El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una nueva acción judicial para que los herederos del dictador definan si van a aceptar o a rechazar la herencia que incluye una fabulosa deuda con el Fisco por más de dos mil millones de pesos.
El monto exácto es de 2.403.336.295 de pesos impagos que el SII acusa que deben ser pagados y que tienen al Fisco en condición de «acreedor».
En el documento en el que figura el detalle de la deuda, se cuentan diversos impuestos, atribuídos al «difunto contribuyente Augusto Pinochet Ugarte» por ellos, el SII mantiene 3 causas en «proceso de cobranza».
Según las investigaciones del juez Manuel Valderrama, la fortuna se calcula en más de 21 millones de dólares. De ellos, 3,4 millones están legalmente justificados por Pinochet, sin embargo 17,8 millones no se encuentran justificados y se desconoce completamente su origen, según lo indicado por el comunicado judicial. Por esta razón, el CDE inició las gestiones necesarias para demandar a los familiares, situación que sorprendió a doña Lucía y su pandilla, puesto que deberán pronunciarse de forma definitoria respecto de este patrimonio.
El nefasto testamento incluye como principal beneficiaria a la viuda con el 51,8% de todos los bienes y dineros. Le siguen, con un 7,14% cada uno de los cinco hijos del matrimonio: Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline. Finalmente, el testamento incluye a 12 de sus 25 nietos los que deberán repartir un 12,5%, en diversa proporción.
Lucía Hiriart ya aceptó la herencia del dictador con beneficio de inventario, esto significa que responderá a las deudas del fallecido pero sólo hasta el monto recibido, pero no con sus propios bienes. Este escenario es el mismo de dos de sus hijos: Augustito y Marco Antonio.
Sin embargo, 4 de los nietos mencionados en la herencia, han solicitado a la justicia un una prórroga del plazo para decidir si aceptan o repudian los montos, algo que al CDE no le gustó.
Finalmente, el 7° juzgado civil ya ordenó a todo el clan sucesor del matrimonio Pinochet-Hiriart que deben pronunciarse en un plazo máximo de 40 días.
En Twitter: @AngelaBarraza
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