El pasado 21 de agosto, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó decretó la intervención del Estado en la Junta de Vigilancia del río Copiapó, esto luego de que una fiscalización de la Dirección General de Aguas detectara que los integrantes de la organización, en su mayoría grandes empresarios, llevaban años extrayendo agua de forma ilegal a través de bocatomas instaladas en lugares no autorizados del río. En el informe emanado de la fiscalización se da cuenta de que una de las personas que participaba en este sistema de extracción ilegal de aguas era nada menos que el senador Rafael Prohens, expresidente de Renovación Nacional y la principal figura del partido en la región de Atacama.
Las medidas contra la Junta de Vigilancia se originaron a raíz de una denuncia interpuesta el 4 de abril de 2019 por el empresario agrícola Germán Palavicino Porcile, representante de la Comunidad de Aguas Subterráneas «Casub». En dicha denuncia, Porcile acusaba a la organización de haber cometido faltas graves en la administración de las aguas del río Copiapó y solicitaba una fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas.
Cuando la fiscalización finalmente se llevó a cabo, sin embargo, las autoridades se encontraron con un escenario mucho más complejo de lo que se esperaban en un primer momento: la Junta de Vigilancia había permitido a 107 de sus integrantes instalar bocatomas en distintos lugares del río pese a no contar con autorización por parte de la Dirección General de Aguas, el único organismo que puede permitir dicha operación.
Según consta en el informe de fiscalización al que tuvo acceso El Ciudadano, la Junta de Vigilancia reconoció abiertamente que permitieron la instalación de las bocatomas sin consultar a la autoridad. Su defensa fue insólita: argumentaron que la decisión fue tomada por acuerdo entre sus integrantes.
En el documento de 54 páginas, el nombre de Rafael Prohens puede encontrarse dentro de la lista de usuarios a los que se descubrió extrayendo ilegalmente agua del río: Agrícola Doña Berta Limitada, la empresa propiedad del senador, contaba con derechos para extraer agua de los canales El Quemado y El Rodeo, ambos del río Jorquera, cercano a la Cordillera de Los Andes. Sin embargo, la bocatoma detectada durante la fiscalización estaba extrayendo agua del canal matriz Mal Paso, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, a 15 kilómetros de Copiapó. Según consta en el informe, dicha bocatoma estuvo operativa durante casi cinco años.
La operación de la cual participaba el senador Prohens no solo era ilegal, sino que causó la disminución del caudal de agua que llegaba hasta la parte baja del río Copiapó, afectando a los habitantes de la ciudad y particularmente a los pequeños agricultores que tenían sus cultivos en la zona de desembocadura. En el informe de la Dirección General de Aguas se detalla:
«La Junta de Vigilancia del río Copiapó reconoce que en esta captación (…) ubicada al interior del sistema matriz Mal Paso, se captan derechos pertenecientes a la Agrícola Doña Berta Limitada, del sector Cordillera. Este es otro antecedente que evidencia la práctica de la Junta de Vigilancia del río Copiapó de autorizar traslados de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas en cauces naturales. Otro aspecto relevante de destacar respecto a dichas cartas, es la utilización de la expresión “provisoriamente”; lo cual resulta paradójico al observar que las tablas adjuntas a estas misivas se refieren a los doce meses de los años 2016, 2017 y 2018 y a 5 meses del año 2019″.
El informe de fiscalización dio origen a una serie de medidas correctivas que la Junta de Vigilancia se negó a cumplir, por lo cual la Dirección General de Aguas acudió a la justicia para solicitar autorización para intervenir la organización. Si bien el 21 de agosto el Tercer Juzgado de Letras aprobó dicha medida, un recurso de oposición presentado por la Junta de Vigilancia causó la suspensión del proceso. En caso de que la intervención sea ratificada por la justicia, el directorio de la Junta de Vigilancia perderá sus funciones y atribuciones por un periodo de 90 días, las cuales recaerán en la Dirección General de Aguas.
Desde el organismo ya informaron que será el Director Regional de Aguas de Atacama, Rodrigo Sáez Gutiérrez, quien asumirá el rol de interventor.
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