España multa por primera vez a una compañía eléctrica por cortar el suministro a una familia

Como parte de los nuevos tiempos, algunos países del mundo adaptan su legislación en la búsqueda de protección social a las familias más vulnerables

En España, tras tres años de litigio, el ayuntamiento de la ciudad de Barcelona gana a la empresa eléctrica Endesa Energía XXI SLU el primer juicio por el incumplimiento de la Ley 24/2015. El juez ha sancionado a la empresa a pagar 10.001 euros por cortar la luz a una familia vulnerable sin avisar a servicios sociales.

Los antecedentes de este histórico fallo fueron presentados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los casos vienen desde el año 2017 y, hasta la fecha, el Ayuntamiento ha abierto más de 74 expedientes y ha impuesto 27 multas a empresas eléctricas por cortar la luz a familias sin recursos, sin informarles previamente de los derechos que tienen, de acuerdo con la ley de la pobreza energética.

Por su parte, la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Feminismo de Barcelona, Laura Ortíz, explicó que se trata de una sentencia «pionera» en la ciudad contra la que no se puede presentar recurso de apelación, aunque ha admitido que la empresa la podría recurrir por vías extraordinarias.

El juez de lo contencioso administrativo número 15 de Barcelona concluye en su fallo que, tal como recogía el expediente sancionador abierto por el consistorio, Endesa incumplió el artículo 6.4 de la ley catalana de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

En la sentencia se establece que la empresa «debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión social», antes de realizar el corte de suministro, y la compañía no lo hizo.

En una rueda de prensa este jueves, detalló la Alcaldesa que el corte de suministro se produjo en mayo de 2017 a una familia vulnerable con tres hijos a cargo, del barrio de Horta, sin que previamente se pidiera a los servicios sociales el informe para determinar si se encontraban en riesgo de exclusión residencial, un hecho que el juez ha considerado «grave».

El Ayuntamiento de Barcelona tiene en la actualidad abiertos un total de 19 expedientes a compañías eléctricas por incumplimiento de la ley de pobreza energética, en la mayoría de casos por no pedir el informe sobre vulnerabilidad. Otros 9 casos están ya cerrados a la espera de cobro o de nuevas sentencias. Las empresas con más sanciones son Endesa y Naturgy.

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