Familia de Manuel Rebolledo exige prisión preventiva para el marino que asesinó a su hijo

Imagen del documental “A mí me mató el Estado de Chile”, próximo a estrenar. Fotografía de Isidora Melo y Roberto Pino.

La audiencia de formalización por los cargos de “homicidio” está fijada para el 29 de junio de este año.

Manuel Rebolledo fue asesinado el 21 de octubre de 2019, por un efectivo de la Armada en la ciudad de Talcahuano. El uniformado responsable de manejar el camión militar con el cual fue arrollado Manuel, es Leonardo Medina Caamaño, imputado por cuasi delito de homicidio, pero que aún se encuentra activo en la institución militar, no se le ha realizado sumario administrativo y fue trasladado sin dar conocimiento del lugar a los familiares de Manuel, quedando sólo con arraigo nacional.

La familia del joven exige de forma inmediata la prisión preventiva del acusado y denuncia que hace 20 meses la Fiscalía viene aplazando la causa, aun cuando los videos y pruebas son elocuentes.

El 15 de octubre de 2020 se desarrolló la diligencia de reconstitución de escena en el lugar donde dio sus últimos respiros Manuel. Sin la presencia del imputado, se desarrolló la diligencia por cerca de 10 horas. Pero los resultados no llegaron sino hasta seis meses después, en abril de 2021, momento en que el fiscal a cargo del caso, tras estudiar los resultados de la diligencia, concluyó que el imputado persiguió a Manuel con el ánimo de matarlo.

DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA:

“Esto no fue un accidente, ellos usaron el camión militar como un arma contra mi hijo, y como en otros casos más, utilizaron fusiles contra la gente, mutilaron a personas en sus ojos, mataron y todo porque el presidente Sebastián Piñera declaró la guerra contra su propio pueblo, porque el pueblo éramos nosotros “el enemigo poderoso”, acusa el padre de Manuel.

“El Presidente debería hacerse responsable de todo lo que hizo, porque él declaró la guerra, una guerra en silencio, y luego de haberla cometido salió a hablar como si nada hubiera pasado”, enfatiza su madre.

Encubrimiento de militares y carabineros

Según testimonios del padre de Manuel, a este se le habría informado que su hijo había muerto producto de un accidente de tránsito, versión que reafirmaron tanto Carabineros como funcionarios del Ejército en el lugar de los hechos.

El video entregado por cámaras de seguridad que registraron el momento, reflejan una persecución a gran velocidad por parte de un carro blindado del Ejército a jóvenes desarmados que intentaban escapar. Al interior del camión hay por lo menos 18 uniformados, quienes luego de ocurrido el hecho, descendieron de él y se aproximaron al cuerpo, para luego proteger -aún armados-, el perímetro donde fue cometido el homicidio. En los minutos finales se observa cómo se aproxima un furgón de Carabineros.

No se observan intentos de reanimación de parte de los efectivos. Como en otros casos de homicidios por parte de uniformados, la Fiscalía no ordenó peritar el lugar del hecho en primera instancia.

“Ellos intentaron ocultarnos el cuerpo de nuestro hijo, le dijeron a mi esposa que no había pasado nada, quienes dijeron eso fueron militares y carabineros; la verdad es que si yo no hubiese llegado al hospital ellos habrían desaparecido el cuerpo de mi hijo como quizás lo hicieron en tantos otros casos que no se han sabido”, relata su padre.

Los hechos ocurrieron en la población Libertad, frente al recinto pesquero, en la ciudad de Talcahuano.

Video del medio Interferencia, registro del hecho:

Ese día, el joven de 23 años, Manuel Rebolledo, había decidido salir a protestar. “Mi hijo vio que todo el país salió a luchar por sus derechos y él tomó su decisión y salió a luchar también”.

Manuel o “Polera” como le decían sus amigos debido a su pasión por su equipo Colo Colo, tenía al momento de su muerte una bebé de un año y tres meses, que ha quedado con su madre sin reparación ni justicia, y sus padres no han podido hacer su duelo porque la justicia chilena no está fallando a favor de las víctimas. “A nosotros no se nos ha acercado ninguna autoridad, ni el alcalde ni Mario Desbordes, ni nadie del Gobierno”.

Escandalosa impunidad

La situación de impunidad que abruma a los familiares de las víctimas asesinadas ha llegado a niveles escandalosos; un informe de la Fiscalía de enero de 2021 da cuenta que de 8.581 causas por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social, solo una cerró con una sentencia condenatoria (cinco años de libertad vigilada), en 58 casos la Fiscalía decidió no continuar con las investigaciones, mientras que 2.774 causas fueron archivadas provisionalmente, por falta de pruebas o porque no se pudo ubicar a las víctimas.

Visite el informe acá: https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/documento-01-1.pdf

Mientras tanto los familiares agrupados en el colectivo AFAE “Sin justicia no habrá paz” continúan su lucha incesante en busca de una justicia que parece fallar solo para el lado de los victimarios.

Página de difusión de la familia: https://mobile.twitter.com/JusticiaManuelR

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Por Daisy Alcaino