A pocas horas de la comparecencia del diputado Jesús Santrich ante el Tribunal Supremo colombiano se desconoce su paradero, según informa la directiva de su partido político, FARC
Altos dirigentes del partido de izquierda colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) indicaron que, para el día de hoy, no tienen información sobre el exlíder guerrillero y legislador Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich.
Indicaron que el partido confía en que Santrich asistirá el 9 de julio a la audiencia a la que ha sido citado por el tribunal supremo, que lo investiga por presuntos hechos de narcotráfico.
Se desconocen los movimientos del legislador desde el pasado 29 de junio, cuando entró en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el municipio de La Paz (Cesar, norte), donde se encuentran 144 excombatientes de la guerrilla de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La estatal Unidad Nacional de Protección sostiene que el equipo de seguridad que lo acompaña, formado por personas de confianza del partido FARC, conforme con los acuerdos de La Habana, desconocen su paradero.
Santrich, quien fue dejado en libertad hace un mes luego de permanecer en prisión desde abril de 2018 acusado de supuesto tráfico de drogas, comenzó a ejercer funciones como diputado el pasado 12 de junio.
El exguerrillero obtuvo vía libre para participar en las elecciones regionales de marzo de 2018, en virtud del Acuerdo Final de Paz, firmado en noviembre de 2016, donde el partido FARC obtuvo diez escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado).
Jesús Santrich, quien participó en los diálogos de paz de La Habana, es señalado por la Fiscalía de Colombia y Estados Unidos de un supuesto acuerdo con el Cártel de Sinaloa (México) para exportar diez toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares.
Los períodos de los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo Final de Paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplados por la justicia transicional de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), a la cual se acogió Santrich, y darían paso a su extradición.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha cargado con gran parte de la presión política y judicial que ha generado el caso. Mientras el Gobierno de Estados Unidos insiste en su extradición y el presidente Iván Duque lo califica de “mafioso”, el partido FARC afirma que se trata de un montaje judicial e insiste en su inocencia.
Poco después de la captura de Santrich, en abril de 2018, la JEP quedó facultada para solicitar las pruebas que decía tener la justicia estadounidense en contra del exguerrillero para determinar si el crimen se había cometido antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. Estados Unidos se negó a remitirlas y aseguró que con el documento de acusación era suficiente.
En mayo de 2019, la Jurisdicción Especial decidió aplicar la garantía de no extradición, una medida que dejaba en libertad a Santrich. La decisión provocó la intempestiva renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien argumentó razones éticas que no le permitían cumplir la orden de la JEP.
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