En medio del proyecto que busca perdonazo en el Congreso, las Isapres obtuvieron ganancias por más de $9.000 millones

“Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas” es una frase recurrente cada vez que estalla un escándalo como en el que, una vez más, se ven envueltas las Isapres.

Tras largas discusiones, el pasado lunes el Senado despachó a la Cámara Baja la denominada “Ley corta de Isapres”. En dicho proyecto se aprobó una indicación que busca disminuir la deuda que presentan las aseguradoras con sus afiliados pasando de US$1.180 a US$470 millones.

Es en este contexto que saltan las millonarias cifras de utilidades que han conseguido las Isapres en el último tiempo.

Pese a la inflación o los conflictos armados que atraviesan al mundo, todo parece indicar que los costos los pagaran los usuarios, y no los responsables.

Sin ir más lejos, Consalud, la Isapre ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a septiembre del 2023 reportó ganancias por más de $17 mil millones.

Nueva Más Vida, controlada por el Grupo Nexus Partners, obtuvo más de $5 mil millones en ganancias.

Distinta suerte corrió Banmédica, Esencial y Cruz Blanca quienes reportaron pérdidas por más de $9 mil, $3 mil y $5 mil millones, respectivamente.

Cabe recordar que…

Las Isapres fueron creadas en 1981, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Actualmente cuentan con, aproximadamente, el 17% de la población con mayores ingresos del país, mientras que en Fonasa cotiza una cifra cercana al 80%.

Origen del conflicto

Por las constantes e injustificadas alzas en sus planes de salud, miles de afiliados a las Isapres recurrieron a la justicia en busca de una solución.

Ante los contundentes fallos de la Corte Suprema entre noviembre del 2022 y agosto del 2023, que ordenaron a devolver de manera retroactiva los cobros excesivos a sus afiliados y fijar el precio máximo a cobrar por el conjunto de Garantías Explícitas de Salud (GES), principal fuente de oxígeno de las Isapres, estas comenzaron a tambalear más de lo normal.

Previendo dicha situación, alertaron que sus ingresos caerían un 12% mensual, no pudiendo cubrir los gastos de sus afiliados.

Entre rumores de quiebras y una caída masiva del sistema privado de salud nacional, el gobierno de Gabriel Boric envió al Congreso la “ley corta”, intentando evitar que de un momento a otro arribara una gran cantidad de afectados a Fonasa, pudiendo sobre colapsar la red de salud nacional.