La gran promesa de Sebastián Piñera fue que a los delincuentes se les iba a acabar la fiesta. La incapacidad de su (des) gobierno para manejar, controlar y anular la delincuencia fue un tópico que permanentemente estuvo en la palestra. Ya en 2019 los datos del Índice Nacional Fundación Paz Ciudadana representaron todo un balde de agua fría para la estrategia de seguridad piñerista, porque la victimización de hogares sufrió una fuerte alza hasta un 40,6% y el porcentaje de “temor alto” en familias casi se duplicó, llegando casi al 20 %.
El año 2017, la tasa de homicidios se situaba en 4,22 por cada cien mil habitantes, cifra que aumentó el 2018, para llegar a 4,4. Pese a tener una baja en 2019, donde la tasa se posicionó en 3,93 por cada cien mil habitantes, en septiembre de 2021, esta llegó a 5,7 siendo la cifra más alta de los últimos cinco años, de acuerdo con un informe estadístico elaborado por la Fiscalía Nacional.
Respecto del contexto en que se cometieron los homicidios, el 37% de las víctimas falleció en medio de un conflicto interpersonal, el 13,5% murió en contexto de otras actividades delictivas, como víctima de un robo o mientras cometía un delito, el 12% murió en manos de un familiar y un 10% por conflictos entre pandillas o grupos organizados.
Crear una “Fuerza de Tareas del Narcotraìfico” era una de las prioridades listadas por Piñera en su campaña de 2017. Sin embargo, en 2021 un informe del observatorio del narcotráfico de la Fiscalía Nacional, alertaba sobre la existencia de tres carteles internacionales de droga -Jalisco Nueva Generación y Sinaloa de México, y Cartel del Golfo de Colombia- que fueron detectados en el país entre 2020 y 2021.
Dicho informe alertó también sobre un “notorio” aumento de la capacidad de producción de drogas en suelo chileno, además de un incremento en la venta de drogas sintéticas, y un aumento de violencia en las cárceles, relacionado con el narcotráfico. En su momento, el Ejecutivo reaccionó ante esa situación expresando que urgía articular políticas para combatir al narcotráfico, desarrollar un trabajo multisectorial e incluir en éste a las organizaciones civiles.
También en 2021, de acuerdo al Proyecto Zonas Ocupadas, de CIPER y la UDP, las zonas ocupadas, valga la redundancia, y dominadas por el narco en la Regioìn Metropolitana (R.M.), pasaron de 80 a 174, duplicaìndose en una deìcada. Piñera entregó un país con más territorios entregados a la delincuencia. Además, los cálculos más conservadores de ese período hablan que el gasto diario solo por compra de marihuana, pasta base y cocaína superaba el millón de dólares. Ese es el piso de lo que el narco puede mover únicamente en el mercado local, en otras palabras, es su capital para financiar el delito.
Un informe de la Fiscalía Nacional en materia de droga alertó sobre un aumento de los laboratorios de fabricacioìn de drogas sinteìticas, y una caiìda muy pronunciada en la incautacioìn de eìxtasis, droga sinteìtica de mayor consumo en el paiìs. Junto a entregar los resultados, la Fiscalía señaló que le produce “mucha extranÞeza y preocupacioìn” esta disminución, en paralelo a un aumento de la incautación de la droga 2CB, popularmente conocida como tusi o cocaína rosa.
Mientras el año 2020 los homicidios aumentaron un 29% a nivel nacional, de acuerdo al Ministerio Público, en algunos territorios del sur de la Región Metropolitana la cifra subió un 80%. Con claras relaciones entre los condenados e imputados por homicidio con violaciones a la ley de drogas y ajustes de cuenta, las armas jugaron también un rol central. De acuerdo a la PDI, el uso de armas en estos delitos aumentó en un 39% a nivel nacional y en la R.M. en un 58%, gran parte ligados a actividad relacionada con criminalidad organizada.
De acuerdo a cifras de la Dirección General de Movilización Nacional, a noviembre de 2020 fueron importadas a Chile un total de 7.729 armas, cifra que aumentó respecto al año 2019 (6.473). A esa fecha existían un total de 760.134 armas inscritas activas a lo largo del país, en su mayoría para fines de defensa personal (53%). Tanto Carabineros como la PDI registran cifras al alza. Al observar los delitos asociados a la infracción a la Ley de Armas, el de mayor incidencia entre 2018 y 2020 corresponde al porte de armas, representando un 62,7% (11.207 casos) del total de casos en el 2018, un 64% (8.346 casos) en 2019 y un 58,8% (3.489 casos) en 2020.
El poder narco se ha extendido. El estudio mensual del Monitor de Seguridad de Chile 21 mostró que en mayo de 2021, a nivel país, el 58% de las personas aseguró presenciar con frecuencia la venta de drogas (47% en junio 2020) y el 32% balaceras en sus barrios (28% en junio 2020). Pero la situación en las zonas de sacrificio de seguridad es peor.
Varios de los delitos de mayor connotación social aumentaron por sobre el 60% en los primeros días de 2022. De acuerdo a información del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros, en la primera semana de 2022 los robos con violencia aumentaron 70%, en comparación con igual fecha de 2021; los robos con intimidación, 61%; los robos por sorpresa, 74%, y los robos violentos de vehículos, 44%.
Siguiendo, por otra parte, a la Asociación Nacional de Fiscales, en el caso de los homicidios puntualmente hay una tendencia al alza desde el año 2010, con más o menos 400 asesinatos, llegando hasta el 2020 sobre los 1.100 homicidios, es decir, se duplica la tasa de este delito en una década, pasando de 2,7 homicidios cada 100 mil habitantes a 5,6; siendo el promedio de la tasa mundial entre 5,5 y 6.
En enero de 2022, de acuerdo a la asociación anteriormente designada, la tasa de homicidios fluctuaba de 3 a 4 asesinatos diarios en el país, los cuales se estaban perpetrando en un 60% con armas de fuego, lo que apuntaba, claro está, a que había un descontrol en esta temática.
Además, el narcotráfico comenzó a tener una relación más descarada y robusta con el sicariato.
Durante la pandemia se detectó un patrón delictual común en los homicidios: los ajustes de cuentas; delito vinculado principalmente a sujetos, tanto víctima como victimario, con perfil criminal previo, es decir, que tienen antecedentes policiales y penales por delitos violentos.
A mediados de octubre de 2021 el portal informativo 24 Horas y Fiscalía Privada contabilizaban 20.400 robos de automóviles, de los cuales 3 mil correspondían a portonazos y 2 mil a encerronas, dos formas de ataque que involucran a conductores: en la primera se roba mientras la víctima está ingresando o saliendo de un domicilio, y en la segunda cuando más vehículos interceptan al objetivo en movimiento, obligándolo a detenerse.
Un 25% de los vehículos motorizados robados, en 2021, correspondía a esos dos métodos de comisión delictiva. Si analizamos el caso particular de los portonazos, un 45% del total fueron cometidos en la zona oriente de la capital, donde las comunas más afectadas fueron La Florida, Vitacura y Peñalolén. El 60% del robo de automóviles a nivel nacional ocurre en la R.M. Es un fenómeno que también notó la Asociación de Aseguradores de Chile, ya que en julio del año en cuestión reportaba un aumento del 25% en el total de autos robados dentro del universo de los que están asegurados, que representaban, a su vez, un tercio del total de vehículos motorizados.
En cuanto a la inmigración ilegal, según estimaciones del Servicio Jesuita Migrante y de la PDI (2021), el 87% de los ingresos por pasos no habilitados de toda la última década se produjo bajo la segunda administración Piñera. Es menester considerar que en tres años, son ciudadanos venezolanos quienes concentran el mayor porcentaje de ingresos por pasos no habilitados: 2019 (41,4%), 2020 (76,8%), 2021 (75,2%). Cabe recordar que Piñera es directamente responsable de la crisis migratoria y del acceso de la banda criminal denominada Tren de Aragua a nuestro país, merced a su tristemente célebre viaje a Cúcuta… “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”, fue la frase que manifestó en una entrevista al medio de comunicación Deutsche Welle, a solo cuatro días de haber asumido su segundo mandato.
Asimismo, Piñera otorgó 4.029 indultos. De acuerdo a un reportaje de La Tercera, hubo 1.116 por delitos a la Ley de Tránsito. En el lote también había 767 personas condenadas por narcotráfico, 444 por hurto, 263 por robo, 134 por armas, 36 por homicidio frustrado y 5 por violencia intrafamiliar. Otro dato impactante… 900 reos indultados reincidieron. Es decir, uno de cada cuatro beneficiados volvió a cometer delitos.
Esta fue una breve crónica de una administración fracasada cuyos integrantes con pseudos conocimientos técnicos en políticas públicas, le entregaron en bandeja el país a las garras de la inseguridad y la delincuencia. Simplemente Piñera y su desgobierno.
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