¿Qué tienen en común el estancamiento de la demarcación de los territorios indígenas, la flexibilización de las condiciones laborales de las empresas básicas y los convenios energéticos recientemente suscritos por el Ejecutivo nacional? La respuesta es: los tres son consecuencias de la globalización de la economía mundial.
En un proceso que alcanzó su máximo apogeo durante la década de los años 90, América Latina tuvo que impulsar sus economías en el marco de proyectos de desarrollo y cooperación signados por la efervescencia del modelo neoliberal, el cual supeditaba la acción del Estado a los vaivenes de un mercado libre de restricciones.
Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovieron una serie de políticas económicas, indistintas para los diferentes países, con las cuales se creía disminuir, a largo plazo, los desequilibrios financieros nacionales y las brechas de pobreza.
Sin embargo, salvo en países que contaban con gobiernos autoritarios -como el Chile de Pinochet y el Perú de Fujimori-, la denominada receta neoliberal no sólo agrandó los índices de inequidad, si no que como en el caso venezolano, originaron un profundo malestar social que desencadenó diversas protestas populares como la del Caracazo.
El neoliberalismo fue superado por el advenimiento de una economía impactada por sucesivos descubrimientos tecnológicos y por el aparente triunfo del capitalismo sobre sus contrapartes, convirtiéndose en el modo de producción determinante en todo el planeta. Esta condición motivó a que la economía resultante fuese denominada “globalizada”.
De esta manera la producción, el consumo y la circulación, así como sus componentes (capital, mano de obra, materias primas, gestión, información, tecnología, mercados), están organizados a escala mundial, bien de forma directa, bien mediante una red de vínculos entre los agentes económicos y, lo que es muy importante, funcionando en tiempo real.
Investigadores como Manuel Castells han determinado como rasgos de este período de desarrollo económico el uso de la información como materia prima, modelada por los efectos de las nuevas tecnologías, y basada en lógicas de interconexión (como las redes) y flexibilidad. Esta última característica se ha convertido en central para el aumento tanto de la propia competitividad de las empresas como para su rentabilidad.
La flexibilidad en la economía globalizada implica una combinación de alianzas estratégicas y proyectos de cooperación específicos entre grandes empresas, unidades descentralizadas de cada una de ellas y redes de pequeñas y medianas industrias que se conectan entre sí o con empresas mayores o redes de empresas.
Así, el proceso de producción incorpora componentes producidos en muchos emplazamientos diferentes por empresas distintas y ensambladas para propósitos y mercados específicos. Por ello ante la ausencia de inversión y planificación, que implica entre otras dimensiones la actualización tecnológica, la única manera de mantener la competitividad de las empresas básicas de Guayana en el competido mercado mundial es minimizando costos a base de los derechos y condiciones laborales de sus trabajadores.
La existencia de una economía de tipo global ha devenido en una nueva división internacional del trabajo en base a tres posiciones diferentes: 1. los productores de alto valor, basados en el trabajo en base a la información y la tecnología; 2. los productores de gran volumen, basados en los trabajos de bajo coste; y 3. Los productores de materias primas basados en los recursos naturales, lugar en donde se ubica nuestro país (Venezuela).
De manera contraria a lo que planteaba el proyecto neoliberal, el Estado ocupa un lugar importante al ofrecer garantías para el apuntalamiento de la competitividad nacional. Los Estados-nación, en la globalización, utilizan sus poderes reguladores para facilitar o bloquear los movimientos de capital, trabajo, información y bienes dentro de los espacios físicos bajo su dominio.
Así, crean las condiciones económicas locales favorables para atraer a las multinacionales extranjeras, estableciendo políticas sobre los recursos humanos, naturales o el capital, esenciales para la productividad de las unidades económicas localizadas en su territorio nacional.
Estas garantías ofrecidas a la inversión implica, entre otras políticas, la promoción de un marco jurídico, como las llamadas “Empresas mixtas”, y las condiciones que privilegien la actividad económica sobre cualquier otra consideración social y ambiental, en aras de permitir el flujo de la rentabilidad hacia el entramado financiero internacional.
A pesar de que la demarcación y titularidad de los territorios indígenas se encuentra plasmado en la Constitución, estos espacios coinciden con tierras ricas en recursos minerales, como el carbón, cruzados por diferentes proyectos de explotación.
Es la inserción de Venezuela, en mejores condiciones de competitividad en una economía de tipo global y que no posee uno sino muchos centros, lo que determina la vigencia o no de los derechos humanos en nuestro país. Y es en la comprensión de este fenómeno que los movimientos populares deben comenzar a hacerse preguntas y plantear demandas y reivindicaciones, en una correcta valoración de los vínculos entre lo local y lo internacional.
De esta manera se podrá visualizar los problemas comunes que vinculan a los sidoristas de las comunidades indígenas de la Sierra del Perijá, volviendo a tejer vínculos desde abajo entre las diferentes comunidades en conflicto para presionar, con mayor efectividad, para resarcir y disfrutar sus derechos a una vida con calidad y dignidad.
Por Rafael Uzcátegui
Miembro de El Libertario y Provea
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