Representantes de Confederación Fenats Nacional y el senador Daniel Núñez (PC) sostuvieron un encuentro con el presidente del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) Raúl Letelier, para manifestar su preocupación por el caso de colusión de gas entre Indura y Lindey solicitaron la evaluación de “todos los escenarios judiciales posibles” para sancionar a estas empresas.
Cabe recordar que recientemente se pudo conocer que Indura y Linder habrían acordado manipular los precios y los procesos de licitación de compras de oxígeno y otros insumos de uso médico de los hospitales Félix Bulnes y Quellón en medio de la pandemia de Covid-19.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el 29 de abril un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas Indura S.A. (Indura) y Linde Gas Chile S.A. (Linde), y tres de sus ejecutivos, por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021.
Según la FNE, ambas firmas acordaron asignarse zonas o cuotas de mercado, definiendo no competir entre sí por los clientes que cada una ya abastecía.
Esta colusión afectó a clientes industriales y medicinales, cubriendo una amplia gama de rubros, tales como metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros.
En la reunión, realizada ayer miércoles, los dirigentes de la Fenats plantearon que con estas acciones se afectó directamente a la ciudadanía y se buscó un beneficio económico a costa de la vida de miles de pacientes, por lo que solicitaron al CDE evaluar todos los escenarios judiciales para establecer sanciones.
Al respecto, el presidente de Fenats Nacional, Emerson Berríos indicó que «esta denuncia debe ser investigada en profundidad por la Fiscalía Nacional Económica y se deben tomar todas las medidas jurídicas necesarias para que los responsables cumplan con sanciones adecuadas. Acá se lucró con la salud de chilenas y chilenos en medio de una crisis de salud mundial y no podemos permitir este tipo de abusos».
Por tal motivo instó al Congreso Nacional a atender este caso y evaluar «el levantamiento de una comisión investigadora que revise los procedimiento y proponga ajustes en la legislación respectiva».
Por su parte, la vicepresidenta de la organización de trabajadores de la Salud, Karen Palma, planteó que el Consejo de defensa del Estado debe evaluar todas las posibilidades para poder !avanzar en una acción judicial que establezca responsabilidades claras y de sanciones ejemplificadoras»
“Las chilenas y los chilenos esperamos que los organismos del Estado cumplan su labor de proteger a las personas y evitar en el futuro nuevos casos de abusos en momentos críticos contra millones de chilenas y chilenas. Este caso de colusión es gravísimo y se debe poner freno ‘al cartel del gas’”, afirmó, citada por Diario U de Chile.
A juicio de Palma es necesario que tanto el parlamento como el ejecutivo emprendan acciones claras y concretas para evitar este tipo de abusos. «Se debe investigar y se debe legislar para evitar nuevos casos como el que nos hemos enterado», indicó.
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