En el año 2020, el diputado oficialista Diego Ibáñez (CS), presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo crear un nuevo cuerpo normativo, que busca regular los usos de terrenos afectados por incendios forestales. Lo anterior, debido a que los incendios forestales se han transformado en una preocupación pública y un problema de seguridad en Chile, ya que, entre los años 2003 y 2017 se quemó una superficie total de 1.427.000 hectáreas, de las cuales 61% corresponde a bosque nativo -se lee en el estudio “Chile necesita un Nuevo Modelo Forestal”-. Incluso, según informes de CONAF, entre 2003 y 2018 el 97% de la ocurrencia de incendios forestales se concentró entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, siendo las regiones más críticas la de Valparaíso, Biobío y La Araucanía.
Otro dato que preocupa, es la causalidad y ubicación de estos desastres naturales, puesto que, el 98% de los incendios forestales son provocados por la acción humana, mientras en un 87% corresponde a negligencias o incendios intencionales. En tanto el 1% de estos obtiene resultados de pericias policiales por lo cual existe duda sobre sus reales responsables. Respecto a su ubicación, en un 80% ocurre en la interfaz urbano-rural, «los cuales concentran los recursos de extinción, crean alarma pública y generan los mayores daños» -se lee en el proyecto de ley-.
«Los antecedentes anteriormente mencionados, sumado a la usanza histórica de los incendios intencionales como herramienta para la eliminación de bosques y el despeje de terrenos para la expansión habitacional o agrícola, han instalado en la opinión pública la idea de que ciertos incendios se provocan con un interés de expansión inmobiliaria, a pesar de estar prohibido y penado en nuestra legislación. Al no existir normativa dirigida a ordenar la reconversión o recuperación de terrenos afectados por incendios forestales, “la utilización del fuego para acceder a terrenos cotizados para establecer proyectos inmobiliarios o industriales pudiese ser una herramienta a considerar, la cual es de fácil acceso, rápida y económica”, detalló la moción parlamentaria.
Según la tesis investigativa “Construyendo sobre cenizas ¿Son utilizados los incendios forestales como una herramienta informal para la expansión urbana de Chile central?” -del año 2017-, entre los años 2006 y 2016, se registraron 2.071 incendios forestales intencionales. Es más, en la región de Valparaíso se identificaron al menos tres sectores en las comunas de Valparaíso, Quilpué y San Antonio en los cuales, posterior a incendios forestales en terrenos dentro o aledaños al límite urbano, se desarrollaron proyectos inmobiliarios o industriales.
«Se identificaron proyectos urbanos e industriales que se construyeron en terrenos afectados por incendios forestales en cuatro sectores del país, ubicados en las comunas de Valparaíso, Quilpué, San Antonio y Puerto Montt. Por lo tanto, en Chile existen antecedentes que pueden relacionar de forma contingente el establecimiento de proyectos urbanísticos y los incendios forestales (…) En estos lugares a través de un análisis espacio-temporal se identificaron proyectos urbanos que se construyeron en terrenos afectados por incendios forestales», precisó «Construyendo sobre cenizas».
En el proyecto de ley del diputado Ibáñez, también se mencionó que en un sector de Quilpué, ocurrieron nueve incendios forestales con causa catalogada en su mayoría como “uso de fuego por transeúntes” (entre el 2006 y 2009), y que luego de lo cual en 2010, luego de registrarse dos años sin siniestros, la zona estaba totalmente construida.
En el caso de Valparaíso -en Tranque La Luz-, con 10 incendios entre el 2010 y 2012, se efectuó la construcción de proyectos inmobiliarios en el año 2013 en los suelos siniestrados. A diferencia de Quilpué, la dinámica se habría mantenido durante los años 2014 a 2016 en los terrenos aledaños, cuando el director regional de CONAF reconoció el conflicto entre el desarrollo inmobiliario y los incendios en la zona ante las denuncias de la comunidad. Y en cuanto a San Antonio ocurrieron 19 incendios (2010-2012), sumados a 30 en los sectores aledaños, constituyéndose en el año 2014 obras industriales (en dichas zonas).
Finalmente, el proyecto de ley que contiene un artículo único, establece que en caso de incendios en que se quemen bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 20.283, queda prohibido realizar cambios en el uso del suelo siniestrado por medio de modificaciones a instrumentos de planificación territorial, y solicitudes y concesión de permisos de edificación, subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, en los terrenos que fueron parte de la superficie incendiada.
Ante la lentitud en la aprobación de este proyecto que duerme en el Congreso desde hace cuatro años, El Ciudadano conversó con Diego Ibáñez, quien sostuvo que la ley de incendios la presentaron en el año 2020 y todavía sigue sin votarse en Sala, por lo que el Gobierno presentó un proyecto que incorpora esta ley y es mucho más completo, ya que, le dio discusión inmediata, pero no se pudo votar en Sala durante enero.
-Debemos generar una zona de interfaz entre el límite urbano con el suelo rural, para que sea obligatorio hacer cortafuegos y dejar pasos habilitados para vehículos de emergencia. Así también, el suelo siniestrado debe tener una regulación especial para evitar la especulación inmobiliaria, propender a la reforestación con bosque nativo y cuidar que no proliferen especies inflamables. La ley debe aprobarse rápidamente y hacemos un llamado al Congreso a tomar consciencia de que las olas de fuego cada año serán más feroces-, explicó Ibáñez.
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