Huachipato no se cierra

Por Manuel Riesco

Huachipato no se cierra. Punto. El gobierno del Presidente Boric debe declararlo ahora y hacer lo que sea necesario para impedirlo. Obviamente en beneficio de la región y el país, no de sus actuales propietarios que se apropiaron a precio vil de esta industria creada por el Estado y son los responsables exclusivos de su deteriorada situación actual. La sobretasa aprobada es parte de las medidas requeridas, pero sin otras condiciones e intervención del Estado en la empresa favorece principalmente a sus propietarios. 

El gobierno debe asimismo revertir el cierre de las refinerías de cobre de Ventanas y Paipote, haciendo de inmediato lo que sea necesario para transformarlas en las más modernas refinerías limpias. Al mismo tiempo y siguiendo el ejemplo reciente de Indonesia, el gobierno debe anunciar hoy y presentar al Parlamento, una ley que prohiba a partir de 2030 la exportación de recursos naturales sin el más alto nivel de refinación.  

Ese es el camino del auténtico desarrollo económico del país, cuya condición necesaria es la creación de una Gran Industria ojalá líder a nivel mundial, lo cual es posible en Chile sólo en las ramas basadas en sus riquísimos recursos naturales. Reasumir en serio la tarea de la auténtica industrialización que el Estado impulsó hasta 1973, es asimismo parte indispensable del camino para recuperar la legitimidad del sistema democrático, que en más de tres décadas no ha sido capaz de imponer los intereses nacionales a la oligarquía rentista y mineras extranjeras, restauradas el 11 de septiembre de 1973.

El suscrito recuerda su primera visita a El Teniente como si fuera hoy. Corría el año 1966 y estudiaba primer año de ingeniería, cuando su curso completo fue invitado a conocer la mina, por un señor muy alto y delgado que recordaba a un “cowboy» y hablaba en inglés. Se apellidaba Haldeman y a la sazón fungía de vicepresidente ejecutivo de la Braden Copper Company, subsidiaria de Kennecott Corporation, dueña en Chile de El Teniente, otras minas y la Radio Minería, entre otras cosas.

Salieron muy temprano desde Rancagua en una pequeña y confortable “micro” importada directamente de los EE.UU., Ford modelo 1953 gris que, con el ronroneo de su motor V8 ¡rodaba sobre rieles de trocha angosta! Atravesó raudamente los potreros del valle del Cachapoal y tras un impresionante ascenso a la cordillera por la estrecha línea férrea que serpenteaba suspendida sobre el cajón del río Coya, los desembarcó en el mismísimo vientre de la más impactante obra humana que hubiesen visto jamás: la Fundición Caletones. Al nomás entrar y en medio de una lluvia de fuego vieron como un gigantesco caldero suspendido en el aire vaciaba el cobre fundido en sus moldes. La visión del Infierno de Dante se quedaba bien corta. 

Así, un atónito aspirante a ingeniero chileno, criado entre vacas y quesos producidos en una pequeña industria insertada en un viejo latifundio, vino a caer de sopetón en las entrañas mismas del motor de la era moderna, la Gran Industria maquinizada. Caletones y El Teniente no eran una Gran Industria cualquiera sino una de las mayores del mundo en esa rama. Era y sigue siendo la mina subterránea más grande, con miles de trabajadores ¡y operaba desde 1922! Chuquicamata era una Gran Industria aún más grande, la mayor operación de extracción y refinación de cobre del mundo. La compra de la mitad de la empresa en 1922 por parte de Anaconda a Guggenheim que la había creado en 1915, fue la transacción más grande realizada en Wall Street hasta ese momento.

La Gran Industria no es sólo una industria grande sino un concepto clave de la economía política. En la clásica descripción del “gurú de los gurúes” de la organización fabril, Carlos Marx, es el tercero y superior escalón en el desarrollo histórico y lógico del proceso de trabajo, que se reproduce una y otra vez en cada rama industrial naciente, una vez que deja atrás la milenaria pequeña producción mercantil y asciende a sus formas capitalistas. Se inicia con la cooperación simple, que reúne diferentes artesanos que hacen lo mismo bajo el mando de un capital, seguida de la manufactura que introduce la división del trabajo, coordinando artesanos de especialidades diferentes para elaborar un producto y, finalmente, la Gran Industria, que subordina el trabajo de un obrero colectivo, que fusiona orgánicamente el trabajo manual e intelectual, a los requerimientos de un conjunto de máquinas que, sustituyendo las manos de los obreros para sostener las herramientas, interactúan con el producto en las diferentes fases de su fabricación. 

Se multiplica así sucesiva y revolucionariamente la productividad del trabajo humano. La cooperación simple y aún la manufactura bajo un mando único, son formas milenarias. Construyeron pirámides, murallas chinas, grandes canales y acueductos y castillos, palacios y catedrales. La Gran Industria es, en cambio, un producto original, exclusivo de la era capitalista moderna. Es su forma esencial de organización del trabajo, puesto que es la única que subordina absolutamente el obrero colectivo al capital. Sin una Gran Industria maquinizada, sencillamente no se puede alcanzar el auténtico desarrollo capitalista.

Mr. Haldeman y compañía habían logrado construir una Gran Industria de primer nivel mundial, en un país de estructura social todavía precapitalista como el Chile de entonces, es decir, sin modernas clases obrera y capitalista hechas y derechas. Como hicieron antes salitreras inglesas que engancharon campesinos como obreros del desierto, y todavía más temprano los ingenios azucareros de Brasil y el Caribe, que compraron los suyos a traficantes de esclavos de África. 

Todos ellos sabían bien, sin embargo, que tal Gran Industria sólo podía lograr un nivel mundial en países atrasados, si estaba asentada sobre algún recurso natural de gran riqueza y exclusividad, doquiera se encontrase. La Gran Industria de extracción y refinación de cobre en Chile así lo había comprobado desde inicios del siglo XX. Otro tanto habían logrado las ovejerías de Punta Arenas que, desde fines del siglo XIX construyeron operaciones de Gran Industria gigantescas, como el frigorífico Bories, que desde 1915 concentraba miles de obreros en medio de los fiordos y glaciares del fin del mundo y rivalizaban con las ganaderas de Texas y los mataderos de la ciudad de Chicago, ciudad fundada recién unas décadas antes.

La Gran Industria maquinizada fue una creación pionera, original, genuina y exclusiva, del capitalismo durante la Revolución Industrial inglesa, a mediados del siglo XIX. Es la creación auténtica de un nuevo régimen social y económico, que resulta de la urbanización masiva de la población trabajadora. Poco y nada tiene que ver con recurso natural alguno, aunque los utilice en forma abundante como fue el caso del hierro y carbón en Inglaterra. 

Sin embargo, esta nueva forma de organización del trabajo, fruto genuino de la pionera urbanización pionera de Europa, se reprodujo rápidamente en casi todos los países, aún en aquellos de estructura social agraria tradicional, que por entonces eran casi todo el resto, incluido Chile. Todos ellos muy pronto construyeron copias de la Gran Industria principal y pionera, el ferrocarril. Pronto seguirán el telégrafo, la energía eléctrica y más tarde las telecomunicaciones, entre otras Grandes Industrias no basadas en las riquezas de la tierra y el clima. Esos modernos trasplantes los efectuaron por lo general los Estados, no pocos de los cuales eran coloniales. 

El naciente Estado independiente de Chile, por ejemplo, logró la proeza de construir en el siglo XIX y completar en la primera década del XX, el ferrocarril de Arica a Puerto Montt. Uniendo de arriba abajo con una doble cinta de acero de tres mil kilómetros, una geografía telúrica rasgada por montañas, cerros y lomas, por ríos, esteros, arroyos y quebradas, a través de selvas y desiertos. Hacia 1910 el ferrocarril era la única Gran Industria existente en el país que no estaba basada en recursos naturales y ocupaba un obrero colectivo de diez mil personas extendido a lo largo del territorio, integrado entre otros por el padre de Pablo Neruda. El Estado desarrollista chileno del siglo XX, nacido en 1925 cómo solución progresista a la crisis política del Estado decimonónico restaurado en la contrarrevolución de 1891, siguió creando Gran Industria hasta nuestros días, en todas las ramas de la economía, incluidos los puertos, la celulosa y azúcar en los años 1960 y 70, y la más reciente que es una de las mayores, el Metro de Santiago, todavía en plena construcción. 

Ninguna Gran Industria en Chile, sin embargo, a excepción de aquellas basadas en recursos naturales, alcanza el primer nivel mundial, como sucedía con la industria minera y ovejera en Chile desde inicios del siglo XX. 

Al mismo tiempo que creaba Gran Industria, por cierto, el Estado desarrollista chileno no descuidó su tarea esencial de transformar la vieja estructura social agraria de Chile, incluyendo radicales medidas de reforma agraria y nacionalización de recursos naturales. Por el contrario, fue pionero universal en realizar esa obra histórica epocal, en lo principal, mediante formas impecablemente legales, democráticas y singularmente pacíficas. 

El Estado desarrollista chileno logró en buena medida esta segunda proeza, organizando sistemas públicos nacionales de salud y educación y otros, bajo el régimen del funcionariado público. Esta forma principal de mando único del trabajo colectivo, logra organizar su cooperación simple y aún manufacturera en niveles gigantescos, precede por milenios a la Gran Industria y otras formas nacidas del régimen mercantil capitalista moderno. El funcionariado es todavía la forma de mando único que ocupa más personas incluso en varios de los países más desarrollados. Sigue siendo la forma más adecuada para salud y educación, y otras ramas de la actividad humana como el cuidado y desde luego en la defensa, donde alcanza niveles inmensos. 

Los sistemas públicos nacionales de educación y salud, públicos, junto a otros e incluyendo el seguro social, acompañaron la transformación masiva del campesinado, por entonces sometido al régimen de latifundio, aislado, analfabeto, mal nutrido y con una tasa de mortalidad infantil, con esperanza de vida al nacer inferior a 37 años, una de las peores del mundo según el Dr. Alejandro del Río, insigne médico quien, arguyendo que lo anterior era lesivo para la defensa nacional, proporcionó el programa desarrollista a los jóvenes oficiales de ejército que tomaron el poder en 1925. Mismo programa que, a partir de los años 1930 y hasta 1973, seguirán una sucesión de gobiernos democráticos de todas las tendencias políticas.

Gracias a todo ello, Chile cuenta hoy con un pueblo trabajador moderno y poderoso en relación al tamaño de su población. Casi todo él vive en ciudades y pueblos, la mitad son mujeres y más de una décima parte personas de otras nacionalidades. Es muy joven, bastante sano, razonablemente calificado y muy informado al minuto mediante teléfonos celulares. Casi todo él entra y sale constantemente, un mes de cada dos en promedio, de millones de ocupaciones asalariadas en las cuales percibe la mayor parte de sus ingresos. Se trata sin duda de ocupaciones por lo general precarias, de jornadas extenuantes, que alterna con trabajos por cuenta propia y períodos de cesantía. Sin embargo, mayoritariamente produce en ellas bienes y servicios que se venden en el mercado. Este acto singular otorga a las manos del pueblo trabajador el toque del Rey Midas, transformando en oro todo lo que tocan y agregando valor que se mide en el PIB. Es la naturaleza y causa de la riqueza del Chile actual, como reza el título de la obra de Adam Smith.

Lamentablemente y al igual que ha ocurrido en otros países incluido Francia, la Revolución Chilena sufrió una derrota trágica, en nuestro caso a manos de un golpe militar reaccionario, empujado desde el extranjero por la principal impotencia mundial, y por la vieja oligarquía agraria criolla, la que fue restaurada a la fuerza, guarecida bajo el capote militar. Más bien sus vástagos fanatizados con ideas de profesores liberales demenciados, anarquistas burgueses henchidos de odio revanchista contra el pueblo y el Estado desarrollista, que expropiaron sus latifundios. Disfrazados así de revolucionarios y llevando bajo el brazo su propio “Capital” que bautizaron “El Ladrillo”, se propusieron desde el primer día desmantelar la obra de medio siglo de desarrollismo estatal. 

Empezaron falsificando el IPC para rebajar todos los sueldos a la mitad, y los del magisterio y otros servidores públicos a menos de la tercera parte. Destazaron los sistemas nacionales públicos de educación y salud y acabaron con el de previsión, cuyos financiamientos convirtieron en “atípicas transferencias forzosas al sector privado”, como las califica un reciente informe tributario de la OCDE. Como resultado de ello, por ejemplo, el sistema nacional de educación pública gratuito y de buena calidad que en 1973 matriculó a tres de los diez millones de habitantes de entonces, y en tres años había duplicado la matrícula en educación superior, se ha jibarizado en un sistema mayormente privatizado que en su conjunto y todos sus niveles y modalidades alcanza a poco más de cuatro de los veinte millones de habitantes de hoy, quienes sufren su deficiente calidad y deben pagar la mayor parte de la cuenta. 

Por otra parte, el Estado desarrollista en todo el mundo, también el chileno, siempre se ha preocupado especialmente de prohijar un empresariado privado moderno, el que ha protegido y apoyado cómo una de sus tareas esenciales de progreso social. 

La dictadura chilena, en cambio, optó por desproteger la industria nacional y regalar a un grupo de empresarios ligados al dictador, cuyo número no excede los dedos de las manos, y algunas empresas mineras extranjeras, la mayor parte de los recursos naturales y, con unas pocas excepciones importantes, las empresas del Estado, únicas donde existía Gran Industria en el país. Todas ellas operaban en mercados restringidos con gran potencial de constituir monopolios. Por añadidura, financió a esos mismos grupos traspasando forzosamente las contribuciones a la seguridad social, al tiempo que asumió casi todo el costo de las respectivas prestaciones, gasto que financió endeudando al Estado con el fondo privado así creado. 

Lamentablemente, la privatización de los grandes sistemas sociales públicos, la desprotección y desindustrialización, continuaron con renovados bríos en la recuperada democracia y continúa hasta nuestros días. La entrega a un puñado de rentistas privados de los recursos naturales, las empresas del Estado, y la transferencia forzosa de contribuciones a la seguridad social, fueron consolidadas y realizadas mayormente en democracia. Empujada por tecnócratas que se compraron el cuento del “Consenso de Washington”, la “Tercera Vía”  y todo aquello. Algunos ocupan altos cargos incluso en el gobierno actual.

De este modo, lo más dañino de la restauración impuesta a sangre y fuego el 11 de septiembre de 1973, desde el punto de vista social y económico, fue limitar la calificación de la fuerza de trabajo que, de continuar el ritmo que traía hasta 1973 hoy alcanzaría niveles de formación parecidos a los países de Asia. Por otra parte, deformar la estructura de la clase propietaria, la que quedó hegemonizada por grandes grupos rentistas que constituyen una costra que entraba el auténtico desarrollo capitalista del país, cuya influencia determinante debe ser removida del todo, cuanto antes mejor. Para lograrlo, el Estado debe imponer al gran empresariado un comportamiento acorde con su responsabilidad en el contrato social moderno. 

El primero de los deberes del moderno empresariado, desde luego y al igual que sucede con cualquier clase dirigente legítima en todas las épocas históricas, consiste en no traspasar sus límites en cuanto a la apropiación del excedente social. En otras palabras, respetar las jornadas de trabajo y no tocar los salarios. Ello lo sabían hasta los antiguos latifundistas, que a cambio de la tierra cedida a sus inquilinos les obligaban a trabajar gratis para la hacienda de sol a sol, pero exceptuando sagradamente los meses en que ellos tenían derecho a trabajar en sus tierras, para mantener a sus familias.

Es deber de los empresarios asimismo, financiar íntegramente con cargo al excedente que se apropian, las prestaciones sociales que les corresponden, principalmente la salud, educación, ciencia y cultura. Más ampliamente, financiar íntegramente los asuntos que atañen al cuerpo y el espíritu de la población, más allá de la alimentación, vestuario, vivienda, y transporte, del pueblo trabajador, normalmente cubiertos por los salarios. 

Ello puede resumirse hoy en Chile en las consignas como las jornadas de 40 horas, negociación ramal, y otras referidas al derecho del trabajo, así como acabar con la privatización de la educación pública, uno de cuyos principales abusos es el crédito con aval del estado, CAE. Pero muy especialmente por la consigna de acabar con la “atípica transferencia forzosas al sector privado” de las contribuciones a la seguridad social que son parte de los salarios, que constituyen el principal abuso de la oligarquía contra el pueblo trabajador, después de la apropiación sin pago de la mayor parte de los recursos naturales que pertenecen a la nación.

Aún más importante que todo lo anterior, la principal responsabilidad del moderno empresariado, al igual que todas las clases dirigentes legítimas a lo largo de la historia, consiste en organizar la producción social de acuerdo a las formas más avanzadas que corresponden a cada época, y financiar íntegramente su reproducción.  El estricto cumplimiento de este deber es lo que legitima la apropiación privada del excedente social. 

Es por este motivo, principalmente, que la vieja oligarquía rentista y las mineras extranjeras, restauradas a la fuerza el 11 de septiembre de 1973, son una élite ilegítima. No sólo no organizan la producción social en la forma más avanzada disponible en esta época histórica, que es el capitalismo competitivo, hecho y derecho. Constituyen, por el contrario, la principal traba para que ello ocurra. La mejor prueba de ello es que en el sector decisivo, la gran minería, se remite a exportar concentrados sin mayor grado de elaboración. 

En otros recursos naturales importantes, como los bosques y la pesca, por ejemplo, asimismo exporta buena parte de su producción en formas primarias. Soslaya de ese modo su responsabilidad de construir Gran Industria, precisamente en el único sector donde Chile puede hacerlo en dimensiones de primer nivel mundial, aquel ligado directamente a los riquísimos recursos naturales del país.

Imponen con fanatismo, por otra parte, una desprotección absoluta a la producción interna en cualquier sector y se oponen a una política exterior que privilegie  la integración latinoamericana, único camino para crear un mercado protegido con las dimensiones requeridas para competir con un mínimo de soberanía colectiva en el  mundo del siglo XXI.

Esta es la tendencia principal, casi absoluta en lo que respecta a la minería privada y predominante en otras como las mencionadas, pero hay excepciones. Los grupos ligados a la explotación de bosques, por ejemplo, se apropiaron de las tierras con esa aptitud rematadas durante la contrarreforma agraria, las que habían sido asignadas en parte no menor por el Gobierno Popular a los pueblos originarios. Se apropiaron también de la Gran Industria de celulosa construida por el Estado y además fueron los principales beneficiarios de los importantes subsidios estatales a la reforestación. Sin embargo, han logrado construir una Gran Industria en las ramas de elaboración de madera y también mantener en funcionamiento las de celulosa. Por otra parte, son líderes en la integración latinoamericana “por debajo”, al concentrar en países de la región una parte considerable de sus inversiones. Algo parecido logró hacer con LATAM el grupo que se apropió de la estatal LAN Chile, que recientemente ha superado con éxito grandes dificultades que la llevaron a la quiebra durante el COVID. En ambos casos, la Gran Industria que operan han logrado dimensiones internacionales no despreciables.

La forma de corregir la grave distorsión anotada es imponer por ley a estas compañías, especialmente a las extranjeras que operan en Chile, un comportamiento adecuado. Indonesia, uno de los principales países productores de cobre, ha mostrado con éxito este camino. 

En 2014 prohibió por ley la exportación de concentrados del metal, dando un plazo prudencial para que las compañías construyesen la Gran Industria requerida para refinarlo íntegramente en el país. dicho plazo vencía el 1 de enero de 2020 y efectivamente a esa fecha todas las empresas mineras habían construido las instalaciones necesarias, con una excepción, cuyos embarques de concentrado fueron detenidos efectivamente en aduana, obligando así a la empresa rebelde a recurrir a su competencia para refinarla en el país. Recientemente, Indonesia ha ampliado esta exitosa experiencia al manganeso y el níquel, de los cuales el país es asimismo un exportador importante.

El gobierno del Presidente Boric tiene las atribuciones para proceder a realizar hoy los anuncios y tomar las medidas que acá se proponen, o al menos dejar en claro ante el país su voluntad de realizarlas. 

Puede condonar íntegramente el CAE y trasladar a gratuidad la totalidad de la partida presupuestaria correspondiente, elevando así este beneficio al 90 por ciento de menores ingresos del estudiantado de educación superior. Por otra parte, renegociando condiciones favorables con la banca con la que ha comprometido avales por la mitad de la deuda total, de cuyas cuotas ya está pagando por la morosidad existente. 

Algo parecido puede hacer para acabar con la “atípica transferencia forzosa al sector privado” de contribuciones previsionales, retirando el actual proyecto de reforma respectiva y reemplazándolo por otro que autorice a todas las personas afiliadas al sistema AFP a cambiarse al IPS, transfiriendo sus cotizaciones pasadas y futuras, y retirando el saldo registrado en su cuenta. 

En el caso de las ISAPRE tiene que hacer uso pleno de sus atribuciones actuales para fortalecer la capacidad de FONASA.

En el caso de las refinerías de Ventanas y Paipote, puede pedir a CODELCO y ENAMI anunciar y proceder de inmediato a reconstruirlas con las últimas tecnologías disponibles. Con Huachipato debe hacer todo lo necesario para impedir su cierre. En lo que respecta a la “Ley Indonesia”, sus atribuciones le permiten anunciar, elaborar y presentar al Parlamento la ley respectiva. 

Todo ello tendrá un impacto político positivo de primera magnitud, que ayudará a dar una solución progresista a la profunda crisis política por la que atraviesa el país, la que ciertamente no conviene a nadie.