de la represión se movilizaban en vehículos de la empresa de su familia (Declaración judicial de Christian Kast Rist, 25 de abril de 2003. Causa Paine. Fojas 5.979 del tomo XVIII). Y un sobreviviente ha declarado que su hermano Christian estaba entre los civiles que lo golpearon repetidamente cuando estaba preso en la subcomisaría (libro ya citado).

Como confirma dicho testigo, único sobreviviente de uno de esos fusilamientos colectivos, su hermano fue visto a menudo en dicha subcomisaría –hecho reconocido por él mismo, argumentando que era solo para dejar cecinas del negocio familiar para los repetidos asados que se hacían en la subcomisaría para civiles y militares (Ibíd., 5979, Tomo XVIII). Testigos también han afirmado que su hermano habría estado ahí (junto a otros civiles) cuando un día a las tres de la madrugada sacaron a un grupo de detenidos para llevarlos a un fusilamiento colectivo en Collipeumo (Declaración policial de Alejandro del Carmen Bustos González –único sobreviviente de dicho fusilamiento–, 22 de octubre de 2001. Causa Paine. Fojas 1726 del tomo VII; ver también una entrevista a Bustos aquí).  

En relación con los vehículos que la empresa de su familia prestaba para la represión, su padre declaró: “No recuerdo si estos traslados [los que se realizaban con dichos vehículos] se hacían también durante la noche” (Declaración judicial de Michael Martín Kast Schindele, 15 de enero de 2003. Causa rol 04-02-F “Paine”. Fojas 3.732, Tomo XIII). Otro civil, quien también prestó vehículos (Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros), fue más preciso y reconoció que los operativos que realizaba personal de Carabineros “escoltados por nosotros” [los civiles que prestaban vehículos] eran para trasladar prisioneros, “sin saber cuál era su destino final” (Declaración policial de Juan Francisco Luzoro Montenegro, 10 de enero de 2003. Causa Paine. Fojas 3.850 del tomo XIII). También hay testigos que afirman que algunos de los detenidos eran incluso amarrados a esos vehículos y arrastrados por la vía pública (Declaración policial de Holanda Aydee Vidal Caballero, 23 de diciembre de 2003. Causa Paine. Fojas 3.822 del tomo XIII). 

También su padre, Michael Kast Schindele, patriarca de la zona al momento del golpe, mantuvo hasta su muerte su calidad de inculpado por los crímenes de Paine. 

La pregunta que quisiera hacerle es muy simple: sea cual sea la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad directa o indirecta de su familia en estos hechos a días después del golpe –donde Pedro Vargas Barrientos y otros 70 lugareños (varios de ellos por el simple hecho de ser campesinos beneficiados por la reforma agraria) fueron torturados, asesinados y muchos, hasta hoy, desaparecidos–, ¿reconoce que lo ocurrido en Paine después del golpe fue una secuencia de violaciones repugnante de los derechos humanos?

También quisiera preguntarle si realmente cree que sin verdad y justicia puede haber reconciliación. ¿No cree que es una vergüenza nacional que, después de todos estos años, aún no existan condenas por lo ocurrido en Paine (1)? El gran problema de Chile es que por este tipo de aberraciones el pasado no ha pasado.

Por José Gabriel Palma

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(1) Según la información que tengo, hasta hoy hay solo siete carabineros, dos militares y nueve civiles procesados por estos hechos.  Ellos son los carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza, Luis Enrique Jara Riquelme, José Floriano Verdugo Espinoza, Aníbal Fernando Olguín Maturana, José Osvaldo Retamal Burgos, Víctor Manuel Sagredo Aravena, Rogelio Lelan Villarroel Venegas. Los militares, el brigadier general (r) Víctor Raúl Pérez Pinto y el teniente coronel (r) Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau. Los civiles son Juan Manuel Balcázar Soto, Rodolfo Rodrigo Gárate Gárate, Rubén Darío González Carrasco, Claudio Antonio Oregón Tudela, Juan Guillermo Quintanilla Jerez, Ricardo Jorge Tagle Román, Mario Emilio Tagle Román, José Hugo Vásquez Silva y Juan Francisco Luzoro Montenegro.