Estallido social: Las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Piñera que siguen impunes

Tan solo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las 10,568 denuncias presentadas, han conseguido justicia

Seguel Alfredo

19/10/2023 10:30am

En la denominada revuelta social o estallido social, que comenzó en octubre de 2019 hasta el confinamiento por la pandemia, se cometieron miles de violaciones.

A partir del 18 de octubre de 2019, se levantó en Chile una de las mayores rebeliones en la historia republicana que ha sido conocida popularmente como “El estallido o la revuelta social”, impulsado previamente por un movimiento de estudiantes de secundaria y que luego movilizó por meses a millones de personas en el país exigiendo cambios estructurales en diversos temas sociales luego de años de acumulación de injusticias y desigualdades: Previsión, salud, educación, medio ambiente, aguas, vivienda, contra la corrupción, entre otras demandas, eran parte de las voces que se escuchaban en las calles del país.

En ese marco, se hacía alusión de la ilegítima Constitución Política impuesta en dictadura, considerada el instrumento para el saqueo y privatización de diversos bienes, servicios y de la naturaleza a favor de elites.

Los abusos, atropellos y la ineficiencia del gobierno ante las demandas sociales, llevó también a que el Presidente Piñera haya obtenido la mayor desaprobación en la historia, con un 9,1 % de aprobación el 6 de noviembre del 2019 según encuesta Activa Research; un 4,6 % de aprobación el 2 de diciembre del 2019 también por Activa Research; y, un 6 % de aprobación según encuesta empresarial CEP dada a conocer el 16 de enero del 2020.

Lo más crítico sin lugar a dudas fue la seguidilla de actos violación a los derechos humanos contra miles de manifestantes en Chile, que dieron cuenta de una profunda responsabilidad del ejecutivo y del alto mando de la institución de Carabineros, sin olvidar las violaciones cometidas por agentes militares entre el 18 y 28 de octubre del 2019, durante el periodo del estado de excepción constitucional decretado por Piñera.

Las violaciones a los derechos humanos

El informe dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reportó un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares.

De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH presentó 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas.

Más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, calcula el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH). Por su parte, Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020 e indicó 5.558 casos que investiga de víctimas de violaciones a DD.HH.

Impunidad e injusticia

Con respecto a la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante el estallido social, Amnistía Internacional ha señalado que, las medidas que ha adoptado el Estado han sido limitadas y no ha existido una política de reparación integral como corresponde.

La organización de derechos humanos, llama al Estado a diseñar una política pública de reparación integral basada en los estándares internacionales sobre la materia y que disponga medidas adecuadas para garantizar su implementación y continuidad. Además, debe estar cubierta por el presupuesto nacional y contar con mecanismos genuinos, transparentes y públicos de participación de las víctimas.

“Sin duda, el escenario es más desolador que el de años anteriores, pues tan solo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las 10,568 denuncias presentadas, han conseguido justicia. Las 27 condenas que existen son un número ínfimo que preocupa. Además, nos encontramos ante una cuenta regresiva respecto a la prescripción de casos relacionados con la brutalidad policial, pues lo que implica que una parte importante de los casos no se podrá seguir investigando al cumplirse cinco años desde los hechos. En efecto, de acuerdo al derecho interno, el período de cinco años puede ser utilizado por el Estado para evitar la rendición de cuentas penal de sus agentes en la mayoría de los casos, lo que Amnistía Internacional sin duda rechaza”, menciona Rodrigo Bustos.

La crueldad de los casos de violencia estatal fue documentada por Amnistía Internacional en su informe Ojos sobre Chile. Violencia policial y responsabilidad de mandos durante el estallido social, el cual señala que los medios y técnicas instauradas por los mandos de Carabineros dieron lugar a la violación generalizada del derecho a la integridad personal. Sin embargo, a la fecha ningún alto mando de Carabineros ha sido imputado por su presunta responsabilidad.