En junio de este año, la ex jefa de la Unidad de Intervención de Crisis del Sename, Rina Montt Marchant, dirigió una carta al presidente de la Corte Suprema en la que denunció que “la justicia chilena se subordinó al poder” durante la emblemática investigación del caso Spiniak, ignorando presuntas irregularidades cometidas por agentes del Estado.
Desde el autoexilio, la psicóloga volvió a negar su participación en “montajes” o “asociaciones ilícitas” que pretendieran inducir el testimonio de menores de edad hacia la mención de políticos en las orgías de Claudio Spiniak. Dicha acusación, levantada desde el seno de la UDI en 2004, tuvo su mayor impulso cuando la llamada “testigo clave” del caso, Gemita Bueno, retractó la imputación de supuestos abusos sexuales cometidos en su contra por el senador Jovino Novoa.
En su mensaje al ministro Sergio Muñoz Gajardo, Montt afirma que sólo sirvió como “chivo expiatorio” del Sename para explicar la validación de los dichos de Gema y los menores Carlos Acevedo y José Alegría que posteriormente aparecieron desacreditados ante la opinión pública. Dice que no se involucró de propia iniciativa en el caso, sino que lo hizo “por órdenes perentorias impartidas por la directora nacional del Sename (Delia del Gatto), a través de la abogada Marcela Neira Vallejos”.
“La justicia chilena se subordinó al poder, especialmente el 33 Juzgado del Crimen con su jueza Eleonora Domínguez, quien se prestó en forma muy irresponsable y dolosa, según mi opinión, para investigar el delito denunciado por la UDI de ‘asociación ilícita terrorista’, aun sabiendo que no tenía ninguna prueba válida”, escribió la ex funcionaria.
Asimismo señaló que “hasta ahora me he vuelto invisible. Antes era tan visible que los periodistas me inventaban entrevistas, como lo hizo Juan Walker, del Diario La Nación, donde sacó un reportaje que decía que yo había ideado la técnica de ‘habilitación de recuerdos’, a la cual el señor Ávila (Nelson) le sacó muchos dividendos”.
Montt también se encarga de cuestionar el sumario que en 2012 la condenó por supuesto ejercicio ilegal de la profesión, proceso al que su defensor no llegó a practicar los alegatos. “(…) tuve 14 abogados, algunos desistieron por causas que ignoro y otros fueron amenazados”, sostiene.
“Todo lo que hizo la justicia conmigo, como meterme presa por falso testimonio y ejercicio ilegal, se fundamentó en pruebas ilegales como son las fotocopias simples o una confesión adulterada por un obsecuente oficial de Carabineros de Chile”, agrega la mujer. Montt identifica a este funcionario como Gonzalo Abelardo Alveal Antonucci, el mismo teniente coronel en retiro que fue investigado por el caso de las escuchas telefónicas ilegales de la Dipolcar en 2013, y a quien la propia jueza Domínguez habría calificado como un “mal investigador” cuando la interrogaba sobre el involucramiento de políticos en el caso Spiniak.
La profesional que sirvió de enlace entre el ex juez Daniel Calvo y algunas víctimas de la red pederasta, y que en su currículum cuenta con cursos en Scotland Yard, denunció que el oficial anteriormente aludido la sometió a “apremios psicológicos y emocionales para que declarara como él quería, incluso no estando la jueza presente, y como no lo logró, lisa y llanamente cambió partes de mi declaración e incluso falsificó mi firma. Pero eso, ¿a quién le importó? No sólo dijeron que estaba loca, sino que los propios ministros frente a mi acusación de estos hechos, no le dieron importancia”.
“La causa 91-2004 por ‘asociación ilícita terrorista’ se sobreseyó el año 2007, la cual ahora está archivada, y desde esa fecha tengo arraigo nacional y alerta internacional. De esto me di cuenta ahora en 2014 cuando fui a ver a mi hijo menor que estudia en Argentina, porque tuve dificultades en Policía Internacional. Perdí mi pasaje, y cuando viajé nuevamente fui retenida por la PDI porque en su sistema aparecía con alerta internacional”.
Montt concluye su escrito deseando que “en el cumplimiento de sus altas funciones como Presidente de la Corte Suprema, con el ejercicio de funcionarios honestos, ésta vuelva a cumplir con su verdadera misión y a aplicar los principios que la rigen y que, aquellos elementos que la dañan, salgan del Poder Judicial, por el respeto y la dignidad que el sistema se merece”.
“Es triste saber e irme de Chile con el convencimiento cierto que la justicia chilena tiene dos aristas: una para los ricos y poderosos, y otra para las personas comunes y corrientes”, puntualiza.
Este reportero confirmó de primera fuente que el ministro Sergio Muñoz leyó el contenido de la misiva firmada por Montt.
Por estos días, la ex funcionaria del Sename recaba información para ampliar una denuncia contra el Estado de Chile que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010.
Matías Rojas