En defensa de la Ley Lafkenche: Masivo apoyo de Pueblos Originarios a recurso de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad presentado por 41 diputados y diputadas contra indicación que atenta contra Ley Lafkenche

Más de 40 diputados y diputadas, del Partido Socialista y diferentes bancadas del oficialismo, presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) contra las actuaciones de la Cámara de Diputados y el Senado en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025. El conflicto surge por la inclusión del artículo 48, que suspende el procedimiento de reconocimiento de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), contemplados en la Ley Lafkenche. Según los parlamentarios, la indicación vulnera la Constitución al desnaturalizar la ley de presupuestos, infringiendo los artículos 65, 67 y 69 de la Carta Magna.

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El artículo 48, introducido inicialmente por los diputados Mauro González y Marcia Raphael, fue declarado inadmisible por la Mesa de la Cámara, pero el pleno revocó esta decisión y lo aprobó. Posteriormente, el Senado ratificó la disposición sin modificaciones. Los firmantes señalaron que esta acción contradice las reglas constitucionales en materia presupuestaria, de ideas matrices y de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Además, criticaron la falta de un análisis profundo del artículo durante el tercer trámite legislativo.

El requerimiento solicita al TC declarar la inconstitucionalidad del artículo 48 y su eliminación del proyecto de ley, considerando que su aprobación transgrede el criterio establecido por la Constitución y afecta los derechos de las comunidades indígenas sobre el uso consuetudinario de los espacios marinos costeros.

Reacción desde comunidades y organizaciones en defensa de la Ley Lafkenche y en apoyo a recurso de inconstitucionalidad

Diversos actores sociales y comunidades originarias han alzado sus voces en defensa de la Ley Lafkenche, destacando su importancia para la protección del borde costero y los derechos culturales de los pueblos indígenas.

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Representantes de comunidades indígenas y organizaciones socioambientales han calificado esta decisión como un ataque directo a los derechos consagrados de los pueblos originarios. «Exigimos al presidente Gabriel Boric que ejerza su facultad de veto para frenar esta indicación inconstitucional que vulnera derechos protegidos por el Convenio 169 de la OIT», señalaron en una declaración pública firmada por representantes de diversos pueblos indígenas.

La diputada mapuche huilliche, Emilia Nuyado, declaró:  “Claramente aquí hay presiones de los sectores empresariales y de la industria pesquera que pretenden burlar la ley Lafkenche y eso no lo vamos a permitir. Aquí la oposición demuestra que tienen ningún respeto por los derechos de los pueblos originarios y que tampoco le interesa establecer un diálogo para lograr la Paz”.

Desde la comunidad Kawésqar Nómades del Mar, Leticia Caro también criticó la indicación legislativa. «Nos oponemos rotundamente a esta medida, que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y demuestra un desprecio hacia nuestra ancestralidad marítima», afirmó. La diputada Emilia Nuyado, por su parte, enfatizó que esta iniciativa obedece a presiones de la industria pesquera y carece de diálogo con las comunidades afectadas. «No permitiremos que se burlen los derechos de los pueblos originarios ni que se ponga en riesgo la paz», aseguró.

Ruth Caicheo, werken,  concejala y alcaldesa suplente de Ancud, expresó en redes sociales su rechazo a la postura de algunos parlamentarios: «Es tiempo de que el diputado Mauro González comience a respetar a los pueblos originarios. No es posible que actúe solo en favor de la industria salmonera, dejando de lado los derechos fundamentales de los habitantes originarios. Esto es discriminatorio».

En una consulta nacional indígena realizada en la región de Los Lagos, decenas de dirigentes de 5 pueblos originarios denunciaron la suspensión de solicitudes de ECMPO como una «persecución sistemática» contra sus derechos. También criticaron la falta de consulta previa en las modificaciones propuestas a la Ley Lafkenche, recordando que esta normativa fue impulsada originalmente por senadores comprometidos con la protección del mar como bien colectivo y cultural. «No es solo un recurso, es nuestra historia y nuestra identidad», declararon.

Desde la región de Aysén, más de veinte comunidades y organizaciones socioambientales han respaldado la acción parlamentaria que busca declarar inconstitucional la medida aprobada en el Senado. Estas organizaciones señalaron que las propuestas de los diputados Mauro González y Marcia Raphael reflejan intereses ajenos a las comunidades locales y a la protección del borde costero. Daniel Caniullán Huentel, dirigente indígena de Aysén, lamentó que los territorios amparados por la ley estén cada vez más amenazados por la contaminación y la expansión de actividades industriales.

Sofía Cabero Rifo, presidenta de la comunidad Fotum Mapu de Islas Huichas, calificó la aprobación de la indicación como un «acto de racismo» que vulnera los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios. «Esto es un retroceso para los derechos que hemos logrado a través de acuerdos internacionales», declaró, señalando a la industria salmonera como uno de los principales beneficiarios de estas medidas.

Las organizaciones han advertido que la salmonicultura intensiva en la Patagonia está generando impactos ambientales irreversibles, como la proliferación de algas nocivas, virus y residuos químicos en las aguas australes. «Está en curso una grave campaña de la industria salmonera que atenta contra la democracia y los Derechos Humanos, excluyendo a sectores de la sociedad del debate público», denunciaron.

Álvaro Montaña, geógrafo del movimiento Defendamos Chiloé, en una publicación en el Diario El Llanquihue,  expresó al respecto sobre la indicación: “los más perjudicados con una eventual modificación a la ley serían los orilleros, orilleras, buzos, recolectores de orilla, pescadores artesanales, carpinteros de ribera y, por supuesto, las comunidades indígenas”.

“De llegar a aprobarse la modificación a la ley y a la suspensión de la misma, estaríamos hablando de alrededor de 17 mil familias que van a ver afectados sus empleos”, atribuyó, junto con criticar los respaldos a la indicación en el Congreso: “Esta ley es la única que permite que todos y todas los usuarios de los bordes costeros puedan seguir desarrollando sus actividades, que están protegidos en su artículo 11 letra b que dice que pueden seguir desarrollando las actividades que hacen. Muy por el contrario de lo que hoy se ha difundido de manera propagandista, que dicen que esta normativa atenta contra los derechos y no es así, esta es la única vía que permite a todos ocupar el mar”.

Desde la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, en una reciente publicación en el medio Resumen.cl, aseveraron que el rechazo a esta indicación es categórico, porque, de concretarse no solo paraliza las tramitaciones, sino que invisibiliza los esfuerzos históricos de los pueblos originarios por proteger y resguardar sus prácticas culturales, económicas y espirituales en los territorios costeros: “Esta indicación obliga a que el 62% de las solicitudes de ECMPO, que hoy se encuentran en trámite a nivel nacional, sean resueltas en un plazo de seis meses. De no ser así, las solicitudes serían rechazadas, desconociendo el procedimiento administrativo establecido en la propia ley que hoy señala que: por petición de la SUBPESCA, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) deberá pronunciarse dentro del plazo estipulado por ley; de lo contrario, la solicitud se dará por aprobada (Art. 8 Ley 20.249, título II procedimiento)”, señalan.

También destaca la publicación de la Red de Mujeres: “La medida atenta contra el rol que desempeñan las mujeres originarias en la defensa de los territorios, no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que saca del centro del debate el desarrollo sostenible, el cuidado y protección de los territorios, espacios costeros y los bienes comunes naturales”.

Defensores de la Ley Lafkenche destacan que esta normativa no es excluyente y que su implementación requiere la coordinación entre los pueblos originarios, pescadores y otros sectores interesados, garantizando a su vez la protección de la biodiversidad en los ECMPO. Además, subrayan que la ley respeta las concesiones industriales ya otorgadas, desmintiendo afirmaciones de que obstaculiza el desarrollo económico.

De esta forma, con un llamado a la unidad, las comunidades y organizaciones reafirmaron su compromiso con la defensa de sus derechos y territorios. «Los ECMPO no son solo espacios, son parte de nuestra herencia cultural y un pilar para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos», concluyeron en una declaración conjunta de 5 pueblos originarios, instando a las autoridades a priorizar el diálogo y el respeto hacia los derechos indígenas, como camino para resolver los conflictos actuales.