A través de un reportaje de Bío Bío -del año 2021-, se reveló que un informe de Contraloría confirmó irregularidades en la compra de cámaras corporales a Carabineros, durante la gestión de Katherine Martorell como subsecretaria de Prevención del Delito, no existiendo constancia ni “evidencia” sobre los antecedentes tenidos a la vista por la comisión evaluadora de la subsecretaría para adjudicar la licitación a Motorola -cámaras corporales-.
El Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso a la querella criminal interpuesta por la empresa The Pegasus Group Company S.A en contra de Katherine Martorell -y otros funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera-, por los delitos de prevaricación administrativa, fraude al Fisco, y falsificación de Instrumento Público; en la que se relata que la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante Resolución Exenta N°123 del 29 de enero del año 2020, aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y anexos para adquirir un sistema de cámaras corporales de alta resolución, adjudicándose dicha licitación Motorola Solutions Chile S.A.
«La oferta que resultó adjudicada es $131.138.000 – más cara que la de mi representada, que sí cumple con todos los requisitos estipulados en las Bases de Licitación. Es decir, un 50% más cara que la oferta presentada por mi representada (…) la oferta de THE PEGASUS GROUP COMPANY S.A. fue superior en términos económicos (mejores condiciones económicas para la Subsecretaría de Prevención del Delito) y de plazo de entrega (menor plazo de entrega) (…) No se entiende el motivo por el cual podría preferirse una oferta efectuada por un proveedor, que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de Licitación y que, por lo demás, resultaba más onerosa para el Estado», se detalla en la querella.
Debido a la investigación judicial liderada por la Fiscalía Centro Norte, Katherine Martorell declaró en calidad de imputada el 17 de marzo de 2023, sosteniendo que no se pudo cumplir con los plazos por un «tema exógeno, que se vinculaba con el poco conocimiento que Carabineros tenía de la tecnología, las complicaciones para la implementación y el uso de las cámaras por temas de infraestructura y temas que más bien no eran imputables a la empresa”. Además, de insistir en su inocencia.
En enero de este año, se reveló que el juez Daniel Urrutia solicitó Fiscalía formalizar a Martorell en un plazo máximo de 120 días. A días de cumplirse lo solicitado, este medio contactó a la Fiscalía Centro Norte, quienes confirmaron que se decretaron nuevas diligencias solicitadas por la parte querellante, continuando la investigación, por lo que se debe esperar que llegue el resultado de las diligencias solicitadas por la querellante, no existiendo una fecha próxima de formalización, a casi cuatro años de investigación.