El pasado 6 de febrero murió con 74 años, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero. Un hecho que conmocionó al país entero debido a la sorpresa de la situación, y al ser una figura clave en la historia actual de Chile.
Para contextualizar, Sebastián Piñera, gobernó Chile en dos periodos distintos, el primero entre 2010-2014 y luego durante el 11 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2022, siendo el primer mandatario de centroderecha después de Augusto Pinochet.
En su segundo gobierno ocurrió el estallido social, donde se registra la mayor vulneración de derechos humanos por el Estado, posterior a la dictadura cívico-militar. Esta incluyó daño ocular, violencia física, psicológica y sexual, e incluso, el registro de 34 personas que perdieron su vida durante los contextos de manifestación.
La culpabilidad de estos casos, se debe a que el gobierno de Piñera respondió con la declaración de un Estado de Emergencia, desplegando así militares por las calles y fuerzas policiales.
Recordemos que, dentro de sus respuestas ante la protesta realizada por ciudadanos, afirmó: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie”.
Además, según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el registro de las querellas presentadas, se cuentan alrededor de 3.777 víctimas. De ellos, 2.814 corresponden a hombres (75%), 959 a mujeres (25%) y 591 a niños, niñas y adolescentes (16%).
Sin embargo, del total de las denuncias que se recibieron por hechos de violación a derechos humanos, fueron 6.807 casos, y lo más denunciado fueron golpizas por parte de Carabineros y agentes del Estado, siguiéndole disparos y desnudamientos.
Por consiguiente, fue el 20,2% de mujeres y 10,3% de hombres, que denunciaron hechos de violencia sexual, incluyendo violación, amenazas de violación, tocaciones y desnudamientos.
Algunos de estos casos no obtuvieron justicia, quedando muchos victimarios impunes, y en el caso de las personas que tuvieron alguna resolución en sus casos, las condenas no fueron acorde a la violencia que vivieron.
De hecho, por los delitos contenidos en las querellas, 2.252 corresponden a apremios ilegítimos, 582 a torturas, 223 a violencia innecesaria y 159 se relacionan a otro tipo de vulneración, y del total de estas querellas, hasta el conteo del año pasado (2023) por el informe del INDH, solo hay 33 casos que tienen sentencias condenatorias, firmes y ejecutoriadas.
Entre esta violencia estatal, hubieron posteriormente suicidios en los casos de trauma ocular (como el de Jorge Salvo o Patricio Pardo), el que se suma como consecuencia a la violencia ejercida durante el mandato de Sebastián Piñera y del abandono por parte del Estado en cuanto a la atención, justicia y contención emocional.
Estas cifras de violencia a los derechos humanos en el marco del Estallido Social, nunca tuvieron alguna formalización o consecuencia en la vida del expresidente Sebastián Piñera. Sobre todo, respecto a su responsabilidad como mandatario ante esta vulneración que vivieron 6.807 personas que fueron víctimas de agentes del Estado y la negligencia al abordar estos casos.