La iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, actualmente se tramita en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.
Esta tarde, luego del clamor de diversas organizaciones relacionadas a la pesca y defensa del mar, que fue motivo de una editorial de El Ciudadano, el gobierno anunció a medios de prensa, que la próxima semana ingresará la Suma Urgencia al proyecto que busca la nulidad de la corrupta ley de pesca.
«El ejecutivo debe sacar a la pizarra a la derecha para que todo Chile pueda conocer o recordar su verdadera posición sobre temas verdaderamente trascendentes que están siendo esquivados en la actual coyuntura constituyente (especialmente por ese sector), como su relación con los delitos de cuello y corbata», se señalaba en la reciente editorial de El Ciudadano.
Hoy, en un comunicado público, dese el ejecutivo se señaló: “El gobierno otorgará suma urgencia al proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley de Pesca. La moción, que fue ingresada el 6 de enero de 2016, establece que procede la nulidad de la actual Ley de Pesca, toda vez que existen fallos judiciales condenatorios por cohecho que acreditan que durante su tramitación se produjo una indebida intromisión de intereses particulares en su contenido”.
La información se complementa con lo señalado por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien precisó en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, que en septiembre se comenzará un trabajo prelegislativo y en marzo del próximo año se ingresaría una nueva ley.
Además, el subsecretario hizo presente que llevan más de 100 reuniones con organismos de la pesca artesanal, lo que les ha permitido avanzar en un compromiso de 20 medidas para el desarrollo del sector.
El gobierno señaló que: “Una eventual nulidad de la ley vigente no deja al sector sin regulación ya que, de ser aprobada esta moción, se contemplan dos años para la dictación de una nueva ley«.
Historial de corrupción, cohecho y fraude
Durante el primer periodo del gobierno de Sebastián Piñera, se gestó una Ley de pesca también llamada Ley Longueira que tuvo los siguientes alcances:
- Acciones de cohecho y corrupción parlamentaria;
- Dinámicas concretas y prácticas de acumulación en torno a la repartición de las cuotas pesqueras beneficiando a un selecto grupo de familias en el País;
- Impacto de los principios de zonificación pesquera;
- Fraccionamiento de las cuotas pesqueras entre sectores pesqueros industriales y artesanales, entre otras características.
- Asimismo, la cuestionada ley, se implementó sin que el estado chileno cumpliera con su obligación de consulta a comunidades indígenas costeras a pesar que afectaba directamente sus derechos.
- Los siete principales grupos económicos acusados de beneficiarse con la denominada “Ley Longueira”, involucra a las familias Angelini (corpesca), Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food -capitales extranjeros.
Corrupción, cohecho y fraude: El historial de la llamada “Ley Longueira”
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