El 29 de enero fue aprobado, en la Comisión de Agricultura del Senado, el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas y que en marzo de este año cumplirá ya 9 años de tramitación. La iniciativa fue zanjada por la Cámara de Diputados en 2016 y por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta en 2017, pasando ahora a la Comisión de Constitución del Senado y posteriormente a la de Hacienda, luego de lo cual será votada por el pleno. Las diferencias entre las cámaras se resolverán en Comisión Mixta.
Ese día, en forma unánime, los senadores Álvaro Elizalde (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Carmen Gloria Aravena (IND Der.) y Juan Castro (RN) aprobaron las concesiones temporales de aprovechamientos de aguas y su extinción por no uso. La transversalidad de la votación significó un contrapunto a las intenciones del Ejecutivo junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, que intentaron infructuosamente que estos dos aspectos críticos fueran rechazados.
En específico, se estableció en el artículo 6 que los nuevos derechos de agua serán otorgados como concesiones temporales, bajo criterios de disponibilidad y sustentabilidad de la fuente y con un plazo máximo de 30 años para los consuntivos y de 20 años para los no consuntivos, renovables en la medida que se cumpla con los requisitos que establece la ley. Y en el 6 bis se creó la extinción de derechos de agua por no uso (5 años par los consuntivos, 10 para los no consuntivos), luego de lo cual volverán a propiedad pública.
En la ocasión Álvaro Elizalde, presidente de la Comisión de Agricultura, indicó que “se mantiene la necesidad del agua para actividades productivas, particularmente aquellas que son imprescindibles para el desarrollo de nuestro país, pero entendiendo que se requiere una mirada que se haga cargo que ante este bien escaso, la prioridad obviamente siempre es el consumo humano y se debe proteger el medio ambiente y los ecosistemas porque en caso contrario vamos a profundizar la crisis que existe en términos de escasez de agua en muchas zonas de nuestro país«.
Carmen Gloria Aravena, en tanto, puntualizó que en el proyecto aprobado se prioriza “el consumo humano de agua y racionalización en caso de sequía, el fortalecimiento de la DGA, una mayor cantidad de fiscalizadores a fin de evitar robos de agua, la protección de acuíferos y aguas subterráneas, el aumento de las multas por no uso de aguas y el efectivo cobro de éstas, a fin de evitar especulación sobre derechos de agua, además del fortalecimiento del caudal ecológico a fin de asegurar la sustentabilidad del agua”. Además, relevó que se establezca “un nuevo estatus en el uso del agua, a fin de que derechos de agua puedan ser utilizados para fines de conservación, permitiendo tener así derechos de agua que no se extraen, lo cual es importante por ejemplo para centros turísticos y ONG que busquen la protección del ecosistema”.
Estos avances apuntan a la forma de asignación del aprovechamiento del agua, respetando su naturaleza de bien público, noción a la que el Ejecutivo insistentemente se ha resistido. Ejemplo de ello es el informe de la Mesa Nacional del Agua, presidida por el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno y entregado a Sebastián Piñera a principios de febrero, que reitera lo ya planteado por el gobierno para enfrentar la crisis hídrica y que se sustentaría en tres pilares: «Consumo humano”; “calidad del agua» y «modernizar el marco legal y la institucionalidad pública en materia de agua«, sin mención alguna a la gestión de cuencas, la función social y ambiental del agua, los problemas de inequidad en el acceso y la especulación, hoy abordadas en la reforma al Código de Aguas que se tramita en el Senado.
El lunes 9 de marzo los senadores de la Comisión de Agricultura votarán el informe del paso del proyecto por dicha instancia y sobre el cual trabajará la Comisión de Constitución, que en el período que se inicia el 11 de marzo presidirá el senador PS Alfonso de Urresti. En esta se debieran abordar exclusivamente los artículos relacionados con la Carta Fundamental, entre ellos los que aseguran el derecho humano al agua y otras regulaciones sobre el derecho de aprovechamiento de este bien público.
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