El exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, el boliviano Arturo Murillo, deberá pagar una fianza de 250.000 dólares, según lo establecido por una corte de EE. UU. donde se le procesa por presuntos sobornos y lavado de activos.
Según Daniel Pulecio, uno de los abogados que acompaña a Murillo, el acuerdo se logró para que el exfuncionario pueda defenderse en libertad de las acusaciones que pesan en su contra.
«En las siguientes horas es poco probable, han logrado un acuerdo preliminar sobre el monto de la fianza y ahora tiene que pagar la fianza que es de 250.000 dólares, tan pronto la pague es posible que salga en libertad«, dijo Pulecio a medios locales.
El abogado comentó que «la regla general es que los acusados hagan frente a su proceso penal en libertad, siempre que logren un acuerdo de fianza, y el día de hoy la Fiscalía y la defensa han informado sobre ese acuerdo de fianza a la juez y lo ha aceptado».
«Ahora solamente estamos esperando y estaremos monitoreando el caso para que se informe que se ha cumplido la condición de la fianza», añadió. Una nueva audiencia ha sido fijada para el 9 de septiembre.
Murillo, de 57 años, está acusado de recibir coimas supuestamente pagadas por una empresa estadounidense, con el propósito de asegurar un contrato con el Gobierno boliviano por la compra de gases lacrimógenos para la contención de las protestas antigubernamentales, y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos.
El exministro fue detenido a finales de mayo en Florida junto a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete de Murillo, y otros tres ciudadanos norteamericanos señalados como partícipes en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020.
Murillo se encuentra en EE. UU. desde noviembre de 2020, país al que huyó cuando, precisamente, la Fiscalía boliviana emitió una orden de aprehensión por malversación de fondos en la compra del material antidisturbios hecho durante su gestión.
Además de Murillo y Méndez, también está incluido en este caso el exministro de Defensa del régimen de Áñez, Luis Fernando López, quien huyó de territorio boliviano el 5 de noviembre de 2020, tres días antes de que Luis Arce asumiera la Presidencia del país.
Fuente: RT.