Las acusaciones del diputado del Partido Republicano
El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, realizó una denuncia ante la Contraloría General de la República por “una serie de convenios suscritos entre la Fundación Daya, fundada por la diputada Ana María Gazmuri y 11 municipios”.
Según el documento presentado por el parlamentario del Partido Republicano, los municipios de Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal “habrían transferido importantes recursos financieros a la Fundación Daya”, acusando que la fundación “no ha proporcionado las adecuadas rendiciones de cuentas por los dineros transferidos”.
“Se compraron chocolates, viajes y el internet de la diputada Gazmuri”, sostuvo el legislador.
La respuesta de la diputada Ana María Gazmuri
“El único humo que existe en esta polémica es del diputado Republicano que hace la denuncia y cuando fue concejal dejó a más de 100 pacientes sin su tratamiento gratuito de cannabis. Lamentamos la falta de compromiso de algunos municipios para concretar el beneficio destinado para cientos de pacientes al igual que la falta de rigurosidad del diputado republicano que hizo la denuncia”.
En base a una publicación de Radio Biobío y su vinculación que se hace a la Fundación, la parlamentaria señaló: “Cuando decidí ser candidata a diputada, renuncié a mi cargo (ad-honorem) de directora ejecutiva de @FundacionDaya. Este proyecto fue el año 2016, 5 años antes, con municipios de todas las tendencias. Desde el año 2017 la organización no mantiene ningún convenio vigente con los municipios ni ha recibido fondo alguno de estos ni de otro órgano del Estado. Seamos rigurosos”.
La diputada también difundió una entrevista: “Comparto la entrevista que me hicieron en TVN, en donde, a diferencia de La Tercera, sí se preocuparon por saber mi versión de los hechos y preguntarme sobre esta polémica de humo. Aquí testimonio de municipios que si cumplieron y ejecutaron el programa de cannabis medicinal”.
Una de las acusaciones es que familiares de la parlamentarían son miembros directivos de esta fundación, a lo que Gazmuri responde: “Directivos sin sueldo, pequeño detalle”.
La respuesta de la fundación Daya
Tras las acusaciones aparecidas en la prensa la Fundación Daya emitió un comunicado vía Twitter (X). donde se menciona que «las rendiciones de cuenta se entregaron a todos los municipios en diciembre de 2016 por la totalidad de las subvenciones, y solo hemos recibido observaciones por parte de cuatro municipios».
“Compartimos nuestra declaración ante las injustas e imprecisas acusaciones del Diputado Juan Irarrazaval a Fundación Daya y el proyecto de cannabis medicinal junto a algunos municipios del país”.
Declaración alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, por investigación a Fundación Daya
Uno de los municipios señalados por el diputado republicano, es el de Quilpué, al respecto, la alcaldesa emitió las siguientes declaraciones.
“El municipio tenía efectivamente un convenio firmado en 2016 con la Fundación Daya, donde se comprometía a la entrega de un medicamento específico para la comunidad. En 2018 se genera la primera rendición de este convenio de $35 millones, se objeta la rendición de $20 millones. Estos $20 millones se volvieron a rendir el 2019, 2020 y 2021 manteniendo las mismas objeciones, que tiene que ver con irregularidades en ellas. Por ello en 2022 solicitamos el reintegro de los recursos a la fundación. Como municipio, siempre hemos señalado a la transparencia y uso eficiente de los recursos, por lo que hemos instalado mecanismos necesarios para pesquisar estas problemáticas y solucionarlas en el momento”.
Agrega: “Lo que tenemos certeza hoy es que se rindieron cerca de $15 millones adecuadamente. Lo que no tenemos certeza y que estamos reconstruyendo hoy es si efectivamente se efectuó la entrega de estos medicamentos o no”.
También indica: “El municipio instaló las medidas necesarias para el control de estos recursos, y esas medidas fueron las que llevaron a evitar y pesquisar el mal uso de este dinero”.
Continúa señalando la alcaldesa: “Cuando llegamos al Municipio tomamos posesión de todos los convenios y, por eso también, es que se trata de reconstruir la historia hacia atrás, por lo que llegamos a la conclusión de que el 2022 se restituyeron los fondos (…) En todos los convenios y acciones que genera la municipalidad, en donde tiene vínculo con la comunidad que no se cumple, hay un quiebre en la confianza pública. Es por eso que lo hemos dicho siempre: los mecanismos de probidad y seriedad con que enfrentamos los convenios y nuestros compromisos, tienen que ser del más alto estándar para recuperar esa confianza que la ciudadanía poco a poco ha perdido en la institución”.
Finalmente señala: “Hoy se está estudiando cuáles son las acciones que podríamos seguir, pero lo principal hoy es pedir el reintegro de los dineros y, el resto, lo evaluará el equipo jurídico”.
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