Chile posee el 44% de las reservas mundiales de litio. Al mineral se la ha dado el sobrenombre de «oro blanco» por su extendido y fundamental uso en la industria tecnológica. Decir que el litio es un recurso estratégico para Chile es quedarse corto.
Es por todo lo anterior que la gestión respecto a la licitación de este mineral, calificada por muchos de atropellada e impertinente, impulsada por el gobierno saliente del presidente Sebastián Piñera, ha sido fuertemente criticada por buena parte del Parlamento y la sociedad.
Si nada cambia, el próximo 14 de enero se darán a conocer las empresas privadas -nacionales y trasnacionales- encargadas de explotar 400 mil toneladas de litio en Chile, gracias a los derechos cedidos por el gobierno a menos de dos meses de terminar su administración.
La información no es para tod@s
El 13 de octubre del año pasado la Comisión de Minería y Energía del Senado ofició al Ministerio de Minería y Energía para que entregara antecedentes de la licitación. Debido a la poca información y secretismo con la que se estaba llevando el proceso.
“Lo curioso es que no se establece localización, no se establece las tecnologías ambientales que se van a utilizar. No se dice en qué salar se va a instalar la explotación”, indicó Yasna Provoste, presidenta de la comisión, en aquella oportunidad.
El pasado 22 de diciembre llegó la respuesta del gobierno, la que solo contribuyó a levantar más dudas y sombras sobre el proceso. El documento compartido por el medio La Red.cl señalaba, entre otras cosas, que las bases de licitación “no tiene carácter público, toda vez que sólo pueden tener acceso a su contenido aquellas personas que hayan adquirido dichas bases”.
Lo anterior significa que ni siquiera los y las senadoras de la República pueden tener acceso a las bases de esta licitación. Uno de los argumentos que da el documento firmado por el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, sobre esta confidencialidad es que se debe “resguardar los derechos adquiridos por los terceros interesados en el proceso”, por lo menos hasta que el proceso de adjudicación finalice. Nuevamente, instituciones públicas al servicio de los grandes grupos económicos.
El abogado y asesor de la senadora Yasna Provoste, Rodrigo Vega, posicionó el tema en redes la noche de este miércoles. El también abogado y master en Ciencias Políticas, Gabriel Alemparte, contribuyó al debate informando que todos y todas aquellas que quieran tener las bases deberán pagarlas por $200.000. Un atentado contra la transparencia.
El proceso de licitación que permite 5 cuotas de 80 mil toneladas, según la respuesta del subsecretario de Minería, le queda a la medida a SQM, quien tiene un contrato de con Corfo que debiera terminar en 2030. En caso de adjudicarse esta nueva licitación podrían seguir operando por casi 20 años más.
De esta forma, el proceso se mantiene en secreto mientras avanza apresurado, con pocas o nulas certezas sobre las implicancias sociales y ambientales que tendrá esta licitación sobre las comunidades, salares y territorios que guardan el litio de Chile. Existen medidas parlamentarias para frenar el proceso, sin embargo, en esta licitación contra reloj ¿Quiénes llegarán primero?
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