La fiscal general de Perú, Zoraida Avalos Rivera, abrió el martes 4 de enero investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por presunto «tráficos de influencias», «patrocinio ilegal» y «colusión» en agravio del Estado, en los casos por la licitación del proyecto Puente Tarata III, la adquisición de Biodiesel B100 para abastecer a Petroperú y los polémicos ascensos de militares en el Ejército.
El Ministerio Público sospecha que el jefe de Estado habría intervenido «indebida e indirectamente» en el otorgamiento de un contrato millonario de construcción del puente vehicular Tarata, en el departamento de San Martín. Para la Fiscalía, el mandatario intercedió «a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata III».
El escándalo se desató luego de conocerse que la empresaria Karelim López Arredondo, ligada al grupo constructor, se encontró con Castillo en más de una ocasión. Una de ellas fue en la sede presidencial, cuya reunión quedó registrada en la agenda oficial, pero otra ocurrió en un domicilio particular, de forma secreta. Esta visita por fuera de la casa de Gobierno fue registrada por un medio televisivo, mientras se cree que las reuniones estarían relacionadas con la adjudicación de los contratos.
Por otro lado, la Fiscalía señaló que Castillo estaría implicado en la adquisición de biodiesel para el período de enero a abril del 2022, «con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh» ganara «un contrato por la suma de 74 millones de dólares«.
En este caso, también figura la participación de López Arredondo, quien ingresó al Palacio de Gobierno en la misma fecha y hora que el gerente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo y Abudayeh, de la firma proveedora. «Tres días después de esta reunión, Petroperú emitió una orden de servicio para comprar biodiesel para sus plantas», señaló el Ministerio Público.
Sobre López Arredondo, la fiscal destaca el vínculo cercano que tendría con el jefe de Estado, remarcando que incluso habría organizado una fiesta infantil para su hija, el 27 de octubre del 2021, contratando a una conocida animadora de eventos.
Por último, la Fiscalía también inició una investigación preliminar por la presunta injerencia del presidente en ascensos militares, luego de que medios locales difundieran posibles conversaciones de WhatsApp entre Castillo y el entonces jefe del Ejército, José Vizcarra: «Le pido conversar con Bruno para unos temas urgentes», le habría indicado el presidente al comandante, haciendo alusión a la mano derecha presidencial, Bruno Pacheco.
Por su parte, el jefe de Estado ya declaró en calidad de testigo por la investigación que recae sobre Pacheco, pero después de sus comentarios, la fiscal puso a Castillo en condición de investigado.
De este modo, es la segunda vez que el Ministerio Público inicia investigaciones preliminares contra un presidente en ejercicio, luego de que la fiscal Zoraida Avalos Rivera abriera un caso contra Martín Vizcarra en 2020, por la polémica contratación del cantante ‘Richard Swing’ desde el Ministerio de Cultura.
En esa oportunidad, la indagación estuvo en suspenso hasta que Vizcarra fue expulsado de la Presidencia por una moción de censura impulsada por el Congreso. Sobre ello, la Fiscalía aclaró que, más allá de la apertura del caso, la investigación contra Castillo «quedará suspendida hasta la culminación de su mandato presidencial«, considerando la inmunidad absoluta que tiene el político.
Fuente: RT.
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