La Corte Suprema llevó a cabo este miércoles una sesión extraordinaria para abordar la polémica por nombramientos dentro del Poder Judicial.
La controversia se originó se luego de que un reportaje de CIPER revelara una serie de chats que posicionan al exministro de Defensa y actual candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes (RN), en conversaciones con el bullado exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago -y luego de Copiapó-, Juan Poblete, quien autorizó interceptaciones telefónicas ilegales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) contra Mauricio Weibel, periodista que destapó el «Milicogate«, así como a otros comunicadores y militares denunciantes de corrupción.
En las conversaciones que salieron a la luz, se detalla la intención de Poblete por lograr que su amiga María Teresa Letelier alcanzara un lugar en el máximo tribunal del país, incluso solicitándole al exministro Desbordes apoyar su candidatura como ministra de la Suprema.
A esto se suma, el caso de la ministra Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, que según otro reportaje de CIPER habría influido en el nombramiento de Ángel Valencia como fiscal Nacional.
Según el medio citado, el fiscal Carlos Palma confirmó que «envío al celular de Luis Hermosilla un “pantallazo”, con un diálogo que sostuvo con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra suprema Ángela Vivanco».
Corte Suprema no descarta tráfico de influencias
Al respecto la nueva vocera del máximo tribunal, la ministra María Soledad Melo, no descartó la comisión de delitos por tráfico de influencias en la designación de los jueces y además aseguró estar disponible a colaborar en investigaciones.
«El Presidente (Gabriel Boric) me ha propuesto como vocera de este Tribunal y he sido ratificada (…) ha habido varias situaciones que han tenido tanto a la prensa como a este tribunal bastante preocupado en este último tiempo, el pleno se ha reunido en varias oportunidades para revisar las situaciones que se han ido planteando». indicó
Melo explicó que, «específicamente, el día lunes se acordó hacer una declaración pública que dice lo siguiente»:
«El sistema de nombramientos de los miembros del Poder Judicial, como también de los auxiliares de la administración de justicia, contempla la participación de los distintos poderes del Estado. En lo que atañe a esta institución, se ha trabajado en mecanismos para asegurar la transparencia y objetividad en la selección de los oponentes, tarea en la que persistirá y que motivó la convocatoria a un pleno extraordinario el día de hoy», dijo al comienzo de la lectura del texto.
También señaló que “la Corte Suprema ha planteado la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa, y entendiendo la urgencia que se refiere, retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo, y radicalizar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto”.
La vocera de la Suprema destacó que atendiendo los hechos que son de público conocimiento y que se han revelado a través de los medios de comunicación social, el máximo tribunal «ha estimado necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial para nuestra judicatura, teniendo como base el Código de Ética Iberoamericano, que actualmente nos rige, por lo que ya en el mes de abril encomendó su elaboración y, por ende, una propuesta de modificación del Acta N° 262 del 2007, Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética», dijo.
¿Habrá investigación disciplinaria?
En la declaración, la ministra Melo aseguró que «el Poder Judicial y los miembros que lo componen», reconocen la completa autonomía de los órganos constitucionales que ejercen funciones de investigación.
Por tal motivo, indicó que están disponible a prestar la colaboración que se requiera para las investigaciones que se estimen pertinentes sobre la polémica en nombramientos y un eventual tráfico de influencias. Así como a «eventualmente, asumir las responsabilidades que individualmente correspondan».
Planteó que «si existe algún delito, lo determinará el Ministerio Público», ya que «ellos son los encargados de investigar aquellas situaciones».
Sin embargo, descartó por ahora que se desarrolle una investigación disciplinaria al interior del máximo tribunal del país por la polémica del tráfico de influencia en los nombramientos.
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