Durante la tarde del lunes, la Comisión de Hacienda terminó de votar los últimos artículos del proyecto de reajuste del sector público (boletín 16463). Dicha norma, que incluye un reajuste de 4,3% a las remuneraciones de las y los trabajadores del sector público, también abarca la modificación que permite adelantar el alza al Índice de Costos de la Salud (ICSA), desde junio a abril en el año 2024.
Ante esto, el superintendente Víctor Torres, mencionó que de no aprobar el incremento, se perjudicaría a las aseguradoras desde febrero: «la primera (isapres) podría caer en febrero y luego consecutivamente podrían ir incumpliendo algunos indicadores de a una, mes a mes».
Bajo el mismo contexto, el ministro de Hacienda, expresó que: «cuando se habla de adelantar el ICSA y de desanclarlo por esta vez del arancel Fonasa, son dos cosas las que están ocurriendo. Una que se adelanta, ya nos cuesta entender el timing y el timing es muy importante, porque resulta que, como explicó la ministra y el superintendente, el fallo GES empieza a operar en enero. Esto no es algo hipotético que podría ocurrir en el futuro, comienza a operar en enero, esa es la realidad».
Ante esta situación, también se pronunció la ministra de Salud, Ximena Aguilera, entregando argumentos que fundamentan la necesidad de presentar la propuesta. Señalando que la sentencia tiene “elementos que son complejos para ser asumidos directamente por la industria”. Además, mencionó que lo que se pretende con esta norma es “proteger a las personas” permitiendo la continuidad de los servicios.
Es decir, la norma permitiría adelantar el ICSA para que el alza de precios base 2024, sea en abril, y establece que no se considera en el procedimiento el costo de las nuevas prestaciones, ni la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud.