Funcionario del INDH demanda a Sergio Micco y denuncia que impidió investigar detención y desaparición de Gerardo Monares durante el estallido social

Su nombre es Gerardo Monares y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. También denuncia las precarias condiciones en las que desarrollaban su trabajo, el nivel de abandono en el que se encontraban frente a amenazas y la desidia con que se trata hasta hoy el tema de los químicos en el agua del carro lanza agua.

Por: Laura Landaeta

La RED

A partir de la crisis social iniciada el 18 de octubre del 2019, los equipos regionales nos vimos exigidos al máximo en particular en aquellas grandes urbes en las que las protestas, heridos, detenidos y denunciantes por violencia institucional sobrepasaban abrumadoramente nuestras posibilidades de respuesta”. Así comienza el relato de hechos Harun Oda, cuyo abogado patrocinante, Fernando Leal, cuenta en el escrito judicial los pormenores que lo llevaron a poner una demanda de tutela laboral en contra de Sergio Micco director del INDH y contra el organismo. En ella se relatan diversos hechos gravísimos, incluyendo el no querer investigar la detención y posterior desaparición de una persona en Concepción. La demanda es presentada está mañana en el 2o. Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT T-117-2022

Harina es funcionario en ejercicio del INDH y su abogado patrocinante, Fernando Leal, cuenta en el relato de hechos que: “Con fecha 11 de noviembre del 2019, debí dirigirme a la 1ª Comisaría de Concepción pasada la medianoche y en mi vehículo particular, para visitar detenidos. Nos habían advertido de graves vulneraciones de derechos que debíamos constatar y fui instruido para aquello. Tras la visita a la comisaría y al acercarme a mi automóvil, que se encontraba estacionado a una o dos cuadras del recinto policial, observé un papel puesto en el parabrisas con una amenaza de muerte escrita a mano que decía “Vas a morir sapo del INDDHH”. Tras mirar a mi alrededor y sin presencia de terceros de quienes me pudiese percatar abordé mi vehículo y regresé a mi domicilio, sin comentarle nada a mi familia, que ya se encontraba suficientemente agobiada por saberme expuesto diariamente a situaciones de riesgo como observador del INDH.

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el demandante pedía hablar con su jefatura directa para informarle de aquella amenaza anónima recibida. Su jefa informó a nivel central y el tema quedó en nada, dada la escasa posibilidad de que una denuncia de ese tipo llegara a puerto. Pese a la gravedad del hecho el INDH no tomó ninguna medida reparatoria o de monitoreo de la salud mental de aquellos observadores que en nuestra labor fuimos víctimas de amenazas, insultos o amedrentamientos. Durante esos meses no fueron pocas las veces en que ellos, según se relata en la denuncia, se vieron expuestos a que personas los agredieron verbalmente y los insultaran, sindicándolos como responsables de los desmanes.

Pero esas no fueron las únicas amenazas que recibió el demandante. “En otras oportunidades se nos acercaban de manera amenazante a grabarnos con teléfonos en la mano e interpelarnos por nuestra labor en forma muy agresiva, tal como me aconteció con fecha 21 de noviembre del mismo año, cuestión también conocida por mis superiores jerárquicos”, revela la denuncia.

“Me correspondió visitar hospitales entrevistando heridos producto de la represión policial, entrevistar a hombres y mujeres denunciantes de tortura, víctimas de trauma ocular, visitando calabozos insalubres en los que se encontraban personas que denunciaban haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como golpes y desnudamientos. Eso implicó estar durante horas recogiendo relatos de personas en situación de angustia, sufrimiento y dolor, tanto físico como emocional, transcurriendo así cada día durante meses”, agrega.

En la observación de manifestaciones en la vía pública les correspondió estar muchas veces y de manera inevitable, dada la dinámica inorgánica de los desmanes, en la línea de fuego, entre manifestantes violentos y las fuerzas de orden, viendo cómo caían personas heridas por perdigones a mi lado, mientras intentábamos escapar de la zona en medio de nubes de gas lacrimógeno que sobrepasaba la capacidad de sus máscaras y filtros de aire. A propósito de las numerosos y graves incidentes de traumatismos oculares solicitaron al INDH les proveyera de antiparras, para prevenir lesiones oculares entre quienes hacían observación de manifestaciones. Tras semanas de espera nos enviaron unas antiparras plásticas que en su envoltorio decían: “NO APTAS PARA FINES BALISTICOS”.

La demanda señala que el equipamiento de seguridad del personal INDH a cargo de desplegarse en medio de los incidentes violentos para hacer observación de la función policial consistía, básicamente de una chaqueta de plástico amarilla, una máscara con filtros de aire y un casco de bicicleta. No contamos con botiquín ni con medios de comunicación entre observadores, debiendo utilizar sus teléfonos celulares personales para comunicarse durante las manifestaciones y para registrar fotográficamente o en video algún incidente, ya que en la sede regional hay tan solo una cámara fotográfica. Tiempo atrás les habían enviado unos zapatos de seguridad cuyas tallas no correspondían a lo requerido y no contábamos tampoco con vestimenta adecuada a las estaciones del año o diversidad climática del país. Los funcionarios de Arica reciben el mismo equipamiento y vestimenta institucional que los de Magallanes.

La precaria situación en la que trabajaban los funcionarios de la octava región queda en evidencia en su relato: “He de señalar que pese a las labores de alto riesgo que los funcionarios del INDH desempeñaban, no contaban siquiera con seguros de vida ni con mínimo entrenamiento en primeros auxilios. Nunca se les evaluó respecto de sus aptitudes físicas o si presentaba alguna comorbilidad incompatible con las funciones de observación. En alguna oportunidad incluso la asistente administrativa de la sede tuvo que salir a observar manifestaciones violentas, sin contar con entrenamiento alguno al respecto”, cuenta.

“Debí acompañar a víctimas de torturas de connotación sexual al Servicio Médico Legal y registrar fichas médicas, capturando imágenes fotográficas de graves lesiones físicas producto del actuar policial y militar”.

“Como funcionario del INDH desplegado en terreno me tocó asistir, en forma directa a una persona en el suelo baleada por militares en las proximidades de la remodelación Paicaví, así como ser el primero en hablar con la familia de Manuel Rebolledo, en la urgencia del Hospital Higueras, asesinado al ser atropellado por un camión de la Armada en la población Libertad de Talcahuano, todas ellas experiencias emocionalmente intensas y traumáticas. Debí acompañar a víctimas de torturas de connotación sexual al Servicio Médico Legal y registrar fichas médicas, capturando imágenes fotográficas de graves lesiones físicas producto del actuar policial y militar”.

El relato del funcionario del INDH en la demanda de tutela laboral presentada señala además que: “Comencé a tener frecuentes pesadillas, que hasta hoy me hacen despertar en medio de la noche sobresaltado, así como recuerdos intrusivos que me generan angustia y malestar psicológico significativo, ansiedad y temor al recorrer ciertos puntos de la ciudad en que me tocó vivir situaciones traumáticas, alterando mi capacidad para poder realizar otras actividades y disfrutar de momentos de descanso. En momentos más intensos estos niveles de ansiedad me han llevado a experimentar crisis de pánico, con todas las dificultades para el normal desarrollo de mi vida y el sufrimiento que eso conlleva. A la fecha el Instituto no ha implementado ninguna política efectiva y específica para brindar acompañamiento, diagnóstico o monitoreo del daño psicosocial producido por habernos expuesto a situaciones de violencia extrema”.

No sólo no tenían apoyo sicológico sino además se les miraba mal cuando querían pedir horas extra pese a merecerlas. Se les solicitaba tener devolución de días. Desde la dirección del INDH, acusa el documento judicial, se les pusieron obstáculos para el desempeño de sus funciones de protección de derechos humanos en la región del Biobío. En particular se refiere a dos hechos: sobre los cuales el director del instituto, Sr. Sergio Micco Aguayo, instruyó inacción de la sede regional sobre materias propias de su mandato. El tema de personas con quemaduras producto de agentes químicos empleados por Carabineros y el caso del Sr. Geraldo Monares, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero, relata el ex funcionario.

El 28 de noviembre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos regional Biobío presentó un Recurso de Protección en favor de dos personas que habían sido quemadas por el agua del carro lanza aguas de Carabineros. Levantando el relato de los hechos y observando las graves quemaduras que presentaba en la piel. Dicho recurso fue fallado favorablemente el día 12 de diciembre de 2019; fallo que fue ratificado por la Corte Suprema el 24 del mismo mes. Dicho fallo consigna textualmente en el punto 8 de los considerandos:

“Que, de lo señalado por Carabineros de Chile, resulta evidente que la “mezcla de agua con gas lacrimógeno CS” que emplea para dispersar las multitudes, carece de toda regulación. En efecto, se desconoce cuáles son los efectos que dicha mixtura provoca en el ser humano; se ignora cuál es la proporción que debe existir entre la referida sustancia, con la cantidad de agua en que se disuelve. Por otra parte, tampoco se encuentra establecido quién es el funcionario encargado de elaborar dicha mezcla, ni el grado de capacitación que posee.

En pocas palabras no existe un procedimiento establecido para la confección de esta arma disuasiva, así como tampoco quién es el responsable de su elaboración.

La desidia de Micco

“El 10 de enero del 2020, el director del INDH visitó la ciudad de Concepción para participar de una actividad de desagravio a un atentado en contra del Memorial de los Detenidos Desaparecidos del Parque Bicentenario en Concepción, ocasión en la cual Carolina Chang, Jefa regional de la sede Biobío y yo le expusimos al Sr. Sergio Micco, de manera pormenorizada, los antecedentes que teníamos respecto de graves errores técnicos en la resolución sanitaria que autorizaba el uso del agente químico que había causado graves lesiones a manifestantes y transeúntes de la ciudad de Concepción, ante lo cual el director del INDH nos miró indignado, gritándonos que nos prohibía expresamente presentar ese peritaje, señalándonos que nosotros queríamos “desarmar a Carabineros, impidiendo que realizaran su trabajo”. Al menor intento por rebatir su posición e intentando señalarle el riesgo que ello implicaba para la salud de la ciudadanía, nos gritó furioso que el tema se acababa ahí, que el director era él y que no le volviéramos a hablar del asunto”, relata el escrito.

Además agrega: “Finalmente el informe de los médicos especialistas nunca se presentó y Carabineros continuó haciendo uso de gases lacrimógenos y líquido CS en el carro lanza aguas, lo que fue incrementando mi sensación de malestar, impotencia y frustración, sumado ello a que nuevamente debíamos exponernos a denuncias de personas afectadas por los agentes químicos, a sabiendas que por una decisión política incomprensible del director del INDH, no habíamos hecho todo lo posible por proteger la salud de las personas”.

La desaparición de Gerardo Monares

Durante los primeros días del mes de noviembre del año 2019, en medio del estallido social, los funcionarios del INDH de Concepción recibieron una denuncia respecto de la desaparición de una persona en situación de discapacidad psíquica llamada Geraldo Monares Peña, de 55 años, la que habría estado en las proximidades del Hogar Tupahue, en la comuna de Hualpén. Según la esposa de un sobrino de don Geraldo, ella habría presenciado a su familiar siendo detenido por Carabineros, quienes lo llevaron esposado hasta un vehículo policial, bajo la lluvia. “Sus familiares habían ido a la 4ª Comisaría de Hualpén a preguntar por don Geraldo, sin embargo, les informaron que no se encontraba allí”.

Habiendo sido asignada la denuncia al funcionario, por parte de su jefatura procedió a levantar el relato de la madre de don Geraldo, doña Raquel del Carmen Peña, quien entre lágrima me suplicó que hiciéramos algo para poder hallar a su hijo. Entrevisté de manera telefónica también a la familiar que había sido testigo de su detención, quien ratificó los hechos mencionados.

En atención a la gravedad de los hechos y estando frente a un eventual caso de desaparición forzada, la jefatura de la Sede regional Biobío decidió interponer un recurso de amparo en favor del adulto desaparecido. La Corte de Apelaciones de Concepción pidió un informe a la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público inició una investigación que a la fecha no ha tenido resultados, desconociéndose aún el paradero de don Geraldo Monares Peña, quien al ser una persona discapacitada pertenece además a un grupo de especial protección de derechos.

“Con fecha 22 de enero del año 2020, en calidad de Jefe regional (S) de la Sede Biobío, informé por correo electrónico al entonces Jefe de Gabinete del Director Sergio Micco, Sr. Carlos Bellei, del informe de la PDI que indicaba gestiones investigativas sin conocerse a esa fecha aún el destino de don Geraldo Monares, señalándole la opción de interponer querella por desaparición forzada, grave crimen de lesa humanidad sobre el cual el INDH tiene legitimación activa. De igual forma le sugerí una estrategia comunicacional del INDH en pos de difundir su fotografía y solicitar antecedentes a la ciudadanía respecto del paradero de don Geraldo Monares. A la fecha no hay respuesta por parte de dirección del INDH proponiendo acciones concretas respecto del caso. De igual forma el INDH, a expresa instrucción de su director, nunca dio publicidad al caso”, concluye.

Es más, el escrito recuerda que: “Una vez que la jefa regional titular volvió a funciones le insistí reiteradamente sobre el tema, tanto en comunicaciones telefónicas como en reuniones de equipo. Tras un par de semanas Carolina Chang nos comunicó que tras hablar con Sergio Micco sobre el caso le había sido informado que el INDH no iba a presentar ninguna acción judicial sobre don Geraldo Monares, dados los efectos comunicacionales de comenzar a hablar de detenidos desaparecidos en medio de la crisis social, por cuanto además nos prohibió tajantemente hablar del caso ante los medios de comunicación”.

La madre de Gerardo Monares, Raquel Peña falleció el 30 de agosto de 2020 sin conocer el paradero de su hijo. Todo ante la desidia de Micco y del INDH.

Nota de la redacción

Alrededor de las 16:00 horas de este domingo, y a raíz del presente reportaje publicado esta mañana por LaRed.cl, recibimos el siguiente comunicado por parte del INDH, el cual precederemos a contestar:

En primer lugar la demanda fue presentada hoy y tuvimos acceso en exclusiva. En la nota de puede ver el ruc de la causa y desde el confirmar su veracidad.

En segundo lugar este es u reportaje basado en una demanda judicial por lo cual no sentimos la necesidad de recurrir a otra fuente más que el escrito judicial

Finalmente, abajo el correo fechado 22 de enero de 2020 que demuestra que la denuncia se hizo al propio director nacional. Algo que señala el INDH no sucedió.