Gobierno monoétnico y monocultural

Los sectores étnica y culturalmente diferenciados en Chile, representados por los pueblos originarios, y en forma creciente, por la población de origen indígena y afrodescendiente proveniente de otros países de la región, han estado históricamente excluidos de las esferas de decisión, incluyendo tanto la esfera pública como la privada.  Los déficits que en esta materia tuvieron los gobiernos de la Concertación son manifiestos.  Donde la participación de los pueblos originarios en las instancias de decisión pública -ejecutivo, legislativo y judicial-, más allá de aquellas instancias encargadas de las políticas sectoriales que les conciernen, fue prácticamente nula.

Sebastián Piñera ha asumido como Presidente, y hasta ahora poco se ha hablado sobre el marcado sello monoétnico y monocultural que ha dado a su administración a través de sus nombramientos, y sobre los peligros que ello encierra desde la perspectiva de los derechos humanos, así como también para la convivencia social en el país.

Se trata de un gobierno monocultural, cuyas autoridades provienen todas de los mismos barrios, los mismos colegios, las mismas universidades, las mismas religiones, todos ellos marcados por los prejuicios etnoculturales que han hecho del nuestro uno de los países más racistas de América Latina.  Un fenómeno que no es nuevo, pero que hoy se ve claramente profundizado.  Que no hubiese llamado la atención en el Chile del siglo XIX, pero que en los albores del siglo XXI, constituye un hecho inaceptable para una democracia supuestamente “moderna”.

Los nombramientos hechos por Piñera, en particular para integrar su gabinete ministerial, no sólo no consideran la participación de personas de los sectores étnica y culturalmente excluidos antes referidos, sino que tampoco de personas de origen mestizo, las que como sabemos, conforman gran parte de la población chilena.  Se trata, por el contrario, de un gobierno monoétnico dominado por personas blancas, de origen europeo, que conforman las capas sociales más altas del país.

El sello monoétnico y monocultural que Piñera está dando a su gestión resulta también contradictorio con los postulados de su propio programa de gobierno, donde afirma que  “…uno de los grandes activos del país es su riqueza multicultural”.

Más grave aún, vulnera compromisos contraídos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos a través de la ratificación de diversos tratados internacionales.  Como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de la ONU, donde el Estado chileno, junto con condenar la discriminación racial, se compromete “…a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas…” (artículo 2.1); la Convención de Diversidad Cultural también de la ONU, donde se compromete a “…adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales” (artículo 6.1) o el Convenio N° 169 de la OIT recientemente ratificado, donde el Estado de Chile se obliga a garantizar a los pueblos indígenas el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación (artículo 3.1), y a establecer los medios para que éstos puedan participar  “…por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos…” (artículo 6.1.b).

El carácter racista de los nombramientos presidenciales desoye además informes emanados de diversas instancias de derechos humanos de Naciones Unidas, incluyendo entre ellas el Consejo de Derechos Humanos que Chile integra, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y la Relatoría Especial de Derechos Indígenas.  Tales instancias manifestaron el 2009 su preocupación por el tratamiento discriminatorio de los pueblos indígenas y de los migrantes por parte del Estado, recomendando a Chile la adopción de medidas administrativas y legislativas para garantizar sus derechos humanos, entre ellos derechos como la participación política.

Finalmente, la señal que Piñera da al iniciar su mandato es preocupante para la convivencia social en el país, ya que como sabemos, la exclusión política, económica y social de la que los pueblos indígenas han sido objeto ha generado, en el sur de Chile, conflictos entre el pueblo mapuche, inversionistas privados y el Estado en los últimos años, con graves consecuencias para todos los sectores involucrados, en especial para los primeros.

Mientras los sectores étnica y culturalmente discriminados no estén invitados a participar en las instancias públicas en que se toman decisiones sobre el futuro del país, la legitimidad que el Estado chileno va a tener frente a ellos va a ser precaria, y por lo mismo, las posibilidades de conflictividad interétnica, mayores.

Por José Aylwin

Observatorio Ciudadano