La Superintendencia de Salud ingresó este viernes ante la Corte Suprema una nueva solicitud de prórroga adicional de seis meses para la implementación del fallo contra la isapres respecto a la tabla de factores.
El organismo pidió la prórroga, ya que el plazo para la implementación del fallo vence a finales de noviembre y la llamada Ley Corta aún está siendo tramitada en el Congreso.
El tiempo adicional se solicita para que corra desde el vencimiento de la prórroga concedida anteriormente el pasado 12 de mayo.
“Hemos solicitado a la Corte Suprema una nueva ampliación del plazo por seis meses adicionales, que permita al parlamento contar con el tiempo para aprobar la iniciativa ingresada por el Gobierno, que busca viabilizar el cumplimiento del fallo por tabla de factores, que ordena a las isapres aplicar la nueva tabla de factores de la Superintendencia y devolver los eventuales cobros en exceso a sus afiliados y afiliadas», indicó el superintendente de Salud, Víctor Torres.
El proyecto que se discute desde mayo en el Parlamento, entrega a la Superintendencia de Salud nuevas atribuciones, teniendo en cuenta el eventual impacto de la implementación administrativa de la sentencia y, a su vez, define políticas públicas que buscan dar tranquilidad y certezas a las personas beneficiarias del sistema de isapres sobre la continuidad de las coberturas pactadas en sus planes y el acceso a prestaciones de salud.
Retraso en la tramitación de la «Ley Corta»
A juicio de Torres, “es fundamental que el Congreso pueda seguir avanzando en la tramitación del proyecto que permitirá cumplir de mejor manera el fallo».
«Atendida la complejidad que tiene la implementación del fallo por tabla de factores y la necesaria incorporación de los eventuales impactos de la aplicación del fallo por prima GES, emitido en agosto de este año por la Corte Suprema, es fundamental que el Congreso pueda seguir avanzando en la tramitación del proyecto, que permitirá cumplir de mejor manera el fallo, haciéndose cargo con sentido de realidad de la situación actual del sistema, evitando que sus efectos pongan en riesgo el acceso a las atenciones de salud de las personas y a las coberturas y los beneficios pactados en sus planes», explicó la autoridad en un comunicado,
Según se explica en el documento de solicitud de prórroga al que tuvo acceso El Ciudadano, el máximo tribunal “resolvió dejar sin efecto toda tabla de factores que las instituciones de salud previsional (en adelante simplemente isapres) tengan asociada a un plan de salud, que sea distinta de aquella tabla definida por la Superintendencia de Salud a través de su Circular IF/N°343, de 11 de diciembre de 2019″.
“Consecuentemente, S.S. Excma. instruyó a casi todas las isapres del país a calcular el precio final de todos los contratos de salud que administren, multiplicando el precio base del plan correspondiente por la suma de los factores del grupo familiar, aplicando para ello la Tabla Única de Factores contenida en la referida circular”, agrega.
“En su fallo, S.S. Excma. procuró aclarar que la aplicación del procedimiento anterior no podrá importar un alza del precio final de los contratos de los afiliados, respecto del fijado al momento de ejecutoriarse esta sentencia, estableciendo, al mismo tiempo, que una vez calculado el precio final de los contratos, sólo podrá autorizarse un alza del precio final de estos cuando se funde en la incorporación de nuevas cargas o beneficiarios y la suma de los factores de riesgo del grupo familiar allí previstos así lo determine, sin perjuicio de que su cobro dependerá, respecto de una nueva carga o beneficiario, hasta que cumpla dos años de edad”, se lee en el texto de seis páginas.
Continuidad de las prestaciones y coberturas
En el escrito, el abogado Jorge Dip Calderón, en representación de la Superintendencia de Salud, planteó que la tramitación del proyecto de ley y su aprobación es determinante para asegurar de buena forma la continuidad de las prestaciones y coberturas para las personas beneficiarias del sistema, una «cuestión que puede verse comprometida ante el eventual incumplimiento de los indicadores financieros que fiscaliza esta Superintendencia, con el consiguiente riesgo de caer algunos actores en planes de ajuste y contingencia y posteriormente, en eventuales insolvencias». El jurista también indicó que la Superintendencia no solo observa dificultades técnicas de cumplir o ordenado por el máximo tribunal en el plazo otorgado, que vence a fines de noviembre, sino que también observa «un riesgo en la dictación de los actos administrativos tendientes a dar cumplimiento a los fallos si no cuenta con determinadas competencias que deben otorgarse por la ley incluida en el Boletín Nº 15896-11», conocida como «Ley Corta de Isapres».
En la solicitud, se expone que la tramitación del proyecto de ley está tomando más del tiempo originalmente previsto, no solo por la complejidad del tema, «sino también porque se ha hecho necesaria la incorporación de los consecuenciales y eventuales impactos de la implementación por parte de las isapres de la jurisprudencia de agosto en materia prima de GES en las coberturas y prestaciones de los servicios, por lo que el plazo estipulado para fines de noviembre no resultará suficiente».
A continuación, el texto íntegro de la solicitud de prórroga presentada por la Superintendencia de Salud ante la Corte Suprema.
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