El evento privado, realizado en enero de 2021 en Zapallar, Región de Valparaíso, mientras la pandemia estaba en su punto más álgido, fue viralizado y condenado de manera transversal. Sin embargo, la investigación en curso contra organizadores y asistentes se dio por terminada sin culpables y sin responsabilidades penales o económicas.
Durante la jornada del martes, la ministra del Interior Izkia Siches fue consultada respecto a la decisión del cese de la investigación contra los asistentes y organizadores de la fiesta clandestina de Cachagua, que produjo un gran brote de contagios, infringiendo todas las normas sanitarias vigentes en ese momento.
Siches, cuestionó la decisión del Ministerio Público de cerrar la causa explicando que «esta fiesta en un balneario exclusivo fue sin duda un hecho de connotación pública, en donde uno hubiera esperado las debidas sanciones», en un punto de prensa en el Congreso Nacional en Valparaíso.
La ministra agregó a estas declaraciones que «sin duda que no existan (sanciones), es una señal, a mi juicio equívoca, y en eso esperamos que no haya impunidad para nadie en nuestro país». Esto haciendo referencia a que varios de los asistentes a la fiesta eran familiares de políticos de en ese entonces oficialismo.
Por su parte, según consigna Cooperativa, la Fiscalía dio por cerrada la etapa investigativa, pues no se habrían reunido las pruebas suficientes para fundamentar una acusación. En los próximos días, el Juzgado de Garantía de La Ligua fijaría la fecha para el cierre formal del procedimiento.
Recordemos que en la fiesta clandestina habrían participado cerca de 200 personas. Hecho que se realizó en pleno Estado de Emergencia y con directa infracción al toque de queda en ese momento y que debido a esto, 32 personas fueron sumariadas las cuales a un año de los hechos, aún no pagan sus multas, cuyos montos ascendían cerca de 195 millones de pesos.