El pasado 4 de junio, y en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la audiencia por la querella por el delito de injuria interpuesta por la exdiputada y actual funcionaria de la Municipalidad de La Reina, Andrea Molina, en contra de la directora de este medio, Josefa Barraza; todo lo anterior en el contexto de una nota informativa que revelaba un posible nexo entre Molina y el caso Factop -publicada en marzo pasado-.
Respecto a esto, el tribunal resolvió que El Ciudadano no cometió el delito de injuria en contra de Molina, puesto que, solo realizaron el acto de informar respecto a un hecho de connotación pública, por lo que se acogió la petición de sobreseimiento definitivo a favor de Josefa Barraza; lo que fue solicitado por el abogado Mauricio Daza, ya que, por querellas de este tipo «se limita la libertad de expresión».
Incluso, en la audiencia se cuestionó que la exparlamentaria interpusiera una acción judicial en contra de este medio, y no Ciper, quienes revelaron las millonarias transferencias del caso Factop.
Sin embargo, la exdiputada presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de apelación en contra de Barraza, con el objetivo de revocar la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, puesto que, según su abogado, Andrés Bustos, «las publicaciones efectuadas contribuyen sin lugar a dudas a denostar el derecho a la reputación de mi representada».