Familia de Temuco gana demanda contra el Ejército por maltratos a joven con discapacidad intelectual

«Papá, hoy día pedí permiso en el colegio. Me fui a inscribir al cantón de reclutamiento». Ingrid y Juan Carlos recibieron la noticia de su hijo como un balde de agua fría. No se explicaban cómo Juan, de 18 años, con discapacidad intelectual leve y un coeficiente intelectual de 59 puntos, había sido aceptado para presentarse al proceso de preselección del Ejército. La condición de su hijo era evidente: bastaba hablar un par de minutos con él para darse cuenta de que tenía dificultades para comprender instrucciones complejas y que la velocidad a la que procesaba la información era más lenta que el promedio. Pero aquella tarde de abril, Ingrid y Juan Carlos decidieron confiar en el Ejército. Hoy cuentan que ese fue su primer error.

«Nosotros nos miramos y dijimos “bueno, como es el Ejército de Chile, que representa a la nación, no va a ir cualquiera con cualquier discapacidad y lo van a dejar ingresar, tendrá que haber un filtro exhaustivo. Tendrá que haber, ¿no cierto?”», señala Juan Carlos en entrevista con El Ciudadano.

Ingrid acudió ese mismo día a la psicóloga del Programa de Integración Escolar que había evaluado a su hijo para solicitar el informe cognitivo en que se acreditaba la condición de Juan. Tenía la esperanza de que aquel documento demostraría a los militares a cargo del proceso de selección lo que era evidente a los ojos: que su hijo no era apto para realizar el servicio militar.

En el informe se lee: «Juan posee un rendimiento cognitivo general que lo ubica en un rango de Discapacidad Intelectual Leve, su CI lo categoriza como una estudiante que posee Necesidades Educativas Especiales Permanentes». Un segundo informe psicológico señala: «Puede llegar a ser víctima de aprovechamiento por parte de terceros».

El 13 de abil de 2019, Juan acudió al Regimiento Tucapel de Temuco para ser evaluado. Su padre lo dejó en la puerta y le entregó el informe en sus manos para que se lo pasara a los encargados de la evaluación. Se devolvió a su trabajo seguro de que Juan sería rechazado y volvería a casa por la tarde. Un par de horas después recibió la llamada que trastocaría su vida, la de su esposa y la de su mismo hijo para siempre: Juan había sido aceptado en el Ejército y realizaría su servicio militar en el Destacamento Motorizado n° 11 Caupolicán, el regimiento más austral de Chile.

La noticia golpeó a Juan Carlos como una cachetada. Acudió de inmediato a la Oficina de Asistencia al Soldado Conscripto, institución creada en 2007 con el objetivo de atender las solicitudes, peticiones o inquietudes de los padres respecto al servicio militar de sus hijos. Allí les contó la situación, les mostró nuevamente el informe cognitivo que acreditaba la condición de su hijo, les preguntó cómo era posible que hubiera pasado la evaluación. La respuesta serían las mismas tres palabras que escucharía una y otra vez repetida en boca de tenientes, suboficiales y capitanes: «no se preocupe».

«Me dijeron que allá en el destacamento de Porvenir estaba la élite, la élite de profesionales que lo iba a evaluar y lo iba a revisar, que había psicólogos, había de todo. Le iban a hacer exámenes exhaustivos y de allá se venía la gran mayoría de los que no estaban aptos. Así que no se preocupe, me dijeron, deje que su hijo tenga la experiencia y en menos de un mes lo va a tener de vuelta», comenta Juan Carlos.

«Que no me preocupara. Esa fue la primera mentira».

El suplicio de Porvenir

Habían pasado apenas dos semanas desde que Juan había partido a Porvenir, Tierra del Fuego, cuando Juan Carlos recibió la llamada. Era su hijo, pidiendo auxilio a gritos por los maltratos que estaba sufriendo por parte de sus compañeros y superiores desde el momento en que llegaron a la isla. «Sáquenme de aquí», le dijo entre lágrimas a su padre.

En el juicio que iniciaría años más tarde, soldados conscriptos que presenciaron los hechos relataron que los abusos de los que fue víctima Juan incluían el robo de sus útiles personales, como jabones y máquinas de afeitar, y los apodos de «niño teletón», «enfermo» y «maniao». Otras veces los insultos se convertían en golpes, y otros conscriptos tenían que intervenir para que la situación no pasara a mayores.

Los superiores, lejos de detener los abusos, los incentivaban. Según relatan los mismos exconscriptos, en un ocasión se le ordenó a Juan realizar 100 sentadillas sosteniendo el fusil frente a la compañía mientras un cabo lo insultaba con expresiones que aludían a su condición y lo ponía de ejemplo de ineptitud e incapacidad.

Otro abuso que se hizo frecuente, relatan los testigos, consistía en despertarlo en medio de la noche para obligarlo a correr por la nieve con un colchón en la cabeza y zapatillas de ducha.

«Él lloraba por las noches (…) El grado de sufrimiento que tenía era extremadamente grave», contaría años más tarde, ante un tribunal, el exconscripto Fernando Paredes.

Juan Carlos no esperó a recibir una segunda llamada. Apenas su hijo cortó el teléfono, se puso en contacto con los militares a cargo del destacamento a través de un grupo de Whatsapp que compartía con todos los padres de los conscriptos. Le respondieron que estuviera tranquilo, el Ejército estaba velando por la seguridad de su hijo. «No se preocupe», le dijeron antes de cortar.

Un par de días después, fue la abuela de Juan quien recibió la llamada de auxilio: «Ayúdeme, abuelita, por favor, vénganme a buscar, lo paso muy mal, no me dejan ni dormir», gritaba su nieto al otro lado del teléfono.

Cuando Juan Carlos e Ingrid se enteraron de esto, decidieron que no podían esperar más. El 2 de junio de 2019 tomaron un avión y un par de horas más tarde aterrizaban en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. De allí tuvieron que tomar un barco para cruzar el estrecho de Magallanes y, a las 19:00 horas, se encontraban fuera del Destacamento Motorizado n° 11 Caupolicán con el informe cognitivo de su hijo en la mano para exigir su licencia.

Juan Carlos cuenta que le entregó el informe en las manos al cabo Matías Vilo Arias, superior directo de su hijo, esa misma tarde. Vilo confirmó este hecho en su declaración años más tarde, y añade que siguió el conducto regular y entregó el informe al capitán Luis Nova Kiessling, quien era el único con la potestad de solicitar una reevaluación de Juan o, incluso, su licencia inmediata. Tras pasar tres días con su hijo en Porvenir, Juan Carlos regresó a Temuco seguro de que pronto su familia volvería a estar reunida.

La humillación más grande

Había pasado un mes desde que Juan Carlos visitara a su hijo en Porvenir y sus correos electrónicos ya habían dejado de tener respuesta. Tampoco habían obtenido respuesta sus peticiones al coronel Raúl Faúndes, comandante del destacamento Caupolicán y superior jerárquico del capitán Nova. En parte resignado a los continuos portazos que recibía por parte del Ejército, agendó junto a su esposa Ingrid el próximo viaje: el 10 de julio era el Día del Juramento a la Bandera, uno de los hitos anuales más importantes para el mundo militar, y algunos de los padres de los conscriptos viajarían para ver a sus hijos.

Todos los testigos que declararon en el juicio se detuvieron para señalar la importancia que tiene este día para la institución: la ceremonia recuerda a 77 soldados que combatieron hasta la muerte durante la batalla de La Concepción, ocurrida entre el domingo 9 y el lunes 10 de julio de 1882, y consiste en recitar un juramento de fidelidad a la bandera y a la patria.

En sus declaraciones, los testigos describieron el Día del Juramento a la Bandera como «un rito de extraordinaria significación», «la culminación del orgullo militar» y «el momento en que se concentran todas las emociones y sentimientos de los soldados y sus familiares». Pero cuando Ingrid y Juan Carlos llegaron al destacamento y se ubicaron junto a las demás familias para ver la ceremonia, su hijo no estaba por ningún lado.

«Llegamos orgullosos. Orgullosos de que mi hijo, con su discapacidad, con todo lo que él quería hacer, iba a tener un logro para él, para su vida. ¿Y qué pasó? Resulta que nos llevamos el bochorno más grande de nuestras vidas. Fui testigo del deshonor más grande que se le puede hacer a la bandera. Fui testigo del deshonor más grande que se le puede hacer a una persona», cuenta Juan Carlos.

«Terminó la ceremonia de entrega de armas y se acerca un subteniente y me dice que tengo que ir a la enfermería con mi esposa porque Juan Carlos va a jurar a la bandera en la enfermería. Partimos para allá y ahí estaba mi hijo, vestido de enfermo. Lo tenían escondido, en un lugar aparte donde nadie lo viera, ni nosotros. Y ahí juró mi hijo casi llorando. Y nosotros con el corazón que se nos salía de rabia, de impotencia», añade.

Años más tarde, el conscripto Fernando Paredes contaría que, el día de la ceremonia, Juan fue sacado de las filas por el capitán Nova por ser incapaz de aprenderse las estrofas del juramento y realizar las maniobras correspondientes. A Matías Vilo, su superior, se le ordenó que mintiera y lo ingresara por un supuesto esguince de tobillo a la enfermería del destacamento, donde lo mantuvieron hasta que terminó la ceremonia.

Antes de volver a Temuco, Juan Carlos le preguntó a Matías Vilo qué había pasado con el informe que le había entregado durante su viaje anterior. «Don Juan Carlos, yo estoy pidiendo la baja médica de su hijo desde antes que usted me entregara el informe», le contestó Vilo.

A esas alturas, Ingrid y Juan Carlos ya habían agotado todos los recursos. Mientras el capitán Nova no solicitara personalmente la reevaluación de su hijo, no había posibilidad de que pudiera volver a Temuco. Pero lejos de empatizar con la situación de la familia, el capitán Nova parecía molestarse más con cada correo y mensaje que recibía de los padres. Una de las pocas ocasiones en las que Juan Carlos logró hablar con él, el capitán le respondió tajante: «No me huevee más, cómo se le ocurre molestarme en tiempos de pandemia».

Una tortura psicológica

Para abril de 2020, Ingrid y Juan Carlos se encontraban emocionalmente destruidos. Como se acreditó en el juicio que siguió, ambos padres vivieron los sufrimientos de su hijo «en un plano de total desesperación, desesperanza, tristeza y depresión psicológica». Pero el día se acercaba y pronto se habría cumplido un año desde que Juan ingresara al Ejército. En un par de semanas estaría de vuelta en casa.

Lo que sucedió entonces sigue sin tener una explicación lógica para ninguno de los involucrados. La decisión del Ejército no podía tener un sentido que no fuera el del puro deseo de extender el sufrimiento de la familia. Para Juan Carlos, la explicación más razonable es que las gestiones que había realizado el año anterior para obtener la licenciatura de su hijo causaron escozor en el mando. Solo así se explica que el capitán Nova decidiera extender el servicio militar de Juan por un año adicional.

«Todos los soldados ingresaron en abril del 2019 y fueron licenciados en abril del 2020. Excepto mi hijo, teniendo el informe cognitivo. El capitán lo dejó allá», cuenta Juan Carlos.

«Si hubieran dejado salir a mi hijo y lo hubieran licenciado, lo que pasó para atrás es parte de la vida y es parte de lo que tenemos que vivir todos los seres humanos. Experiencias buenas y malas. Pero de ahí en adelante nuestra vida se derrumbó todo a trozo. Mi esposa se empezó a morir de pena. Porque eso para nosotros fue una tortura emocional», agrega.

A esas alturas, el capitán Luis Nova tenía todos los documentos que acreditaban la condición de Juan: el informe cognitivo que daba cuenta de su discapacidad intelectual leve, una evaluación psicológica externa que advertía que mantenerlo dentro del regimiento conduciría a resultados «significativamente negativos para su bienestar emocional y desarrollo cognitivo», e innumerables correos electrónicos enviados por la familia, incluyendo una carta de Juan Carlos pidiendo que su hijo fuera reevaluado antes de iniciar su segundo año de servicio militar.

El 28 de junio de 2020, Juan se presentó en la enfermería frente a la capitana Daniela Vorphal Sanhueza, médica general, para ser reevaluado. Tras una rápida revisión, la capitana Vorphal concluyó que estaba en condiciones de manipular armamento. «Su hijo está apto, así que acá se queda», le comunicó el capitán Nova a Juan Carlos.

«Después de eso guardaron silencio y tratamos de apretarnos, de aguantarnos. Intentamos acomodarnos a lo que había nomás», cuenta Juan Carlos.

El accidente

El invierno en la región de Magallanes es inclemente. En los meses de julio y agosto, las temperaturas pueden llegar a descender hasta por debajo de los -14°, congelando todo lo que se encuentre a la intemperie. La mañana del 10 de agosto de 2020, el cemento del patio del Destacamento Motorizado n° 11 Caupolicán también se había congelado producto de las bajas temperaturas. El suelo era ahora un manto de escarcha negra sumamente resbalosa.

Cuando los conscriptos llegaron a Porvenir en abril de 2019, las calderas de las duchas se encontraban averiadas y fuera de servicio, por lo que debían correr todas las mañanas al patio del recinto ubicado a 50 metros de la cuadra para poder utilizar el agua caliente. Un año y cuatro meses más tarde, las calderas aún no habían sido reparadas. Esa día de invierno, Juan se encontraba saliendo de su guardia cuando recibió la orden de ir a ducharse. No se le entregaron zapatillas antideslizantes ni ningún equipo de protección, solo la orden directa de correr con dirección al patio techado. A las 09:00 de la mañana del 10 de agosto de 2020, Juan resbaló con la escarcha negra y se golpeó la columna vertebral.

Tuvieron que pasar dos días completos para que el Ejército comprendiera que la situación se había desbordado y la lesión del conscripto era grave. El 12 de agosto de 2020, Juan fue ingresado al Hospital de Porvenir y derivado de urgencia al Hospital de Punta Arenas, donde fue sometido a cirugía. La epicrisis emitida por el médico tratante Vladimir Moraga es tajante: señala que hubiese bastado una simple maniobra médica el día de la lesión para evitar la intervención quirúrgica.

Tras dos semanas internado en el Hospital de Punta Arenas, Juan fue derivado al Regimiento Reforzado nº 10 Pudeto, en la misma ciudad, donde se le dio la instrucción de guardar reposo. El primer día, la enfermera se acercó a él y le aclaró las cosas: «Yo no soy nana de ningún pelado. Te vas a levantar, me vas a limpiar los vidrios y vas a trapear toda la enfermería».

La investigación sumaria que realizó el Ejército un par de meses después estableció que no se le podía imputar responsabilidad alguna al mando militar: la culpa del accidente recaía únicamente en el accidentado. A pesar de esto, el capitán Nova sabía que la permanencia de Juan dentro de las filas era insostenible. Pero aún se guardaba una última humillación bajo la manga: el 22 de octubre de 2020, Juan fue licenciado del Ejército por problemas socioeconómicos.

«¡Por problemas socioeconómicos! A mi hijo que casi perdió la vida, que les aguantó todo, deberían haberlo licenciado con honores. Mi hijo tuvo el mejor comportamiento de los soldados de su promoción, no tuvo quejas, cuando me lo mandaron de vuelta me dijeron que tuvo un comportamiento ejemplar. Pero lo licenciaron por problemas socioeconómicos, como si nos estuviéramos muriendo de hambre aquí en Temuco», cuenta Juan Carlos.

Un par de días después, Juan llegó al terminal de buses de Temuco con las pocas cosas que no le habían robado dentro del regimiento durante su estancia en la enfermería. Sus padres corrieron a abrazarlo. La pesadilla por fin había terminado.

El juicio

El 3 de abril de este año, el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas falló en primera instancia contra el Fisco de Chile por los perjuicios ocasionados a Juan y a sus padres durante su servicio militar en el Destacamento Motorizado Caupolicán. La sentencia incluyó una indemnización económica y la obligación de la parte demandada de pagar todos los costos del juicio.

Los tres integrantes de la familia fueron diagnosticados con estrés postraumático derivado de los padecimientos que Juan tuvo que sufrir al interior de las filas del Ejército. La discapacidad de Juan, por otro lado, aumentó de leve a moderada, quedando con profundas secuelas psicológicas que tardarán en desaparecer. Entre ellas se cuentan la falta de sueño, la continua tristeza, el llanto espontáneo por el recuerdo de lo vivido y «la severa destrucción de sus ideales de vida».

Durante el juicio se acreditó no solo la falta de servicio del Ejército por haber admitido en la institución a una persona que no tenía la aptitud intelectual para la vida militar, sino que también la actitud dolosa de sus superiores, quienes no tuvieron otro objetivo que el de «humillar y restar dignidad al conscripto», según se lee en la sentencia.

«El trato que debió existir entre los compañeros y superiores para con el actor no correspondió al de personas bien educadas, ni menos correspondieron a sentimientos de franca armonía y de caballerosa camaradería (…) Su incapacidad cognitiva leve, que fue superada tras años de educación especial, el Ejército se la derribó, pues en vez de ser integrado fue discriminado. Su estadía le significó la repetición de sentimientos de dolor e impotencia que menoscabaron su ánimo, autoestima e incluso sus ideales que determinaron su amor por el servicio militar, destruyendo el concepto de patria», señala el fallo.

En la actualidad, el capitán Luis Nova Kiessling y el coronel Raúl Faúndes Flores siguen en servicio activo en el Ejército de Chile. Ingrid y Juan, por su parte, se encuentran en tratamiento psicológico para lidiar con el estrés postraumático y las otras secuelas derivadas de la pesadilla que vivieron al interior del Destacamento Motorizado n°11 Caupolicán.

«No hemos ganado nada todavía, esto es apenas un aletazo, pero estamos tranquilos con la decisión del juzgado y vamos a esperar pacientemente la decisión de la Corte de Apelaciones y, eventualmente, la Corte Suprema», señala Juan Carlos sobre el juicio.