El último «engaño» del gobierno: la firma del TPP

Foto: Emol

La tarde de este jueves, a las 15 hrs, la Mandataria Michelle Bachelet estampó su rúbrica en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) -más conocido como TPP-11- y consideró la ocasión como un “momento histórico”, pues es el tercer mayor tratado comercial del mundo, que considera a once países que representan un mercado de unas 500 millones de personas.

El CP-TPP (ó TPP-11) ha sido firmado por los cancilleres de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, además de Heraldo Muñoz en representación de nuestro país. Sin embargo, en las afueras de la ceremonia oficial en el Hotel Crowne Plaza, las organizaciones aunadas en Plataforma Chile Mejor Sin TLC se manifestaron en contra de dicho acuerdo comercial multinacional.

Este es “un nuevo engaño del gobierno”, sostiene Lucía Sepúlveda, integrante de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-AL) quien también participa de la plataforma, pues explica que desde el gobierno han insistido en que se eliminaron algunos artículos que se consideraban perjudiciales para nuestro país, pero en realidad solo están “suspendidos y van a ser repuestos en cuanto así lo dispongan”. Pero lo más importante, es que Chile pierde soberanía pues se establece un procedimiento en el cual se supervigilan las leyes del país, por medio de un sistema de resolución internacional de controversias, en el cual el Estado puede ser demandado por los inversionistas extranjeros para detener cualquier modificación que pueda perjudicar sus ganancias.

Si Chile hace una modificación que “no le gusta a los inversionistas extranjeros -que son los dueños de las AFPs, de algunas universidades, de los grandes laboratorios, de las semillas transgénicas, de los medicamentos, o en leyes para los trabajadores y trabajadoras-, puede implicar una demanda al Estado, por lo que perdemos soberanía”, explica Sepúlveda quien agrega que tanto el rol del Congreso como el de los Tribunales de Justicia se convierten en una “cosa decorativa”. Esto porque los inversores pueden demandar al Estado cuando consideren que sus expectativas de ganancias van a ser dañadas, pero el país no puede demandarlos, explica.

Este nuevo acuerdo no tiene que ver tanto con el comercio, sino más bien con ámbitos de la vida cotidiana como lo es la salud, la alimentación, la información, el acceso a una previsión digna, y por eso están luchando, porque desde la Plataforma Chile Mejor Sin TLC consideran que “lo último que nos queda por defender es nuestro derecho a cambiar nuestra realidad y eso es lo que está cuestionado por estos tratados de nueva generación que son garantías para los inversores extranjeros”.

Reunión de los 11 miembros en noviembre de 2017 en Tokio.
Fuente: Emol

Es más, Sepúlveda menciona que hace unos días en Europa se acaba de dictar un fallo donde se establece que este sistema internacional de controversias en la resolución de conflictos es considerado como ilegal, y Chile está aprobando justamente un sistema que “opera como un candado para las demandas de los movimientos sociales… y nosotros que queremos recuperar el agua, la semilla, tener medicamentos con salud para todos y todas… aunque lográramos en el Parlamento establecer algunos cambios de fondo, van a ser biocoteados por las disposiciones de este nuevo tratado”.

Frente a esta tozudez del gobierno chileno de insistir en levantar el TPP-11 -recordemos que una vez que Trump anunció que Estados Unidos no firmaría dicho acuerdo comercial, Chile salió a reflotarlo- queda una lucha larga al interior del nuevo Parlamento pues, es el nuevo Congreso quien tendrá la responsabilidad de aprobar o rechazar el acuerdo, sin hacer indicaciones o modificaciones a artículos específicos. Por eso, algunos diputados electos ya han anunciado su rechazo a este tratado.

La necesidad de que se evalúen los impactos de los tratados de libre comercio

Más allá de la campaña específica para que el Congreso rechace este acuerdo multinacional, Lucía Sepúlveda anuncia que como organizaciones sociales exigen una discusión sobre los impactos que han tenido los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito, pues solo se evalúa la balanza de pago, pero no otros aspectos como el social o medioambiental.

Con esta evaluación los parlamentarios podrán ver la conveniencia de rechazar este nuevo acuerdo, puesto que “nunca se ha hecho una evaluación integral de los impactos ambientales, sociales o laborales de estos tratados”, explica la dirigente, quien agrega que nunca se ha calculado cuánta agua ha perdido Chile producto de la exportación de materias primas, o la pérdida de biodiversidad en cuanto a la semilla tradicional que ha sido reemplazada por “todos los inventos de laboratorio”, expresa. Tampoco se han visto las condiciones laborales, pues “ya no hay empleos de calidad en el país, no hay industria porque todo nos llega de afuera”, por eso es necesario evaluar la dependencia que significa esto en términos alimentarios y de necesidades generales.

Para la Plataforma Chile Mejor Sin TLC es que las condiciones laborales han empeorado y se han vulnerado los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Esto ocurre porque “el arroz llega de afuera y los porotos también, los campesinos del país no tienen precios para su producción y todos esos son impactos que nunca han sido analizados”, comenta Lucía Sepúlveda quien agrega que tampoco se ha evaluado la salud de los temporeros y temporeras que trabajan con químicos y que tienen efectos cancerígenos en ellos y malformaciones congénitas, además del daño ambiental.

“Todo eso es vulnerar los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras y hasta el momento no existe como impacto respecto de los tratados puesto que solo se habla de la balanza de pagos, cuánto importamos y cuánto exportamos y pare de contar”, manifiesta Sepúlveda, quien agrega que esa mecánica tiene que cambiar hoy porque “estamos en otro Chile, con una ciudadanía más consciente y porque los movimientos sociales van a imponer que se discuta”.

El Ciudadano