La Fiscalía de Ecuador acusó este lunes al alcalde de Quito, Jorge Yunda y a otras 13 personas por el presunto delito de peculado en el proceso de compra de pruebas PCR para detectar el covid-19.
«Caso Pruebas PCR Quito: el dictamen de Fiscalía Ecuador contra los 14 procesados se basa en alrededor de 400 cuerpos y más de 80 elementos de convicción», dijo la Fiscalía General.
En la audiencia preparatoria de juicio celebrada ante un juez de la Corte de Pichincha, en Quito, el fiscal provincial Alberto Santillán, presentó pericias contables que dan cuenta de un perjuicio al Estado por un total de 2″297.865 millones de dólares.
La Secretaría Municipal de Salud celebró entre marzo y abril del año anterior un contrato con una empresa privada para adquirir 100.000 pruebas PCR para detectar el covid-19, por un monto de 4,2 millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, dicho organismo recibió pruebas con tecnología LAMP en lugar de las que estaban estipuladas en el contrato.
El fiscal presentó también un informe del Instituto Nacional de Salud Pública (Inspi) que determinó una sensibilidad del 15,38 por ciento para detectar el virus en las pruebas recibidas por el Municipio.
Para la Fiscalía, Yunda tendría la calidad de autor mediato en el delito de peculado, 11 serían coautores y dos serían autores directos.
El juez deberá decidir si llama a juicio a todos los acusados.
Mientras se desarrollaba la diligencia en la Corte, en simultáneo se celebró una sesión en el Municipio de Quito para tratar la situación política del burgomaestre.
El vicealcalde, Santiago Guarderas, convocó a los 21 miembros del Concejo Metropolitano para designar al cuarto integrante de la Comisión de Mesa que debe tramitar tres peticiones presentadas por colectivos ciudadanos para remover del cargo al alcalde.
La Comisión estaba formada por el alcalde, el vicealcalde y dos concejales.
Sin embargo, dado que Yunda no puede tratar su propio caso, el cuerpo colegiado designó un reemplazo para conformar dicha instancia.
En lo inmediato, los cuatro integrantes de esta Comisión deberán analizar un pedido de remoción presentado por el colectivo Quito Unido, al que se sumaron el denominado Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito y el colectivo Quito en Acción.
Fuente: Sputnik
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