El Poder Judicial de Rancagua sigue oliendo a podrido: Investigaciones por corrupción y malas prácticas que persisten

Este viernes 9 de abril serán reformalizados los abogados y ex ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcelo Vásquez Fernández y Emilio Elgueta Torres, quienes fueron removidos del poder judicial en el mes de octubre de 2019,  por graves casos de corrupción y faltas a la probidad; quienes comparecerán en horas de la mañana a la audiencia fijada ante el Juzgado de Garantía de Rancagua junto con otros abogados de la Sexta Región que serán formalizados por los mismos hechos, los que salieron a la luz pública a fines de 2018. Por esto, la Fiscalía abrió investigación contra Cinco funcionarios del tribunal, tres abogados integrantes y 11 litigantes de la Corte.

Gran conmoción pública generó en el país, el mal llamado “Desastre de Rancagua” o “la causa de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua”, que explotó en el mes de noviembre de 2018 a raíz de escuchas telefónicas de una causa de drogas investigada en la Fiscalía de la misma ciudad, en que habría intervenido principalmente el juez Luis Barría Alarcón, concediendo como juez de garantía autorizaciones judiciales contra sus ex jefes, funcionario que curiosamente, al igual que Vásquez y Elgueta, fue objeto de un sumario administrativo en que fue sancionado recientemente por la Corte Suprema, pero a diferencia de ellos, no con la remoción, sino sólo con la suspensión por tres meses de su cargo, pese a que también respecto de él se dieron por acreditados hechos de gran gravedad, por haber acosado sexualmente a 4 funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua, hechos por los cuales además tiene la calidad de imputado en una causa criminal ante el Ministerio Público.

¿Qué sigue ocurriendo en la ciudad de Rancagua, en qué tantas causas de corrupción se han iniciado en contra de miembros del poder judicial y de la Fiscalía?

Consternación hubo a fines del año 2018 -y durante el año siguiente-, por la causa en contra de los ex ministros de la Corte de Rancagua y por la denominada “Batalla de Rancagua” entre los fiscales Emiliano Arias Madariaga y Sergio Moya Domke. Pero la opinión pública se alivió en parte al ver que la corrupción denunciada era perseguida y sancionada en contra de los ex ministros, y también cuando se iniciaron causas para investigar la lucha desatada entre los fiscales. Pero luego -en la segunda mitad del año 2020-, se inició nuevamente un sumario en la Corte de Rancagua, ahora en contra de un juez de Garantía de la misma ciudad, y las alarmas se volvieron a encender en la región. Pero administrativamente todo terminó el día 1 de abril pasado, fecha en que la Corte Suprema por alta mayoría sancionó al magistrado Luis Barría Alarcón por graves casos de acoso sexual en contra de 4 subalternas que trabajan en el mismo Tribunal, a sólo 3 meses de suspensión de funciones y a traslado a un juzgado distinto (que sería la Corte de San Fernando), exponiendo a las funcionarias del nuevo tribunal en que se le nombre, a eventuales vejámenes y abusos de su parte, además, dando una pésima señal de protección e impunidad a hechos, que de acuerdo a los tratados internacionales aprobados por Chile en la materia -que se encuentran vigentes-, son graves atentados a los Derechos Humanos de las víctimas.

A propósito de la causa del Juez Barría, volvió a ser expuesta la red de corrupción y protección que rodea la jurisdicción de Rancagua, ya que tal como evidenció “El Ciudadano” en reportaje de fecha 31 de marzo pasado, sigue obrando la misma red fuertemente para proteger los actos indebidos de altas autoridades de la región.

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Actualmente, junto con la causa penal contra de Luis Barría por abusos sexuales reiterados, actos que aunque acreditados en el sumario administrativo aún no han permitido que sea formalizada la investigación en contra del magistrado por el Ministerio Público, se han sucedido en la región causas criminales en contra de otros funcionarios judiciales en funciones, que tampoco se han formalizado. Así es lo que ocurre en el caso del magistrado titular del Juzgado de Garantía Gianni Libretti Peña, quien terminó de oficio y sin oír a las partes, una arista de la causa Caval. Libretti habría participado -junto a sus amistades judiciales- en el nombramiento fallido de su cónyuge como notaria en la región. También habría pagado un millón de pesos al ex ministro Emilio Elgueta a la época de su nombramiento en su actual cargo, y en contra del actual Juez Titular del Tribunal de Juicio Oral de la misma ciudad, Hernán González Muñoz, implicado en la causa de los ministros al existir escuchas telefónicas de conversaciones con sus amigos ministros y también con el doctor local Luis Arenas, condenado en una causa por tráfico de sustancias ilícitas. Ambos funcionarios a la fecha no han sido formalizados por hecho alguno, pese a ser blancos investigativos en diversas causas.

También se tramita actualmente un sumario administrativo en contra del Administrador del Juzgado de Garantía de Rancagua, Rodrigo Valenzuela Correa, por maltratos reiterados en contra de funcionarias subalternas, encubrimiento de los abusos del Juez Barría -de quien es amigo-, y otros hechos contrarios a la probidad, paralizado por la Corte de Apelaciones de Rancagua sin causa legal alguna, hecho justificado a luces de los conocedores del caso por la amistad y complicidad que tiene con otro ex juez del mismo Tribunal y actual Ministro de la Corte Rancagüina, Michel González Carvajal. La amistad data de cuando el magistrado trabajaba en el mismo Tribunal, ya que ambos iniciaron el Juzgado al comenzar la reforma procesal penal en la región y es tan profunda, que se llaman el uno a otro “hermano», sin duda mantienen una relación cercana, la que han manifestado públicamente, como cuando en la ceremonia de asunción en el cargo de Presidente de la Corte de Apelaciones del día lunes 5 de marzo de 2018, el ministro González agradeció la colaboración de su amigo Rodrigo Valenzuela por su ayuda en su carrera judicial, ante la presencia de múltiples autoridades asistentes. Pero la amistad ha prevalecido para el ministro más que los deberes de probidad en el cargo, por haber seguido interviniendo y aún promovido constantemente como Presidente de la Corte y como ministro visitador del Juzgado en reiteradas ocasiones, medidas adoptadas por el Tribunal de Alzada respecto de la administración del Juzgado de Garantía y haber participado anualmente en forma directa en la calificación de Rodrigo Valenzuela, pese a la inhabilidad que pesaba sobre él por la amistad que los une. Es más, en el reportaje de este medio ya señalado, se muestran fotografías que dan cuenta del actuar del ministro respecto de funcionarias subalternas, similares a los de su otro amigo Luis Barría, que junto a los otros actos del ministro, no han sido investigados ni en el ámbito administrativo ni penal.

Los datos respecto del actuar indebido del Ministro González Carvajal y de otros miembros vigentes de la Corte de Rancagua, no son nuevos, ya que en el abril del año 2019 un medio de prensa sacó a la luz una fotografía de una reunión social con el senador Letelier, en que fueron borrados su rostro y el de su colega Álvaro Martínez Alarcón, manteniendo visibles sólo la fisonomía de otros miembros del poder judicial de la región, como los jueces Gianni Libretti Peña y Hernán González Muñoz, que hasta ahora también han resultado ilesos legalmente a los coletazos de las causas emblemáticas de la región.

Luego de la publicación de la fotografía, el senador Juan Pablo Letelier que aparece en la misma, afirmó que se trataba de una imagen de un almuerzo al que asistió en la región en el año 2016, en que compartió junto a distintas autoridades judiciales de la región de O”Higgins, entre los que se encuentran los funcionarios mencionados, declarando respecto de la ocasión en la red social twitter, el día 11 de abril de 2019, que; “lamenta la mala intención de borrar caras como el fiscal de la Corte, Alvaro Martínez (abrazado) y el ministro de la Corte y ex presidente de la misma Michel González”. En la foto original que se muestra a continuación, al lado derecho del senador y abrazándolo con polera naranja y pantalones claros se encuentra el Fiscal Judicial Alvaro Martínez, y abrazando a éste último, con camisa celeste y chaqueta azul, el ministro Michel González Carvajal; ambos, en los medios de comunicación de la época en que se exhibió la foto, fueron borrados de la fotografías que circuló.

La ocasión que refleja la fotografía, no fue la única vez en que el ministro ha esquivado investigaciones disciplinarias o penales, como sí debieron sufrirlas otros asistentes a la reunión como son los ex ministros Vásquez y Elgueta, luego de estallar los anteriores casos de corrupción en Rancagua, ya que a esa misma fecha Michel González Carvajal era el Presidente de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, periodo de tiempo en que supuestamente eran sustituidas irregularmente las integraciones de las salas del Tribunal de Alzada para favorecer la vista de causas en que intervenían ciertos abogados, lo que a él no se le reprochó como sí a los miembros expulsados de la misma Corte, sino que además en esa época, firmó reiteradamente nombramientos en la jurisdicción de una hija del ex ministro Vásquez Fernández durante su presidencia, al igual que otros colegas en ejercicio de la Corte de Rancagua. Pero pese a que para cometer el delito de nombramiento ilegal del artículo 220 del Código Penal, no se exige vínculo de parentesco entre quien nombra en un cargo con el ilegalmente designado, tampoco le han sido imputados cargos ni penales ni administrativos.

Fuentes refieren también, que la telaraña de amiguísimos que perpetúan la impunidad de los hechos que se denuncian en este reportaje, no sólo permean el poder judicial de la sexta región, sino también a otras ramas de los órganos y servicios públicos de la misma localidad, que justificaría eventualmente que las causas criminales que debieran seguirse o iniciarse para evitar estos hechos no prosperen.

Así, el contacto cotidiano o amistades derivadas de prácticas deportivas comunes, o actividades de apoderados de los mismos colegios y aún, roles académicos en las mismas instituciones educacionales, entre otras muchas propias de localidades pequeñas como la sexta región, que sin justificar el actuar indebido de autoridades que tienen cargos que exigen actuar ministerial probo y honorable, generan el caldo de cultivo necesario para perpetuar estas conductas, lo que debería llamar a las autoridades del poder judicial, al Ministerio Público y del poder político a debatir sobre la necesaria rotación en las funciones públicas y la imposibilidad de ascenso en la misma comuna o región en que las autoridades han trabajado previamente y por mucho tiempo, para evitar de algún modo que se produzcan y escondan conductas como las denunciadas en este reportaje. Hasta ahora, a pesar de los anuncios y tibias medidas, el poder judicial en la sexta región sigue oliendo a podrido.