Exigen a sector salmonero poner  fin a los ataques contra comunidades costeras: “Atentan contra la integridad”

Desinformación y conflictos en torno a los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO)

Existe una feroz campaña de desinformación contra los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), regulados por la denominada Ley Lafkenche, según denuncias recientes. Esta campaña, que estría promovida por sectores de la industria salmonera y operadores políticos, buscaría avanzar en la expansión acuícola en zonas de borde costero de pueblos originarios y áreas protegidas en regiones como Los Lagos, Chiloé, Aysén y Magallanes. “Denunciamos el racismo presente en las distintas campañas de desinformación que buscan instalar un clima de confusión y temor en la población, volviendo a estigmatizar a las comunidades Mapuche,” declaraba así la Identidad Lafkenche en marzo de 2024, alertando sobre el clima de odio que se viene promoviendo

El clima de desinformación ha agudizado los conflictos entre trabajadores salmoneros, operadores de la industria y comunidades locales, provocando ataques y campañas de desprestigio que afectan la integridad de familias defensoras de espacios costeros marinos. La Revista Internacional Mongabay Latam destacó que en Chile “hay polémica luego de que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero rechazara la creación de dos Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios”, señalando que la industria del salmón ha realizado un “discurso del miedo para desinformar sobre las solicitudes”.

Aurelia Guasch Antúnez y Álvaro Montaña Soto, geógrafos marinos, en un análisis crítico, examinan las controversias en torno a la Ley Lafkenche (20.249). Los autores denuncian que las críticas infundadas contra la ley, especialmente por parte de la industria salmonera, afirman que “la Ley Lafkenche obstaculiza el desarrollo económico”, aunque aclaran que las demoras se deben a deficiencias administrativas del Estado. “La incorporación de procesos automatizados en la producción… probablemente signifique una disminución del empleo salmonero en un futuro próximo”, añaden, sugiriendo que los ECMPO pueden revitalizar economías locales con actividades sostenibles.

Los autores también destacan que el artículo 11 de la Ley permite la participación de diversos actores, como pescadores artesanales y personas asociadas al turismo. Critican la exclusión histórica de las comunidades indígenas y defienden el valor de las prácticas tradicionales en la gestión sostenible del mar. “¿Quiénes son los responsables de la extinción de especies marinas?” cuestionan, señalando las prácticas intensivas de la industria. Finalmente, llaman al Estado a mediar y combatir la desinformación, subrayando la necesidad de construir un pacto social entre los interesados en la zona costera.

El llamado desde comunidades ante ataques y desinformación:

Más de una veintena de comunidades del Archipiélago de Quinchao, han señalado: “Rechazamos tajantemente los hechos de desinformación a través de los distintos medios de comunicación local, regional y nacional, instancias en las que abiertamente se expone información falsa sobre la Ley Lafkenche, donde se hace un llamado a boicotear las ECMPO, buscando generar división y conflicto”.

Uno de los conflictos que se han desatado en Chiloé, son los ataques de sectores salmoneros contra 5 ECMPO que se tramitan y que el CRUBC, Comisión Regional de Usor de Borde Costero, que involucra a diversos actores, deberá resolver el 7 de junio. Frente a esto, comunidades peticionarias y autoridades tradicionales, han aclarado: “Las comunidades de Quellón y Ancud aclaran que los ECMPOs no eliminan concesiones ni áreas de manejo, y no impiden las obras públicas beneficiosas para todos (Art. 7 Inc. 2° de la ley 20.249). Hacen un llamado al diálogo a pescadores y a todos los sectores interesados en construir un futuro sin discriminación ni sesgos. Reiteran que cada ECMPO es único y se vota por separado, por lo que rechazan los llamados al rechazo generalizado. También enfatizan las comunidades Barrio Costero – Huildad, Quellón, Huaipilli de Compu, Quellón, Lafquen Mapu de San Juan de Chadmo, Quellón, Folil Trincao, Quellón y comunidad Lafkenche de Linao, Ancud, que la solución a estos problemas es administrativa, no legislativa.

A través de un comunicado, la histórica comunidad Weketrumao de Chiloé, junto a diversas otras comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales, denuncian con preocupación cómo se ha utilizado la desinformación para poner a la ciudadanía en contra de las solicitudes de ECMPO, facilitando un escenario para modificar la Ley Lafkenche. Atribuyen estos ataques al racismo y la codicia de quienes buscan acaparar y contaminar los recursos costeros y marinos.

También repudian la desinformación promovida por empresarios y ciertas autoridades públicas y aclaran que estas acciones solo generan confusión y obstaculizan el diálogo y la cooperación entre comunidades y sindicatos.

Prejuicios y estigmatizaciones

Un reciente artículo “Los Pueblos Originarios de Aysén”,  aborda los prejuicios y la campaña de desprestigio contra las comunidades mapuche williche en la región de Aysén, acusándolas falsamente de ser «recién llegadas» y no originarias del área. Contrario a estas acusaciones, evidencias arqueológicas y registros históricos muestran la coexistencia y fusión entre los pueblos chono y mapuche williche desde hace más de mil quinientos años. La presencia de elementos culturales y agrícolas, junto con nombres en mapudungun en registros de la época colonial, refuerzan la antigua ocupación y el arraigo de estas comunidades en el litoral de Aysén.

El trabajo de David Núñez, antropólogo; Ricardo Álvarez, antropólogo; Daniel Caniullan, lonko comunidad Pu Wapi de Melinka; Nelson Millatureo, presidente comunidad Antunen Raín de isla Huichas; y, Sofía Cabero Risco, presidenta comunidad Fotüm Mapu de isla Huichas, aborda además, estudios genéticos y prácticas culturales que demuestran la mezcla y la continuidad de la presencia de estas comunidades en la región, desafiando la narrativa de un Aysén vacío antes de la colonización chilena. La historia administrativa de la provincia de Chiloé, que se extendía hasta el Cabo de Hornos, también confirma la influencia cultural y territorial de estos pueblos, hechos que da cuenta del racismo y las políticas coloniales que intentan invisibilizar a las comunidades originarias desde sectores vinculados a la industria salmonera y operadores políticos.

En reciente entrevista, el werkén Patricio Colivoro, indicó: “Sabemos que la solución es administrativa y no legislativa, que los plazos que no se están cumpliendo para la tramitación de los espacios costeros, no dependen de las comunidades que están solicitando espacios costeros, sino de la falta de eficiencia del sistema público en tramitar estos espacios costeros”.

“A pesar de la gravedad y lo peligroso, de acuerdo a los antecedentes que se están manejando, ningún organismo del Estado está velando ni garantizando por la integridad de quienes son objeto de estos ataques. Entre los puntos críticos, no se está implementando el Acuerdo de Escazú. Tampoco existe pronunciamiento  y acciones formales de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el ministerio público no está investigando, considerando que existen antecedentes públicos de eventuales delitos”, se señaló en reciente denuncia ante Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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