Durante el pasado jueves, el juez Marcelo Martínez de Giorgi declaró en rebeldía Hebe de Bonafini, la dirigenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Argentina.
«Está vigente una orden de captura y una prohibición de salida del país. La orden de captura implica que ella puede ser detenida en cualquier momento«, señaló Martínez de Giorgi. La dirigenta no presentó a declarar por segunda vez en una causa por presunta defraudación al Estado.
Hebe de Bonafini, de 87 años, no acudió a los tribunales y su decisión significó que el juez ordenara el allanamiento de la sede de las Madres de la Plaza de Mayo. Al llegar a detenerla, sin embargo, Bonafini logró escapar en un vehículo.
«A partir de ahora ella puede ser detenida. La evaluación excede las directivas que yo pueda dar, está en manos de las fuerzas de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad pueden disponer la inmediata detención donde lo consideren oportuno y prudente», recalcó el juez.
La causa que se investiga es conocida como «Sueños Compartidos» y tiene que ver con un supuesto fraude -de 10 millones de dólares- al Estado a través de un programa dedicado a la construcción de vivienda sociales, que era administrado por las Madres de la Plaza de Mayo.
Bonafini cuenta con el respaldo de los simpatizantes de las Madres de Mayo, conocidos por sus vínculos con el kirchnerismo y la ex presidenta Cristina Fernández. En Argentina, es conocida su labor en defensa de los Derechos Humanos y las dos décadas que lleva marchando por sus dos hijos y nuera desaparecidos durante la dictadura. Ante la advertencia del juez, la dirigenta habría respondido: «Si me quieren meter presa, que me metan».
La investigación lleva meses, pero fue a partir de junio que el juez reemplazante decidió imputar a Bonafini y las Madres por el caso, ya que el juez anterior las consideró «víctimas de la defraudación». Por ello, la organización ha apuntado a la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri en las acusaciones.