«Falsos positivos»: 12 militares colombianos admiten reponsabilidad en asesinato de 127 civiles

Un total de 12 militares colombianos admitieron su responsabilidad por el asesinato de 127 personas en el norte del departamento del Cesar y en el sur de La Guajira, para presentarlas como ‘falsos positivos’. La confesión se dio durante una audiencia de reconocimiento público de la verdad.

Los uniformados fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por delitos lesa humanidad y crímenes de guerra, entre los que se encuentran  ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, presentadas falsamente como «bajas en combate».

La JEP declaró a 15 miembros del Ejército que pertenecían al Batallón de Artillería N° 2 La Popa como «máximos responsables» por los asesinatos, pero tres no reconocieron su participación en los hechos, por lo que su casos serán llevados a otro proceso judicial que podría culminar con penas de hasta 20 años de cárcel.

Previamente, los imputados entregaron un documento de reconocimiento escrito ante la Magistratura y desde este lunes participan en una audiencia pública en la ciudad de Valledupar, en el Cesar.

Las ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe pertenecen al Macrocaso 03, correspondiente a los ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, que lleva la Sala de Reconocimiento de Verdad. El proceso se lleva adelante para esclarecer el asesinato de más de 6.402 personas, bajo la modalidad de los llamados ‘falsos positivos’.

La audiencia fue dirigida por el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, y los magistrados Óscar Javier Parra, relator del subcaso Costa Caribe; los correlatores Belkis Izquierdo y Julieta Lemaitre; y el togado Alejandro Ramelli.

La jornada, que culminará el martes, se inició con un ritual de armonización hecho por los pueblos indígenas kankuamo y wiwa, pertenecientes a la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena. 

«Es el momento de la verdad, pero también de la restauración de las víctimas. Estos hechos no se pueden postergar. No se trata simplemente de producir un efecto de estremecimiento de una conciencia atormentada en el país», aseveró Cifuentes, encargado de empezar la diligencia.

¿De qué se les imputó? 

La JEP determinó que los militares del mencionado batallón formaron parte de una «organización criminal» e ilegal que, entre el 9 enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, operó dentro de esa instancia militar para presentar los asesinatos como como «bajas en combate», según un informe de ese organismo.

Las víctimas eran personas indefensas que fueron engañadas y la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que hubo una «ataque generalizado y sistemático» contra los civiles.

Del mismo modo, los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo fueron fueron víctimas de «daño grave, diferenciado y desproporcionado» por parte de algunos integrantes del mencionado batallón. Un total de 12 miembros de esa comunidad fueron asesinados y presentados como «bajas en combate», incluyendo a una niña de 13 años que estaba embarazada.

Fuente: RT.

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