¿Fuerzas Armadas en zonas urbanas para controlar el crimen organizado?
Existe una alta preocupación en diversas comunas del país, debido al registro de una serie de crímenes y delitos relacionados al hampa nacional e internacional, que abarcan desde asesinatos por encargo, controles en zonas urbanas de narcotráfico, secuestros, así como la alarmante presencia de la trata de personas.
Aunque operaciones conjuntas del Ministerio Público, Ejecutivo y policiales han logrado desmantelar numerosas organizaciones delictivas, la situación persiste en un estado crítico. El llamado del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), luego de una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, solicitando la presencia de las fuerzas armadas en áreas urbanas y enfrentar la “ola de delitos”, subraya la gravedad de la situación y la necesidad de medidas urgentes para restablecer el orden público, lo que generó diversas reacciones en el acontecer político del país.
“Esto es algo que ya han solicitado también otros alcaldes de distintos partidos, de distintas tendencias, pero aquí no hay barreras ideológicas que nos permitan pensar en la seguridad de nuestros vecinos”, declaró el jefe comunal de Maipú, donde tan solo el sábado pasado un sujeto disparó a cinco personas y asesinó a un menor de 16 años.
La sensación del aumento de delitos, es una “percepción real”, reconocida por el propio presidente y su desenlace, está vinculado con el crimen organizado y muy especialmente, por la instalación de bandas internacionales en el país, lo que se viene denunciando desde el 2020 en adelante.
El pronunciamiento del presidente
El presidente Gabriel Boric en una entrevista en Radio Condell de Curicó y difundido por el gobierno, manifestó su disposición a desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas urbanas bajo ciertas condiciones, destacando que los militares podrían colaborar en funciones específicas para liberar a la policía, pero señaló que se necesitarían modificaciones legales para ello.
El Presidente también mencionó la posibilidad de implementar mecanismos más rápidos para tomar decisiones en este sentido, como una reforma constitucional que permita actuar mediante decreto sin tener que pasar por un extenso debate en el Congreso. Asimismo, aseguró que se están coordinando operativos en sectores con altos índices de delitos violentos, como Maipú, donde ocurrió el crimen del ex teniente Ronal Ojeda.
Mira aquí sus declaraciones
Posiciones encontradas sobre militarización de zonas urbanas
Hay sectores políticos que se manifiestan contrarios a la presencia militar en zonas urbanas, pero por otro, han apoyado la militarización de la llamada “macrozona sur”, en particular con respecto al llamado “Estado y comunidades mapuche”, que si bien se ha configurado en torno a ataques y atentados de grupos beligerantes, el tema de fondo, no oficial, son las reclamaciones de tierras en manos empresas forestales y del latifundio agroindustrial.
La presencia de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas, genera temor en ciertos representaciones políticas, porque conllevaría a una serie de riesgos y desafíos significativos. En primer lugar, su intervención podría incrementar la militarización de la sociedad, generando tensiones y desconfianza entre la población civil y las autoridades, comparándose incluso con países como Ecuador y México, lo que podría agravar problemas de derechos humanos y libertades individuales, aumentando la posibilidad de abusos de poder y violaciones de los derechos civiles.
Asimismo, se ha hecho ver, que la utilización de estrategias militares en entornos urbanos complejos podría resultar ineficaz e incluso contraproducente, incrementando el riesgo de confrontaciones violentas y colisiones con grupos criminales. Asimismo, la presencia de las FFAA podría desviar recursos y atención de otras áreas prioritarias, como la educación o la salud pública, limitando así la capacidad del Estado para abordar las causas subyacentes de la inseguridad y el crimen organizado.
El rechazo a la presencia militar en zonas urbanas tiene diversos argumentos. La diputada Claudia Mix, luego de la petición del alcalde Vodanovic, argumentó que la experiencia ha demostrado que los militares no son realmente útiles en asuntos de seguridad pública y que esto representa un riesgo elevado para la población, dado que no es su rol y no están capacitados para ello. La diputada hace referencia a casos de matanzas horribles ocurridas en otros países como México, Ecuador o Perú, donde se han utilizado fuerzas militares para abordar problemas de seguridad, con resultados desafortunados, según publicación de El Clarín de Chile.
Mix sugiere la posibilidad de solicitar una reunión con la ministra de Defensa para analizar los límites y condiciones en caso de que se llegara a implementar la participación militar en seguridad pública. Sin embargo, personalmente, la diputada considera que la seguridad ciudadana y la erradicación del crimen organizado deben abordarse mejorando la gestión y eficiencia de las policías y del Ministerio Público, así como fortaleciendo la prevención en los territorios.
Otro punto de vista, es el que manifiesta el coronel (r) del Ejército, investigador senior de AthenaLab, especializado en temas de defensa y seguridad, Marcelo Masalleras, quien en una entrevista a Ex Ante, señaló: “En la macrozona sur y en la zona norte, el problema es distinto. Es distinto controlar la migración o un tema más asociado a la insurgencia, que se está llevando en la zona sur. Es muy distinto a lo que está pasando en Santiago, que estamos frente a la acción de bandas criminales”.
Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), estimó que no existen garantías de que un despliegue militar en ciertas comunas logre reforzar la seguridad, como ha propuesto al Gobierno su par de Maipú, Tomás Vodanovic. «Los militares están entrenados para la guerra, no para las ciudades, entonces mi pregunta es: ¿Los van a entrenar? ¿Les van a dar otro tipo de equipamiento? Y si llegan a tener que disparar, ¿los van a defender o los van a acusar por violaciones a los derechos humanos?«, indicó la edil, quien también se perfila como candidata presidencial.
Por otro lado, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, dijo a Radio Universidad de Chile, que “nosotros creemos que las policías deben aumentar su capacidad operativa y su capacidad operativa también pasa porque algunas de sus tareas de soporte puedan ser reemplazadas (…) “Si en eso las Fuerzas Armadas pueden hacer una contribución ¿por qué nosotros nos vamos a oponer a aquella posibilidad de que finalmente las policías estén en la calle combatiendo el delito?”, señaló.
Sin embargo, buena parte de la oposición salió a exigir la intervención militar, emplazando al gobierno para que concrete la presencia de Fuerzas Armadas en zonas urbanas y pase de “los dichos, a los hechos”. Así lo manifestó el diputado RN e integrante de la comisión de Seguridad, Diego Schalper, quien afirmó que “esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo”, publicó Radio Universidad de Chile.
“Lo que pasa es que hoy día ya hasta los alcaldes del Frente Amplio han visto que la realidad se les vino encima y, por lo tanto, lo están pidiendo ellos. Entonces, ¿qué más estudios necesita? Él (Boric) sabe perfectamente que, si quisiera, cuenta con las herramientas constitucionales para ello. La pregunta, como bien decimos, ¿qué más necesita estudiar? ¿Qué más necesita analizar? La pregunta es si su disposición va a estar lo suficientemente firme para sobreponerse a la probable oposición que vamos a encontrar acá por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio porque, fíjese, aquí tenemos a los alcaldes del Frente Amplio pidiendo fuerzas militares en la calle, pero tenemos diputados del Frente Amplio haciendo todo lo posible para que eso no suceda”, declaró Shalper.
El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, planteó que ellos están preparados para la protección de infraestructura crítica porque lo hacen, por ejemplo, en sus propias instalaciones, pero aseguró que en tareas de orden público que signifique interactuar con la población, carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado, según publicación de Canal 13.
En tanto, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), respaldó lo propuesto por Vodanovic, por cuanto «hay una realidad que cambió, y hay algunos que no quieren entender que cuando cambia una realidad, también tenemos que cambiar las medidas que implementamos (…) «Por eso es muy importante evaluar y aprobar prontamente el proyecto de infraestructura crítica que permita tomar esta decisión al Ejecutivo», enfatizó a Radio Cooperativa.
La ley de infraestructura crítica y las otras normas contra el crimen organizado
La reforma constitucional que se aprobó en 2023 permite “la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente. Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha señalado, en el Congreso permanece estancado el proyecto de ley de infraestructura crítica que norma los detalles de esta reforma constitucional, como por ejemplo, las atribuciones y deberes de las FF.AA.
La ley que se ha hecho referencia en estos días, es la Nº 21.542, iniciativa que tiene su origen en una moción, de un grupo de senadores: Carmen Gloria Aravena Acuña y Ximena Rincón González, Álvaro Elizalde Soto (hoy ministro), Kenneth Pugh Olavarría y Jaime Quintana Leal, y del ex senador, Francisco Chahuán Chahuán,
En el segundo artículo de dicha reforma constitucional se indica que el Presidente debe enviar al Congreso otro proyecto de ley para regular las materias específicas que conlleva la protección de la infraestructura crítica; como por ejemplo los criterios para definir qué se entenderá por infraestructura crítica, las obligaciones para organismos públicos y entidades privadas a cargo de esta, y las atribuciones y deberes de las FF.AA.
En agosto de 2023 el Ejecutivo envió el proyecto de ley. Sin embargo este aún está en el Senado en su primer trámite, pese a tener nueve renovaciones de «urgencia simple» por parte del Gobierno.
El diputado socialista Raúl Leiva, frente a esta situación, señaló a Radio Biobío: “Nosotros aprobamos la Infraestructura Crítica, lo que se necesita y requiere, pues yo no le voy a dar un cheque en blanco a ningún gobierno para que utilice los militares a través de un decreto (…) El proyecto de Infraestructura Crítica se encuentra en la Comisión de Defensa del Senado desde el 2 de agosto del año 2023 y ni siquiera se ha comenzado la discusión en general”, cuestionó.
“El Gobierno ha puesto ocho urgencias que no han sido respetadas por la Comisión de Defensa del Senado”, agregó el parlamentario oficialista.
Cabe recordar que durante el 2023, se aprobó un paquete de leyes referidas al crimen organizado, las que evidentemente no alcanzan a controlar la situación en el presente. Una de ellas, fue el que actualiza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y que establece técnicas especiales para su investigación
En enero del 2023, quien era entonces el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador José Miguel Insulza, explicaba los aspectos fundamentales del proyecto y destacó el apoyo transversal que hubo durante el análisis en particular en sesión del Senado: «El tema del crimen organizado es el que hemos hablado en los últimos meses y este proyecto tiene una importancia muy grande…nos hemos esforzado al máximo en tener la mayor cantidad de acuerdos posibles en materia de seguridad», dijo el senador.
El proyecto referido, actualiza los delitos sobre la materia y propone la creación de dos figuras diferentes: la asociación delictiva que busca sancionar a las organizaciones que tengan entre sus fines la perpetración de simples delitos (penas de hasta 5 años) y la asociación criminal cuando la organización tenga por objeto cometer crímenes (penas sobre los 5 años y un día).
Asimismo, amplía las técnicas especiales de investigación para los delitos de asociación delictiva y asociación criminal, estableciendo nuevas técnicas de captación o grabación subrepticia; la habilitación expresa para utilizar agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes; entregas vigiladas y acceso remoto de equipos informáticos.
También contempla medidas especiales de protección para los intervinientes en procesos penales que persiguen la criminalidad organizada y considera el comiso sin condena previa, el comiso por valor equivalente y el comiso ampliado, consideradas fundamentales para el combate del crimen organizado.
Sobre el debate de dichas leyes, el senador DC, Francisco Huenchumilla, manifestaba en la sesión del Senado: «Hay nuevas técnicas que le permiten al Ministerio Público tener las herramientas eficaces para atacar el núcleo central donde está el nervio de esto que es atacar las ganancias ilícitas…combatir la delincuencia tiene una fase primordial que es la anticipación y para eso es fundamental poner al día los servicios de inteligencia para que tengan una mirada prospectiva de los hechos y puedan anticiparse».
El senador Iván Flores, manifestaba: «Hasta el momento no hemos visto que haya una decisión política firme, que permita enfrentar las nuevas formas de delitos. En los barrios ya no aguantan las balaceras, asaltos, crímenes a vista y paciencia, donde nadie se atreve a intervenir. La única manera de enfrentar esto es con decisión y sin titubeo»
La senadora Isabel Allende, indicaba: «Estamos todos de acuerdo en que estamos actualizando los delitos que sancionan la delincuencia organizada. Teníamos una legislación obsoleta y que se apliquen los comisos de las ganancias ilícitas es muy importante. Es una actualización sumamente necesaria. Todos estamos conscientes que este es un tema que afecta a todos sin distinción y por eso es importante ponernos de acuerdo»
El senador Udi, Iván Moreira, indicó: «Los tentáculos de estas bandas pueden terminar por asfixiar el estado de derecho y por eso hay que tener herramientas para infiltrarlos, conocerlos, desarticularlos, quitarles el poder de fuego y decomisarle los recursos que han adquirido por medios ilegales».
El 27 de enero del 2024, otra ley salió a la luz. Fue promulgada la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial. La nueva orgánica dotará al Ministerio Público de herramientas para la persecución penal de los ilícitos en los que estén involucradas asociaciones criminales, y en casos que requieran una investigación supraterritorial o transnacional.
La promulgación se realizó en una ceremonia encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, junto al fiscal nacional, Ángel Valencia.
«La Fiscalía Supraterritorial nos va a permitir tener una institución preparada para enfrentar delitos que se cometen en distintas partes del territorio nacional o incluso conectando territorios que van más allá de nuestras fronteras», destacó la ministra Tohá en su intervención.
El llamado urgente de las Confesiones Religiosas
Este miércoles 13 de marzo, a través de una declaración pública, las principales confesiones religiosas de Chile expresaron su profunda preocupación por los graves problemas que enfrenta el país, como el crimen organizado, y llamaron a un acuerdo nacional para resolver los graves problemas que enfrenta el país.
“Sobre la inseguridad y el crimen que destruye la vida ciudadana”, titulaban las diez confesiones religiosas, indicando: “Sobre el “grave problema de inseguridad” que afecta a todos los sectores sociales, se señala es un flagelo de consecuencias impredecibles. “La expansión de la droga y la presencia del crimen organizado, no conocido en Chile, está destruyendo los elementos esenciales de la vida ciudadana y en particular nuestros barrios, familias y nuestra juventud”, destaca la declaración.
Por estas y otras razones de los problemas graves que enfrenta el país, las confesiones religiosas señalaron que: “El país requiere dar un paso decisivo hacia una verdadera política de acuerdos y consenso” a través de “un acuerdo nacional” que se aboque “a resolver los graves problemas sociales, económicos y políticos que enfrentamos”. Ante este llamado se señala “estamos dispuestos a colaborar, desde nuestra perspectiva, a este gran objetivo”.
El crimen organizado: Las bandas internacionales que ingresaron a Chile
El escenario que vive Chile, sugiere una posible instrumentalización de las bandas criminales con el fin de consolidar el control político y desviar la atención de temas sociales y económicos, manteniendo intacto el statu quo del poder hegemónico dominante.
Este panorama plantea interrogantes sobre la intersección entre la seguridad, las bandas internacionales que se instalaron en Chile, los intereses políticos, y la necesidad de abordar estas cuestiones de manera integral y urgente para preservar la estabilidad y el bienestar de la sociedad.
Diversas antecedentes oficiales y de observadores internacionales sobre el crimen internacional, dan cuenta que bandas como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Tren de Aragua y sus derivados, Cartel del Golfo y otros se instalaron en el país durante los años 2020 y 2021.
Durante el gobierno de Iván Duque en Colombia ( 7 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2022), predominó la existencia de grupos vinculados al paramilitarismo y sicariatos como el Clan del Golfo (Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia), los Rastrojos, los ‘Costeños’, Los “Flacos” y los ‘Pepes’ que tendrían una fuerte presencia en diversas zonas de dicho país, operando con escuelas sicariales activas durante su gobierno, varias en zonas fronterizas con Venezuela.
Un informe del 2022, desde la Defensoría del Pueblo, señalaba que en una finca cercana a Sabanalarga “estaría ubicada una base para el entrenamiento militar de niños, niñas y adolescentes que son usados para actividades de vigilancia, transporte de armas y elementos de apoyo para los grupos ilegales, tráfico de drogas, hurtos, extorsión y hasta explotación sexual”.
Estas escuelas sicariales, habrían tenido la exportación de varios de sus miembros a países como Ecuador y Chile.
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