El pasado lunes fue formalizada una funcionaria de Carabineros, por los delitos de cohecho agravado y violación de secreto; luego que se descubriera que pasaba información a un hombre indagado por narcotráfico a cambio de «requerimientos de índole sentimental».
Los hechos se dieron en julio de 2020, cuando Camila Cáceres se desempeñaba en la Primera Comisaría de Angol. Aprovechándose de su posición, entregó información clave a Roberto Carlos Soto Soto, imputado por tráfico de drogas y sobre quien pesaba una medida cautelar de arresto domiciliario total, refiere la Unidad de Investigación de BioBio.
La carabinera formaba parte de la estación que estaba a cargo de verificar que Soto Soto cumpliera la medida de arresto domiciliario.
El vínculo entre ambos se detectó tras las llamadas que se realizaban entre ellos. La fecha clave – detalla la investigación presentada por la Fiscalía -, fue el 14 de julio de 2020; cuando la funcionaria llamó a Soto Soto sin tener conocimiento que la línea telefónica estaba intervenida.
En las escuchas, se reveló que la funcionaria le prometió al imputado que le haría saber el momento exacto en que la patrulla iría hasta su domicilio a controlar su arresto, para así poder evadir las restricciones que tenía el narco.
“Requerimientos de índole sentimental”
La carabinera le hizo saber a Soto Soto los movimientos de la patrulla que estaba encargada de realizar el chequeo del domicilio.
El imputado declaró que la funcionaria no pidió dinero ni bienes materiales, sino que solicitó «requerimientos de índole sentimental».
De acuerdo con la investigación de Bío Bío y las declaraciones realizadas por Soto Soto, éste debía aprovechar aquellos días en los que los uniformados no concurrían hasta su casa para ir a visitar a la carabinera.
Acá -señala la Fiscalía – es donde se configura el delito de cohecho pasivo agravado, debido a que la funcionaria entregó información calificada como secreta a cambio de un beneficio.
El Ministerio Público considera que su accionar causó un grave daño para la función pública y a la administración de la Justicia.
Tras conocer que la funcionaria pasaba información, los avisos dejaron de ser efectivos, por lo que a finales de julio se detectó el primer incumplimiento de la cautelar de Soto Soto. Caso similar ocurrió los días 20 de agosto y 5 de octubre de 2020.
En paralelo, la causa seguida contra Soto Soto y los otros dos imputados por infracción a la Ley de Drogas continuó avanzando y terminaron condenados, en el caso de Soto Soto a una pena de 704 días de libertad vigilada intensiva, por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
Carabinera dada de baja
Tras estos hechos, la investigación se centró en la carabinera, por lo que la causa se ingresó en agosto del año pasado al Poder Judicial.
La funcionaria fue trasladada de la unidad angolina a una de las Centrales de Comunicaciones (CENCO) de Carabineros, refiere la Unidad de Investigación de Bío Bío.
Por su parte, el Ministerio Público dio a conocer a inicios de junio de este año que iba a formalizar a la uniformada, quien fue dada de baja ese mismo mes.
En el juicio, la exfuncionaria policial se le impuso las cautelares de arraigo nacional y firma mensual, mientras que la Fiscalía tiene un lapso de 60 días para realizar las diligencias correspondientes a la investigación.
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