El presidente Gabriel Boric anunció el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito (2022-2026), el cual contempla medidas como el control de armas, el combate al crimen organizado y la reforma a las policías. 

“No vamos a permitir que la delincuencia siga creciendo y ganando espacio. (…) A las bandas de crimen organizado las vamos perseguir y a golpear donde más les duele (…) Las vamos a golpear en la ruta del dinero, en su organización y vamos a mejorar las técnicas investigativas», afirmó, tras reunirse con autoridades en Arica.

Boric lideró este jueves el Comité Nacional de Seguridad Pública, instancia presidida por la ministra del Interior, Izkia Siches y que cuenta con la participaron instituciones como Carabineros, PDI, Fiscalía Nacional, Defensoría Nacional y Defensoría de la Niñez, entre otras.

En el marco de este encuentro se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Pública, que incluye la implementación de 33 medidas para fortalecer la institucionalidad y gobernanza en esta materia.

«Estoy contento de estar actualizando una política que por última vez se llevó adelante en el 2004 y que hoy tenemos el deber de actualizarla, porque ha cambiado mucho el país y la delincuencia”, afirmó el Mandatario, citado por ADN Radio.

“No vamos a permitir que la delincuencia siga creciendo y ganando espacios. Sabemos que no están todos los que tienen que estar, tenemos que incluir a Cultura, Educación, Desarrollo Social y Salud, porque el combate a la delincuencia pasa también en su prevención, en la recuperación del espacio público”, agregó el Jefe de Estado.

Plan Nacional de Seguridad

Por su parte, la ministra Siches planteó que el tranbajo de las diversas instituciones apunta a “hacerse cargo de estas necesidad no sólo con medidas grandilocuentes, sino que también comprometiendo todas nuestras capacidades como Estado”.

En materia administrativa y legislativa, destacan el impulso a la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso durante el mes de julio de indicaciones para su tramitación, avanzar en la Reforma a las Policías, reformar la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en seguridad, impulsar la Ley de Seguridad Privada y crear una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos 10 años.

En el área de Prevención del Delito, se busca avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país, para disminuir las desigualdades existentes entre municipios en materia financiera, operativa y de infraestructura para la prevención de delitos y la seguridad. Para ello, se crea un Sistema Nacional de Seguridad Municipal como mecanismo de apoyo estable a estos y orientado a fortalecer sus capacidades.

De igual modo, se implementará una redistribución de los recursos policiales, se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios para fortalecer el trabajo coordinado en esta materia, y se crean grupos de trabajo operativo para la coordinación público-privada en seguridad, además de la incorporación de principios de equidad de género en materia de seguridad, entre otras materias.

Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados “Delitos de Mayor Connotación Social” con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).

Para impulsar la protección a víctimas y Derechos Humanos, se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, se amplía el número de centros de atención para ellas, y se expanden los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.

En cuanto al combate del crimen organizado, se crea una Política Nacional contra el Crimen Organizado para el combate frontal a estas organizaciones y desbaratar sus redes, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial.

En materia de control de armas, se propone un plan de 7 dimensiones, que considera: fortalecer la persecución penal; fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado, reforzar el control en fronteras e inteligencia financiara, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés.

Con relación a las armas del Estado, se estableció que cada rama de las instituciones armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.

Adicionalmente, se prevé aplicar una serie de medidas de orden público y recuperación de espacios públicos, con acciones para la persecución policial y penal de bandas y organizaciones criminales detrás del contrabando y del comercio ilícito en espacios públicos, entre otras.